El Comité Nacional del PO acaba de hacer pública la intención de romper el Partido Obrero; romper con los principios de la democracia obrera del partido; romper con su trayectoria histórica, y romper con el programa – aprobado en un Congreso de la corriente internacional a la que pertenece el Partido Obrero, en abril de 2004, en Buenos Aires. Un partido revolucionario no es su aparato: es el contenido histórico que representa su programa; su combate para que la clase obrera se desarrolle como sujeto político independiente; su liderazgo probado en la lucha contra varias dictaduras, su trabajo teórico enorme; su estrategia. Romper con esta historia es un acto de usurpación política.
El comunicado que ha hecho público el aparato dirigente no vacila en caer en la farsa. “Altamira y su grupo, dice, rompen con el Partido Obrero”. ¿De qué ‘grupo’ se trata; quiénes son sus integrantes; cuántos dirigentes obreros reconocidos en sus lugares de trabajo lo componen; cuál es su trayectoria política? El comunicado del aparato oficial le esconde a los trabajadores la naturaleza social y política del ‘grupo’, porque la simple mención de ello lo desenmascararía como lo que es – un aparato de funcionarios que violenta a cada día y a cada hora la democracia partidaria; la posibilidad de los militantes de expresar sus posiciones en la prensa; el establecimiento de un régimen de censura, más grosero naturalmente que el que aplican la clase capitalista y su Estado, incluido el espionaje a los correos electrónicos de los cuadros más y menos destacados.
¿Qué es exactamente ese ‘grupo’? El ‘grupo’ en cuestión no es una capilla que se oculta sino que acaba de participar en una Asamblea Nacional con la presencia de 372 militantes, quienes aprobaron una Declaración que ya ha sido firmada por 740 compañeros, y que en días más superará las mil adhesiones. ¿Puede una organización revolucionaria privar del derecho de opinión a estos militantes, que actúan en el marco de la unidad de acción del Partido Obrero en la lucha cotidiana contra el capital y su Estado, y contra el imperialismo mundial?
Estos compañeros reclaman, a cara descubierta y con planteos escritos sobre papel, blanco sobre negro, el respeto al derecho establecido en el Partido Obrero a constituir una fracción o tendencia pública en las condiciones políticas concretas de la crisis por la que atraviesa el PO. Es una crisis que se manifiesta en la censura que se ha ido acentuando con el paso del tiempo; en el número indeterminado de expulsiones y sanciones ocurridas en los últimos tres años, adoptadas en todos los niveles y no informadas al conjunto de la militancia; y que se manifiesta en las discusiones internas vinculadas al programa y la estrategia del PO. Como lo han probado una serie de hechos, en especial en el último tiempo, se trata de una crisis que envuelve al Frente de Izquierda y los Trabajadores y más allá de él. “Altamira y su grupo rompen con el Partido Obrero”, es solamente la expresión falaz del intento de acallar un debate político que alcanza incluso a la izquierda internacional, mediante procedimientos administrativos de un aparato. Esa falacia apunta a disimular las intenciones de ese aparato de desnaturalizar al Partido Obrero y romper con su trayectoria, o sea su contenido. Desde el vamos, el comunicado del CC está plagado de contradicciones y falsedades. En primer lugar, lo que se presenta como “grupo de Altamira” ha presentado una declaración de principios donde se desarrolla un planteamiento integral sobre la situación internacional, la crisis política argentina, las consignas de la etapa y la cuestión del régimen interno partidario. No se trata de un “petitorio”, sino de adhesiones militantes a un planteo de defensa del programa y de recuperación de los métodos históricos del Partido Obrero, malversados por una dirección que apaña el espionaje y la delación para socavar el debate político y entregarse a un electorerismo febril. El supuesto “grupo”, por lo tanto, ha cosechado la adhesión de militantes de todo el país y, en algunos casos, de regionales enteras, en torno de un planteo político que dirigentes como Jorge Altamira y Marcelo Ramal desarrollaron a lo largo de al menos dos años, con textos por escrito.
