Desde el jueves pasado, el predio de la firma con asiento en Campo Santo es custodiado por efectivos de la Policía de la Provincia. Trabajadores reclaman la reincorporación de los despedidos, actualización y pago de las indemnizaciones de 2018 y apertura de las negociaciones paritarias.

 Mariano Cuenca, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro, explicó que desde el jueves pasado las instalaciones de la firma están “militarizadas”.

“La empresa está rodeada por policías armados, es decir, es la seguridad estatal al servicio de estos intereses privados”, sostuvo el dirigente.

Recordó, en tanto, que los reclamos se suceden desde 2018, año en que el Grupo Gloria – por entonces propietario de la empresa – inició un proceso preventivo de crisis y despidió a 730 trabajadores del ingenio pagándoles solo el 50% de las indemnizaciones correspondientes por Ley. Advirtió además que, por aquel entonces y amparado por cláusulas de confidencialidad, Gloria traspasó la empresa al Grupo Ruíz y a Los Balcanes, retirándose esta última firma al poco tiempo.

Así las cosas, el Grupo Ruíz puso en marcha nuevamente el ingenio contratando a menos de la mitad de los trabajadores que habían sido despedidos en 2018; claro, señaló el dirigente, la empresa retomó su cartera de clientes y las exportaciones de antaño contradiciendo de esta forma el argumento de ‘crisis económica’ utilizado por el Grupo Gloria para avanzar con los despidos. 

“Fue una farsa usada para despedir a centenares de obreros y ‘ahorrarse’ la mitad de las indemnizaciones”, describió Cuenca y añadió que los trabajadores que fueron recontratados perdieron su antigüedad.

En tanto, el Secretario General del SOEASI apuntó que actualmente la empresa pretende desconocer el sindicato – incluso no pagando la cuota sindical - y hasta inició una persecución contra los delegados electos, todo ello, a instancia de la apertura de una nueva negociación paritaria.

“La política del Gobierno Provincial fue la amenaza y la violencia, es la respuesta a la nota que presentaron la CGT y la CTA para que le Gobernador interceda: desde el jueves pasado el ingenio está militarizado”, aseguró.

Para Cuenca, la posición de la Provincia es más que clara; al pedido de intervención, el Gobierno “optó por poner el asunto en manos del coronel Juan Manuel Pulleiro”, ministro de Seguridad salteño.

“Es un abierto y público defensor de las masacres cometidas contra el pueblo durante la última Dictadura Militar”, sentenció el dirigente.