La jueza de Primera Instancia de Personas y Familia 2 de Orán, Ana María Carriquiry, resolvió a favor de la demandante en un proceso de alimentos con perspectiva de género.

En ese sentido, ordenó que el demandado pague la cuota mensual equivalente al 35 porciento de sus ingresos, más las asignaciones familiares, a favor de su hijo. Este porcentaje será retenido por la empleadora, y depositados mensualmente en una cuenta del Banco Macro. La madre del menor fue autorizada a cobrar el monto mensualmente en representación de su hijo.

El hombre deberá hacer extensiva su obra social a favor del niño.

También se instó a la Defensoría Civil actuante a iniciar proceso de alimentos a cargo de los abuelos paternos, teniendo en cuenta la conducta del padre del menor, que desde el momento de separación se negó a comprar medicación que el niño requería, ya que padece de soplos al corazón.

La jueza Resaltó que existe actualmente una política de estado tendiente al respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres en todo contexto en el que estos se vieran afectados.

En la resolución destacó que correspondía hacer lugar a la demanda teniendo en cuenta especialmente la situación de violencia económica que el demandado ejercía sobre la progenitora del niño, y las consecuencias estructurales básicas que constituían en mantener a la mujer en un papel subordinado, y cuestionar su rol como madre con el único fin de eludir el pago de una cuota alimentaria a favor y en beneficio de su propio hijo