Falsificaciones y exclusiones
El comunicado del CC también falsifica la realidad al afirmar que “rompemos con el Partido”. El documento proclama una fracción pública del Partido Obrero, o sea, de su programa, su historia y su organización. Ninguno de los adherentes a nuestra fracción se retiró de los círculos y organismos que integraba ni tampoco ha dejado de participar de las actividades partidarias. Por el contrario, y como hemos verificado en estas horas, ha sido la dirección la que dio la orden de dejar afuera de los organismos y grupos de WhatsApp a decenas de militantes y dirigentes por el solo hecho de haber participado de una asamblea “no autorizada”, y suscripto un documento político y programático absolutamente legítimo. En los casos de Jorge Altamira, Marcelo Ramal y Juan Ferro, los compañeros vienen siendo censurados en el periódico partidario; fueron calumniados, espiados y acusados infundadamente de “conspirar con enemigos del partido”, y luego “invitados” a convivir en organismos del CC con sus calumniadores y censores. Luego, el CC tampoco les ha permitido integrarse a ningún otro organismo partidario, cuando ellos lo solicitaron.
¿“Afuera del partido”? Todos los que hemos suscripto la declaración de la fracción o participado de la asamblea del 23 somos militantes plenos del PO, y la mejor prueba de ello es nuestro compromiso con esta fracción pública. Demostramos, de ese modo, hasta qué punto estamos empeñados de rescatar a nuestro partido de una deriva conservadora, electorera y de burocratismo interior.
Absurdamente, el comunicado nos acusa de pretender hacer campaña electoral “por fuera de lo resuelto por la dirección del Partido”. Pero ¿qué es lo que pretenden? ¿El monopolio de la campaña electoral para un grupo de candidatos? En el Partido Obrero, la campaña electoral, como instancia de agitación y propaganda política, es patrimonio de todos sus militantes. Pero la afirmación es doblemente absurda porque los voceros o dirigentes de la fracción pretendemos contribuir a la campaña aún cuando hemos sido claramente excluidos de las listas electorales. Más aún: en varios distritos, el CC ha maniobrado para desplazar de las listas a integrantes o adherentes a nuestra fracción, en beneficio del partido recién ingresado al FIT-U, o sea, el MST. Pero nuestra exclusión de la campaña electoral, en cualquier caso, es sólo un aspecto de una tentativa más general de confinamiento político. Recientemente, el CC boicoteó sin escrúpulos una gira de charlas de Altamira por el interior del país, por el 50º aniversario del Cordobazo. Las regionales que lo invitaron debieron apelar al esfuerzo de militantes y simpatizantes para costear estos viajes. ¿Dónde están entonces los rupturistas? En la supresión política de Altamira y otros compañeros, se apunta a la amputación de un legado político. La malversación de ese legado, por parte de la actual dirección, ha sido el eje de los debates que hemos sostenido en estos dos años. Por caso, la revisión –por parte de ella– de la caracterización de la actual etapa de declinación del capital y de impasse histórica de la burguesía y, por lo tanto, de “guerras y revoluciones”, de crisis políticas y convulsiones sociales, que enlazan a las reivindicaciones más apremiantes de las masas con la cuestión del poder político.
Como parte del ataque a ese legado, se rechaza ahora el derecho de todo militante o tendencia, dentro de un partido obrero, a expresar sus opiniones y planteamientos políticos de cara a toda la clase obrera. El rechazo a que una tendencia o fracción pueda hacer pública sus posiciones –eso es lo que sostiene el actual CC– malversa al centralismo democrático. La unidad de acción, que reivindicamos, nunca puede ser la excusa para la unidad de pensamiento o el cercenamiento del debate político. Por el contrario, sostenemos que la acción unida del partido sólo puede ser el resultado de su conciencia colectiva, forjada en el debate y la elaboración común.
Ataques y expulsiones
El comunicado del CC fue precedido por una ola de ataques sobre locales partidarios de diversos puntos del país (Tucumán, Bahía Blanca, Quilmes, Villa Ortúzar, entre otros). Allí, presuntos personeros del CC, entre gallos y medianoche, cambiaron candados y cerraduras y sustrajeron materiales y objetos de valor. Esto es lo que, al final de su texto, el CC anuncia como “las medidas necesarias para… preservar su patrimonio político, material, económico y legal”. Pero el Partido Obrero carece de “patrimonio”, sus recursos materiales son los de la militancia de todo el país. La sustracción de computadoras y equipos de impresión –como ocurrió en el local central de Tucumán– es un despojo al Partido Obrero y a sus militantes, que han aportado a la estructura política y material de sus regionales con enormes esfuerzos. Como parte de esta depredación, han sido sustraídos como administradores de las páginas de Facebook regionales –Santa Fe, Tucumán y otras– los militantes y dirigentes que adhieren a nuestra fracción. El CC podrá intervenir “virtualmente” o personalmente a las regionales opositoras, pero ello no hará más que reforzar una repulsa que, a medida que pasan las horas, se extiende a la escala de todo el partido. Estos actos de depredación política ocurren, por otra parte, en plena campaña electoral, la misma que, según la dirección del partido, sería “boicoteada” por nuestra fracción. Los supuestos denunciantes de una “ruptura” no han vacilado en escalar una acción patoteril, llevada adelante contra la voluntad de los militantes de las regionales agredidas. Mientras escribimos este texto, tomamos conocimiento de una escalada de expulsiones contra compañeros que han suscripto el manifiesto de nuestra fracción, varios de los cuales han sido forzados a renunciar como candidatos del FIT-U en sus distritos.
