La Cámara de Casación ratificó la condena contra Aníbal Fernández por sus ataques contra el militante del PO José María Escobar. El ex jefe de Gabinete de CFK y actual interventor de la mina de Rio Turbio deberá indemnizar a este compañero por acusarlo falsamente de haber incendiado una formación del ferrocarril Sarmiento en 2008.

Doce años atrás, tras una rebelión de pasajeros del ferrocarril Sarmiento, Fernández – entonces ministro de Justicia – acusó a José María de incendiar los vagones con un pullover embebido en combustible. Fernández realizó sus dichos en una conferencia de prensa, secundado por el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que tiene a cargo la “causa de los cuadernos”. A pesar de la profusión de detalles suministrada por Fernández, José María no fue siquiera citado a declarar. La cámara consideró que Hannibal había incurrido en un “abuso de poder”.

Un fallo ejemplar, porque no se trata de una difamación sino del uso del poder del estado para difamar, sin la posibilidad de utilizar recursos iguales para refutarla. La injuria deja de ser un arma de lucha política cuando se pone al aparato estatal y a los medios de comunicación al servicio de una de las partes. De otro lado, bajo el ataque al compañero infamado, el objetivo era la proscripción del Partido Obrero, que sería el refugio de elementos que destruyen una “propiedad pública”.

A la operación “abuso de poder” de Fernández se plegó el “periodista” Eduardo Feinmann. Sin embargo, Feinmann salió indemne de la demanda planteada en su contra, ya que los jueces consideraron que había abrevado la “información” de fuentes oficiales. Los jueces rechazaron que hubiera habido una acción coordinada para destruir la legalidad del PO. Feinmann conducía un segmento televisivo en C5N, uno de los canales más favorecidos por la pauta oficial, desde amplificó los infundios de Fernández, sin permitir el derecho a réplica en el mismo tiempo y la misma forma. A su turno, en su descargo, Aníbal Fernández aseguró que la información suministrada provenía de fuentes judiciales. Y así de corrido. Es evidente que existió una cadena de responsabilidades políticas, reforzadas por el aparato comunicacional que respondía al gobierno kirchnerista. El fallo de la cámara no da cuenta de esta orquestación. Tampoco da cuenta de que Hannibal negó durante un año su dirección de domicilio, incluida la sede de la Casa Rosada, para evitar la comparecencia ante la Justicia.

Los ataques de Fernández contra el PO por el incendio de vagones fueron un intento también de desviar la responsabilidad de esos hechos en el ex intendente de Merlo, Otacehé y los concesionarios del Sarmiento, unidos en el negocio de las líneas de colectivos paralelas al ferrocarril. Esos ataques anticiparon la acción criminal que emprendería la patota de José Pedraza en 2010 contra los tercerizados del ferrocarril, amparada en la complicidad de los funcionarios nacionales, los empresarios y la Policía Federal. A propósito de la emboscada donde cayó asesinado nuestro compañero Mariano Ferreyra, Fernández – ascendido a jefe de ministros – calificó la actuación de la policía que liberó la zona para el ataque como “impecable”. Este entramado mafioso de funcionarios, empresarios y burócratas llevaría finalmente al sistema ferroviario a su colapso definitivo con la Masacre de Once, por la cual se encuentra preso actualmente Julio De Vido.

En definitiva, Fernández atribuyó los desmanes a un militante de nuestra organización para encubrir esa trama amparada en el Estado. El fallo de casación representa una nueva victoria política de la lucha contra las mafias ferroviarias, luego de las condenas contra Pedraza y su banda y, más tarde, contra De Vido-Schiavi-Jaime, al calor de la lucha por justicia.

El rol central jugado por Aníbal Fernández en el encubrimiento de todas estas maniobras (así como su parte en el asesinato de KosteKi y Santillán y el despliegue de francotiradores en Avellaneda, bajo el gobierno de Duhalde) ha sido compensado por el gobierno de FF con su designación como interventor de YCRT, a pesar de sus derrotas electorales consecutivas en la provincia de Buenos Aires y en las internas del PJ en Pinamar. Los mineros del Turbio, que protagonizaron grandes luchas en los últimos años por la reactivación de la mina, deberán medirse – y, a su turno, poner en caja – a este provocador serial.