Según un reciente informe de la Unesco (17/3) ya son 102 los países que han decretado el cierre total de sus establecimientos junto a otros 11 que han adoptado la forma parcial. Se trataría, por lo tanto, de 850 millones de estudiantes, casi la mitad de la población educativa mundial. La cifra, por supuesto, está en continuo aumento.

Para la directora de la Unesco, Audrey Azolay, de todas formas, la crisis desatada por el virus es “una oportunidad para repensar la educación, ampliar el aprendizaje a distancia y hacer que los sistemas educativos sean más resistentes, abiertos e innovadores”. El organismo dependiente de la ONU ha lanzado una “coalición mundial” junto a organizaciones multilaterales y empresas para “asesorar” a los países miembros. Gigantes capitalistas como Microsoft y GSMA (organización de operadores móviles) serían los encargados de “ayudar a los países a desplegar sistemas de aprendizaje a distancia”. Para este propósito, la Unesco, ya informa que se están manteniendo reuniones periódicas con los ministros de educación de todo el mundo.

El desarrollo de la “educación a distancia” o “virtual” es un viejo planteo del capital financiero. Allí donde se ha puesto en pie ha significado un poderoso instrumento para la privatización de la educación y para que las grandes empresas se apoderen del presupuesto destinado a la educación. Lo que se presenta como una “revolución educativa” desvaloriza la fuerza de trabajo en el campo de la enseñanza. Destruye el proceso de socialización de los educandos y, al eliminar la relación educador-educando, limita la capacidad de una asimilación crítica, si no es que la destruye por completo. De acuerdo a la OIT, “El ‘home office’ produce una baja en la calidad y productividad” del trabajo (La Nación, 21/3). La verdadera revolución tecnológica, que el capitalismo está demorando, es la automatización de la producción mediante la inteligencia artificial, que requiere de un trabajo colectivo en tiempo y lugar, y que desenmascara al trabajo a distancia como una regresión de la capacidad productiva – aunque permita hambrear a los monotributistas y abolir las cargas sociales y sanitarias que debe asumir la patronal.

Este reemplazo “virtual” de la educación presencial representa, en primer lugar, un ataque a los trabajadores de la educación. Acrecienta la superexplotación laboral y la precarización docente, aumentando enormemente la relación docente/alumno. A su vez, la “singularidad” de cada trabajador es abolida por videos y clases que se puede repetir al infinito, que reemplaza la interlocución por ‘gadgets’ y que empaqueta la enseñanza en una mercancía. De todas formas, en el cuadro actual de crisis educativa argentina, la propuesta de “virtualización” adquiere todas las características de una provocación, pues no existen los recursos, los medios y la preparación suficiente para poner en pie realmente un sistema educativo virtual. Lejos de “niveladora” la virtualización se convierte en un instrumento de profundización de las diferencias sociales.

No hay nada nuevo en esta historia, aunque sus narradores la describan como un salto en la educación. Prolonga la orientación impulsada en los ‘70 del siglo pasado - “la educación permanente”. Esta evocación primitiva del slogan trotskista significaba en realidad la educación fragmentada, que debía ser seguida hasta la muerte en función de las obligaciones laborales de las personas. Un trabajador ‘fragmentado’ vale considerablemente menos, en el mercado, que uno completo; no solamente es más dependiente del capital en el sentido social, sino también en la capacidad de organización sindical, así como política.

El movimiento estudiantil

La crisis desatada por la pandemia de ninguna manera actúa como interludio o paréntesis entre la lucha del capital por ampliar su base de extracción de plusvalía y la clase obrera por defender sus derechos. Muchos opinadores han escrito que la crisis podría ser aprovechada para imponer la educación virtual en forma permanente. Es el momento ‘shock’ que denuncia la liberal norteamericana Noemí Klein. Esta distopía es, sin embargo, una expresión de deseos, porque no existe la preparación ni los medios para imponerla en medio de la crisis. Para el capital, de todos modos, la “educación a distancia” significa la posibilidad de encontrar una salida capitalista a la crisis del sistema educativo. No le faltarán nuevas crisis para proseguir en el empeño, y esto condicionado a la evolución de la crisis actual, que está hundiendo compañías y los Tesoros nacionales. En el caso de la Universidad, la “virtualización” siempre estuvo en función de entorpecer el acceso masivo a la educación superior. Así lo prueba el proyecto UBA XXI, donde los bochazos y la deserción adquieren características aún más dramáticas que en el dictado presencial.