El planteo de constitución de una fracción, que preside el documento que presentamos, es una tentativa última para defender la unidad partidaria, desafiada por la violación creciente de la democracia interna y las agresiones faccionales de la dirección. Pero el CC invierte las cosas: presenta como rupturistas a quienes declaramos nuestra pertenencia y defensa del programa del PO, y avanza él en un camino escisionista. Nos atribuyen la supuesta decisión de apartarnos del partido para no hacerse cargo de una expulsión que, sin embargo, intentarán poner en marcha. En forma deliberada, la dirección escamotea los resultados de una crisis que es resultado de su propia deriva política, blindada con métodos de patota, ataques personales, descalificaciones y espionaje.
Tras haberle insistido a Altamira y Ramal a que se constituyan en tendencia o fracción, ahora el CC califica la constitución de la fracción como “maniobra rupturista”, rechaza la posibilidad de que esta pueda acceder a los recursos del partido en proporción a su representatividad y pretende ahogar la opinión de cuadros y militantes fogueados en largos años de lucha.
Reclamamos que se hagan públicas la totalidad de las adhesiones al documento de la fracción; su inmediato reconocimiento, junto a los recursos correspondientes para que ésta pueda desarrollar su actividad en el marco del Partido Obrero; reclamamos la investigación y la separación de las filas partidarias a los responsables del espionaje a miembros del PO; y el cese de todas las agresiones y usurpaciones como las cometidas en las últimas horas.
La tarea de frustrar esta tentativa de malversación del programa y nuestros métodos le cabe al conjunto de la militancia del PO, en la cual palpita la trayectoria histórica de nuestro partido.
Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Juan Ferro, Daniel Blanco, Julio Quintana, Pablo Busch, Pablo Viñas.
A partir del lunes la garrafa social pasará a costar 340 pesos en la provincia. Desde el primer día de julio saldrá 20 pesos más cara, lo que representa un incremento de un 6,25 por ciento. Sin embargo, si se aleja la imagen y se hace un encuadre más general, esta es la cuarta suba en el año, y en tan solo cinco meses este insumo básico para las familias acumula un incremento del 51,2 por ciento.

Los aumentos estuvieron muy por arriba de la inflación, golpeando de lleno a los sectores más vulnerables de la población. En los primeros cinco meses del año (última medición de la inflación del Indec), la garrafa social había acumulado un incremento del 46,7 por ciento contra el 19,2 por ciento de suba que tuvieron los precios.
Otro dato que muestra cómo fueron afectados los que menos tienen es que la garrafa de 10 kilos de gas envasado aumentó en los últimos 14 meses un 58%. En mayo de 2018, costaba pesos 215 pesos y a partir del 1 de julio su valor será de 340 pesos.
La Secretaría de Energía de la Nación, a través de la resolución 104/2019, permitió el incremento del precio de la garrafa social. Esos 340 pesos están compuestos por: el precio de venta al público, que es de 295,37 pesos, el aparcamiento que es un 3,5% y el 10,5% del IVA.
Según las empresas que distribuyen la garrafa social, desde que se dio a conocer la noticia de que se iba a producir un aumento a partir del 1 de julio, la venta aumentó como mínimo un 50%, lo que muestra la preocupación que están viviendo las personas que dependen del gas envasado.
"Esta semana vendimos más garrafas de lo normal. Se ve que la gente sacó los envases que tenía vacíos para comprar una con el precio viejo", comentó un operario que realiza la distribución en San Luis.
