En una conferencia de prensa el PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, PEDRO GARCÍA CASTIELLA, enfocó hoy su atención en el sostenido incremento del crimen organizado en la región norte de la provincia, con especial énfasis en el distrito de Orán y el impacto que ello ocasiona en el padecimiento cotidiano que perturba la vida en paz que se merecen nuestros comprovincianos que viven en esas ciudades, lo que a veces no es percibido con el peso suficiente.

García Castiella comenzó destacando la magnitud de esta problemática, recordando que insiste en ello desde el inicio de su gestión, subrayando que “este fenómeno no se limita únicamente al tráfico de drogas; su nivel de organización, poderío y sofisticación “los ha llevado a diversificarse en una suerte de “polirubros” involucrándose en una amplia gama de actividades delictivas, que incluyen robos, a menudo con características de extremada violencia, como así también sicariatos, mejicaneas, etc “. Además, señaló con pesar que “estamos presenciando con mayor frecuencia situaciones de sicariato y ajustes de cuentas, lo que ha resultado en un aumento preocupante de muertes en la región”. En este contexto, el Procurador General resaltó la valentía de las fiscales del distrito a cargo de las distintas investigaciones, e instó a que este tema se convierta en una prioridad en la agenda y se aborde con seriedad para detener su expansión.

Cabe recordar en tal sentido los casos de Avendino, una persona ajusticiada y abandonado en cercanías de Hospital de Oran, y Bejarano, encontrado su cadáver dentro de un vehículo y espolvoreado con cocaína.

García Castiella también destacó los esfuerzos realizados desde que asumió su cargo, para abordar la problemática, trabajando activamente en trabajar coordinadamente con otras provincias, el gobierno nacional y el Consejo Federal de Procuradores, y la exitosa coordinación con la Justicia Federal y la PROCUNAR region NOA. Señaló que “hemos establecido vínculos tanto a ni que es tomada como modelo a nivel nacional, , reconociendo la necesidad mutua de apoyo”, y mencionó el interés de otras provincias en conocer el funcionamiento del modelo de coordinación que lleva adelante el Ministerio Publico Fiscal de Salta, sus áreas de investigaciones, su relación con la Justicia Federal y las investigaciones de narcocriminalidad.

El Procurador General también menciono el compromiso del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz en la adjudicación de recursos oportunamente solicitados para la instalación de una Unidad Especial de Investigaciones de Oran en una localidad donde era esencial para el refuerzo de la labor de los fiscales, y también el apoyo y compromiso convergente de la Corte de Justicia de Salta, en el abordaje de estas realidades. Subrayó que este compromiso conjunto tiene como objetivo enfrentar el desafío constante en el Distrito Norte de la provincia.

En términos de acción concreta, García Castiella enfatizó su determinación en la lucha contra el crimen organizado e hizo un llamado a que todos los jueces y magistrados en general, incluidos fiscales y demás funcionarios estén a la altura de estos desafíos, en defensa de la paz social, el cumplimiento de los juramentos al asumir sus cargos y el papel fundamental que la justicia debe desempeñar en la preservación de la paz social y el funcionamiento de las instituciones. “Aquellos que no estén a la altura deberían pensar en otra actividad “, afirmó.

En este ámbito, el Procurador General ilustró como ejemplo en referencia a la realidad descripta, al violento robo a la empresa frutihortícola Abra el Sol, donde irrumpiera una banda organizada con armas largas y uno de los propietarios fue brutalmente golpeado, levantándose con un botín de aproximadamente 60 millones de pesos. García Castiella informó que esta causa está a punto de ser elevada a juicio, incluido un ex empleado de la misma como entregador en el asalto.

El norte de la provincia, según García Castiella, enfrenta numerosas investigaciones que involucran mexicanadas y sicariatos, incluida la mencionada causa, destacando la figura de un fugitivo de alto perfil conocido como “Gringo Palavecino”, considerado la persona más buscada en la región. Además, mencionó un caso de corrupción institucional donde cuatro policías están detenidos por presuntamente negociar sobornos a cambio de frustrar procedimientos ordenados por la Fiscalía. La fiscal Mariana Torres lleva adelante esta investigación, que destacó, “ha revelado un nivel más grave de participación de ocho efectivos dependientes de las fuerzas de seguridad provincial en actos de cohecho y entrega o aviso previo de procedimientos a investigados para facilitar su frustración” En el caso del personal policial detenido, cumplía funciones en el SINAR 13, que estaba afectado a prestar colaboración a la fiscalía penal N° 3, actividad delictiva que provocara el fracaso de varias diligencias de allanamientos o detenciones. Es por eso que subrayó la importancia de llevar a cabo investigaciones rigurosas y asegurar que los responsables sean enjuiciados.