El movimiento estudiantil tiene que posicionarse frente a esta crisis. De extenderse la pandemia, y por lo tanto la suspensión de las clases, se debe organizar la discusión, en primer lugar, junto a los docentes y trabajadores de la educación sobre la manera de continuar y organizar el vínculo académico. Es evidente en ese caso que ingresamos en una contradicción: la situación de pandemia generalizada trastoca por completo todos los esquemas educativos previos, incluso los que vayan planificando los gobiernos y las grandes empresas. A su vez se dejan en evidencia las enormes diferencias de presupuesto y condiciones que atraviesan a cada carrera, incluso en la mismas Universidades; así como todo el entramado de desniveles de recursos entre los mismos estudiantes y trabajadores.

El desafío es el de conformar un planteo alternativo integral que surja en base a la defensa del salario docente, la capacitación integral a cargo del estado y la defensa de todos los derechos laborales y educativos, entre ellos el acceso irrestricto y gratuito en todos los niveles de enseñanza. Mientras se les exige “que respondan”, los docentes llevan meses sin la actualización salarial correspondiente, debido a la eliminación de la cláusula gatillo. Hay otros centenares de miles que ni siquiera tienen algún salario. El aumento salarial tiene que ser inmediato. La sobrecarga de trabajo hacia los docentes que representa la virtualidad tiene que ser resuelta con un plan de incorporación masiva a la docencia donde se establezca un cupo máximo de estudiantes por comisión, dependiendo la materia y la modalidad de enseñanza en cada caso. Los elementos tecnológicos necesarios, así como la capacitación, tiene que ser integralmente afrontados por el Estado, tanto para docentes como para estudiantes. La cuarentena no sólo pone de manifiesto los límites de la virtualidad, sino que exaspera el conjunto de diferencias sociales previas que recorren al estudiantado. Hay centenares de miles de estudiantes que se inscribieron a carreras presenciales, muchos de ellos sin la posibilidad material de acceder a una computadora o a internet. Las condiciones de hacinamiento habitacional entorpecen la formación virtual también allí donde existen algunos de esos recursos. Junto con el vínculo académico necesario, los foros virtuales tendrán que convertirse en un receptorio de reclamos, reivindicaciones y soluciones planteadas para garantizar que el conjunto de los inscriptos pueda proseguir con sus estudios. La necesidad de reconstruir el vínculo quebrado entre los docentes y los estudiantes tiene que servir también para estos últimos, en caso de una virtualidad, para colocar a discusión y superar el autoritarismo y la verticalidad académica mayor que supone una enseñanza bajo este formato. El problema de las evaluaciones y cómo calificar a un estudiante sin la capacidad de este de asistir presencialmente tiene que estar en consideración en un debate general.

En la Universidad la cuarentena pone de manifiesto todos estos límites, donde además no se conoce el destino de las prácticas médicas, los trabajos en laboratorios o las prácticas de campo en la construcción. En el caso de la la educación primaria y secundaria, el interrogante es todavía mayor. La inversión que debería afrontar el estado para armar un sistema virtual en estos niveles supera por lejos las capacidades presupuestarias de cualquier gobierno capitalista. Los centros de estudiantes independientes junto a los sindicatos docentes tienen la responsabilidad de comandar ese debate. Dejárselo al arbitrio del Banco Mundial, los gobiernos capitalistas y las grandes empresas es un suicidio educativo. La superación de esta crisis educativa (y sanitaria) tiene que partir de una movilización obrera de conjunto frente a la crisis pandémica del capitalismo, contra la ruinosa gestión del capital y de sus estados.