Auditoría denunció irregularidades en la comuna de Pichanal

Sebastian Acosta | 26.7.19 |

La Auditoría General de la Provincia giró ayer al Ministerio Público un informe por el que pidió investigar posibles delitos contra la administración pública en obras de enripiado y pavimentación de calles ejecutadas en Pichanal con recursos del Plan Bicentenario.
En la presentación, que compromete a más de un funcionario municipal, los auditores generales también expusieron las gravosas consecuencias que tuvo la apropiación de la finca privada a la que la administración municipal encabezada por Julio Jalit usó desde 2004 para volcar residuos sólidos urbanos y descargar líquidos cloacales.
Defraudación al Estado

La resolución, que se publicó ayer en el sitio oficial de la Auditoría, abre las puertas a causas penales y acciones civiles resarcitorias por presunto daño al fisco.

La "comunicación de irregularidades" fue elevada a la Procuración General por el Colegio de Auditores Generales que integran Gustavo Ferraris (presidente), Ramón Muratore, Mariano San Millán, Abdo Esper Obeid y Marcos Segura Alzogaray.

Plan Bicentenario

El citado reporte, de 16 páginas, se desprendió de una auditoría que se realizó entre el 6 y 23 de mayo último en la Municipalidad de Pichanal.

Al analizar los gastos imputados en dos cuentas, identificadas como "Enripiado de calles varias 2016" y "Pavimentación de calles varias Plan Bicentenario", los auditores enviados a Pichanal advirtieron que dos empleados municipales aparecían como supuestos contratistas de obras a las que se destinaron más de $26 millones.

Casi $8 millones

El equipo delegado por el organismo de control externo constató que entre el 4 de enero de 2017 y el 27 de diciembre de 2018 se extendieron más de 250 órdenes de pago a dos empresas -El Mirador Servicios y Servicios Generales Victoria- por un total de $7.825.206. Los registros muestran a los agentes municipales César Luis Gómez y Luis Enrique Juárez como supuestos titulares de esas firmas.

Gómez, en un primer momento, manifestó que su único ingreso era el sueldo municipal, pero después de que los auditores le exhibieran comprobantes admitió su participación en algunas de las facturaciones que se realizaron a nombre de El Mirador Servicios. Dijo que no recordaba cuantas fueron porque "el contador Renso Ruiz es quien hizo todos los papeles a efectos de que esté legalmente inscripto en AFIP".

Juárez, por su parte, desconoció la existencia de la empresa Servicios Generales Victoria y la autenticidad de las firmas puestas en las millonarias facturas. Afirmó que "nadie le solicitó permiso para emitirlas" y que "nunca prestó servicios" al municipio de Pichanal como contratista. Aclaró que "en algún momento contó con un talonario de facturas", pero que "no recuerda el año", y que "cree que está inhabilitado".

Los auditores hicieron notar que en ninguno de los casos existe documentación de respaldo (remitos, certificados de obras, notas de pedidos) que acredite la efectiva prestación del servicio y la correspondiente recepción de bienes, como tampoco la conformación de las facturas por parte de responsables del municipio.

 Fuente: El Tribuno

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