También a preguntas del periodismo el Procurador cuestiono duramente las manifestaciones de una abogada que invoca la defensa de José Dimas Ruiz, detenido con prisión preventiva, por haber presuntamente operado como “entregador en el robo a la empresa “Abra EL Sol”, la que en una entrevista radial pusiera en duda la real existencia de los $ 60.000.000, advirtiendo a la vez que el accionar de dicha letrada, además de pretender investigar a una víctima que sufriera además del despojo patrimonial, una feroz golpiza en su humanidad, está poniendo en riesgo una investigación iniciada hace más de tres meses por corrupción institucional, respaldando con contundencia el Procurador la labor que lleva a cabo la mencionada fiscal junto al Jefe de la Brigada de Investigaciones de la zona, que fueran objeto de la embestida verborrágica de esta letrada.

Jury de Enjuiciamiento a Edgardo Laurenci

En cuanto al Jury de Enjuiciamiento a Edgardo Laurenci, el Procurador se remontó en primer lugar a los antecedentes de Lino Ademar Moreno, quien tenía condenas previas en los años 2002 y 2003. En 2006, Moreno fue detenido por el asesinato de la productora rural Liliana Ledesma, siendo identificado como el autor material del crimen junto a Gabriela Aparicio, hermana del ex diputado Ernesto Aparicio, Aníbal Tarraga, pareja de la primera, “Nene Torres, capataz, y Graciela Guerra, pareja de Moreno. El caso llegó a juicio en 2010, y Moreno recibió una condena de prisión efectiva.

Relató la cronología de los eventos, señalando que el juez Laurenci otorgó a Moreno el beneficio de varias salidas transitorias, a pesar de las objeciones surgidas desde algunos operadores del Servicio Penitenciario y la misma Fiscal Claudia Carreras.

En este sentido, el procurador García Castiella destacó que la imputación al juez Laurenci no se centró en el hecho en sí de que haya otorgado beneficios a un condenado a prisión efectiva, ya que la Ley 24.670 sobre la ejecución penal si bien lo impedía, en 2015, la Corte de Justicia con voto de los Dres. Abel Cornejo, Samsón, Díaz y Vittar declaró la inconstitucionalidad de este impedimento, habilitando así la procedibilidad, bajo ciertas condiciones y con los informes favorables correspondientes, la concesión de beneficios a los condenados a prisión efectiva.

El Procurador destacó que la acusación contra el juez Laurenci se basó en su “negligencia, impericia y falta de cumplimiento de sus deberes al retrasar la emisión de la orden de captura durante 53 días, lo que tuvo un impacto significativo en la búsqueda y detención de Lino Ademar Moreno”.

“El 18 de junio, Lino Ademar Moreno no regresó como estaba programado de su salida transitoria, que había sido autorizada para las 20:30 horas de ese mismo domingo, como parte de un proceso penal en curso. El lunes, martes y miércoles siguientes, su ausencia se hizo evidente. El 22 de junio, el sistema penitenciario formalmente comunicó esta situación al Tribunal encargado del caso. El 23 de junio, una vez que se confirmó que Moreno no había regresado, deberían haberse activado inmediatamente los procedimientos para su búsqueda”- señaló.

Destacó también que: “El juez Laurenci, quien estaba a cargo de este caso, también formaba parte del Tribunal que estaba a punto de juzgar a los hermanos Raúl Amadeo y Delfín Castedo, lo que aumentaba la urgencia de su búsqueda. No se trataba de un delincuente común, sino de un sicario condenado por homicidio calificado. Sin embargo, pasaron 18 días desde que se confirmó la ausencia de Moreno el 23 de junio hasta que el juez revocó su beneficio y emitió la orden de captura el 29 de junio; orden que fuera – debido a errores materiales en las comunicaciones- asentada debidamente en los organismos responsables del alerta, después de 52 dias contados desde la fuga. Además, se cometieron errores en el proceso de búsqueda, incluyendo la emisión de una orden de captura incorrecta y el uso de documentación inadecuada”.

Destacó finalmente como importante el Procurador que, “desde 2016, existe un convenio entre la Corte de Justicia y las fuerzas de seguridad para agilizar la comunicación en situaciones de emergencia, conocido como SIFCOP en donde debiera haberse asentado de inmediato la orden de búsqueda y restricción de salida. A pesar de su existencia. Es fundamental aclarar que esta acción legal no debería afectar ni interferir de ninguna manera en la continuación del juicio que se lleva a cabo por parte del Tribunal Oral contra los hermanos Castedo”