El compromiso que en forma vacilante ha tomado el gobierno de los Fernández de poner fin a la cuarentena luego de semana santa, o hacerlo en forma paulatina a partir de esa fecha, no fue recomendada por ningún infectólogo ni por el comité de expertos. Entre el PBI y la vida, la autoridad se inclina por el primero, con independencia de la enorme cantidad de excepciones que el gobierno autorizó desde el comienzo a numerosas industrias. El reclamo de la UIA para que las automotrices y las autopartistas vuelvan a funcionar, con el argumento de la necesidad de las divisas de exportación, ilustra muy bien lo que está en juego. Porque todo el mundo sabe que el complejo automotor es un sustractor de divisas, no un contribuyente, en cuanto lo que importa para producir supera en valor a lo que exporta. Lo que importa aquí, sin embargo, es que las multinacionales operan en forma integrada en el Mercosur, de modo que una cuarentena en Argentina produce perjuicios importantes en el intercambio de esas mismas firmas con Brasil. En el caso de los bancos, el asunto de la cuarentena es por demás interesante, porque si volvieran a operar como lo venían haciendo, subirá a la superficie el conflicto violento que los separa con la industria y el mismo gobierno, ya que se niega a abrir la canilla del crédito a la mediana industria, potencial o efectivamente insolvente, y hacerlo a una tasa de interés que es un 60% inferior a la inflación de precios. Si acaso esto sirve de consuelo, lo mismo ocurre en Estados Unidos, aunque a una escala centuplicada, porque la Reserva Federal está inyectando billones de dólares que la banca se niega a reciclar hacia el comercio, los servicios y la industria.

El nuevo mantra es ahora la cuarentena sólo para los viejos. Todo el mundo puede infectarse y contagiar, pero el pato lo pagan los mayores de 65 años. Nada indica en Argentina que la pandemia se haya ‘amesetado’ o ‘aplanado’, simplemente porque nadie sabe cuál es el número de infectados ni el índice de propagación. Para eso es necesario el trabajo de detección y diagnóstico a centenares de miles de personas, algo fuera del alcance del saboteado Instituto Malbrán y probablemente de los laboratorios que fueron anexados para esta labor (a un precio que nadie informa). El pasaje súbito de los gobiernos, no solamente el nuestro, de la incertidumbre a las certezas, no tiene fundamento. China, por ejemplo, que ha anunciado el control de la pandemia ha visto surgir nuevos casos de contaminación comunitaria.

Al desandar la cuarentena, los Fernández confluyen con los Trump, Johnson y Bolsonaro, por medio de un camino inverso. Estos partidarios de la libre circulación de personas y mercancías se han visto obligados a imponer medidas coercitivas contra el libre tránsito, o no han podido evitar que lo hagan la mayoría de los gobernadores de sus países. La circulación de centenares de miles de jubilados hace un par de días, para ir a cobrar sus jubilaciones, asignaciones o subsidios, demostró la incapacidad de organización del gobierno y la burocracia del Estado para asegurar el cumplimiento de las restricciones de movilidad, para peor con los mayores de los mayores. Lo mismo ocurre con la incapacidad para asegurar los precios de los productos de primera o extrema necesidad. Las contradicciones entre las medidas que son necesarias para la salud y la vida, de un lado, y las de la acumulación capitalista, incapacitan al estado a hacer respetar la coerción estatal. Porque es claro que una cuarentena no se puede establecer sino por ley o decreto, que en este caso violenta el derecho constitucional número uno, que es la libre circulación, o la imposición de un confinamiento – una forma de arresto domiciliario. Esta coerción ha fracasado en los barrios humildes, por razones obvias de vivienda e infraestructura, pero el estado ha sido incapaz de organizar una cuarentena barrial a partir de los vecinos. Las acciones represivas que han sido denunciadas, es la salida reaccionaria a esta contradicción – cuando todavía no han madurado condiciones reaccionarias de conjunto.

La visibilización de la contradicción salud-capital deberá tener efectos políticos inevitables - crisis. Incluso en los servicios esenciales no se ha establecido un método de distanciamiento entre los trabajadores, capaces de limitar el contagio recíproco. Es el caso de los establecimientos de salud, y también de la industria de alimentos, o incluso los camioneros, que carecen de puestos de atención a lo largo de las rutas. ¡Las ART no quieren hacerse cargo de la enfermedad laboral, en esta pandemia, porque rechazan la figura de “fuerza mayor” que las patronales invocan para suspender sin sueldo o despedir!

La cuarentena le ha servido al gobierno para congelar relativamente un cuadro económico que se presentaba explosivo desde antes. Este ‘desvío’ ha terminado. Toda la clase capitalista coincide en advertir al gobierno que se encuentra en estado de insolvencia. Cuando circunscriba la cuarentena a la franja etaria más vulnerable, aparecerán con urgencia los fantasmas escondidos en las alfombras. Uno es el default de la deuda; el otro es la crisis de financiación, que vuelve a la vida a las cuasi-monedas. También la inflación y el agotamiento del cepo al mercado de cambios, que debe enfrentar salidas de capitales y devaluaciones en los mercados internacionales más vulnerables. La cuarentena a los bancos funcionó como un corralito – habrá que ver pasa con los depósitos bancarios de aquellos mismos que reclaman la apertura porque tienen mucha plata adentro.

Los bancos se han negado a abrir la totalidad de las sucursales para pagar las jubilaciones el fin de semana actual. Los medios ‘hegemónicos’ reclaman la renuncia de Vanoli, el nuevo jefe de Anses, enseguida después que Fernández hablara de sus ‘errores’. El radical ‘moderado’ Naidenoff y la Bullrich se han largado a pedir su cabeza, desrespetando el ‘fin de la grieta’. Detrás de la puja por la partida de Vanoli está, a término, la cabeza de CFK, su tutora. A eso apuntaron los cacerolazos contra las dietas de senadores y diputados, que esta vez el macrismo denominó ‘ruidazos’.

Si los Fernández aflojan la coerción relativa impuesta al capital por la pandemia, con todo tipo de excepciones, pero coerción al fin, irrumpirá está crisis en pleno desarrollo, lo que obligará al mundo del trabajo a enfrentar una ofensiva capitalista, que no va a ser menos devastadora porque carezca, como ocurre de más en más, de una base de apoyo sólida.

Es necesario acentuar la cuarentena actual, no aminorarla, hasta que la ciencia médica diga claramente que los contagios están en completo retroceso. La detección masiva es la tarea incumplida que impide levantar la cuarentena. La industria no esencial debe cerrar; los métodos de trabajo deben acomodarse a la epidemia, reduciendo la jornada laboral a seis horas, por sobre todo en hospitales y clínicas. Es necesario el control obrero en las industrias farmacéuticas y alimenticias – y en la medicina privada, para que integre sus recursos a un plan único de salud al solo costo de producción del servicio. El servicio bancario debe reanudarse convirtiendo a los bancos en sucursales del Banco Central, bajo control del sindicato y cuerpos de delegados, poniendo en cuarentena a los depósitos de los grandes capitalistas. El estado debe asegurar el pago de todos los salarios y sueldos de ocupados y desocupados, imputando el monto de ellos a las cuentas de los capitalistas y patronales. Hay que iniciar una acción colectiva con los trabajadores de Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, para empezar.