La garrafa es fundamental para la gente de menos recursos, porque resulta inaccesible en lugares que estén afuera de los centros de distribución. El gas envasado puede costar hasta 150 pesos más caro en los negocios de barrio.
Plan Hogar
En Salta 44 mil familias están adheridas al programa Hogar y también sufrieron un golpe duro al bolsillo. El subsidio del Programa Hogar tendrá un incremento del 5,17%, pasando de los 174 pesos a los 183 pesos desde julio por cada garrafa.
Ese monto cubre actualmente un 53% del valor final de la garrafa social. O sea, alguien que recibe un subsidio debe aportar 157 pesos más para pagar el precio total. El dato que aportó Horacio Sansone, secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la comunidad fue determinante. 
En mayo de 2018 el precio de la garrafa era de 215 pesos y el subsidio llegaba a 152 pesos, o sea se cubría el 70 por ciento del valor del gas envasado.
“El 63% de aumento en la garrafa viene a castigar el bolsillo de los trabajadores y de los sectores más vulnerables. Ellos aumentaron un 63% y el subsidio que ellos te dan con el programa Plan Hogar en el 2018 era 152 pesos y ahora es de 183 pesos, o sea aumentó un 20% el subsidio. El año pasado, con el subsidio cubríamos el 70% del valor de la garrafa y hoy estaríamos en el 53%”, afirmó Horacio Sansone. 
El subsidio para los usuarios vulnerables a través del Programa Hogar alcanza a las personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria.
En Salta existen 30 municipios que no tienen acceso a la red de gas natural, sin embargo las personas que quieren acceder al subsidio deben registrarse, a través de un trámite online en la Anses, ingresando a la web del organismo y siguiendo los pasos que se indican. No es un trámite automático.
Sin distribución
Los trabajadores petroleros difundieron que debido a la difícil situación que atraviesan y a la falta de respuesta de las autoridades, los sindicatos de Salta y Jujuy anunciaron para el próximo 1 de julio una medida de fuerza de 72 horas que afectará la distribución de las garrafas sociales, entre otros servicios.
Sebastián Barrios, secretario general del gremio, indicó por el paro “se va a ver afectado el gas envasado, como así también el expendio de combustible a los aeropuertos de Salta, Jujuy y Mosconi”. 
El sindicato nuclea alrededor de 950 empleados, entre los que se cuentan trabajadores de Refinor, repartidores de gas y los obreros en los yacimientos.
EL TRIBUNO - El Perchero Social se suma a las iniciativas solidarias que pretenden mejorar la calidad de vida de algunas personas. Instan a que otros hagan lo mismo.  Todos nos encontramos al abrir el placard con esa campera que usamos pocas veces o ese buzo que ya no nos queda. Mientras tanto, hay otras personas que no encuentran ninguna de esas dos prendas ni pueden elegir cómo vestirse.

En la ciudad de Orán, la dueña de la casa de ropa "Audaz" instaló un ropero solidario en la puerta del local, en Egues 433, en pleno centro comercial, en el que la gente puede colgar el abrigo o prenda que ya no use, mientras que aquellos que menos tienen pueden tomarla y llevársela. Belén Ángel es la joven dueña de la boutique en el que se invita a colaborar.
"Hace unas semanas pusimos el perchero. Como yo tenía un perchero sin usar, lo traje y lo puse. Creo que es una manera de agradecer todo lo que me da la vida, cada proyecto que inicié me fue muy bien, y con estas acciones quiero devolver de alguna manera", contó Belén Ángel (26), dueña del comercio y licenciada en Relaciones Públicas.
Belén Ángel, la dueña de la iniciativa, pide que la imiten.
"La gente tiene mucha cultura de solidaridad, aunque a veces no saben qué hacer, cómo reaccionar ante estas iniciativas. Desde que lo puse, son muchas las personas que han traído algo de ropa. Lo que sí ha tenido muchísimo éxito, ya que son incontables las personas que han entrado a preguntar, ya que se ha viralizado con fotos en las redes sociales", contó Belén, mientras recuerda que desde pequeña acompañaba a su mamá al hogar del padre Diego con algunas donaciones, "sin duda lo aprendí en mi familia".
En el local reciben donaciones de ropa para seguir "alimentando" el perchero y que nunca esté vacío. "Si no lo necesitas, déjalo. Si lo necesitas llévalo", es la contundente leyenda que decora el cartel ubicado sobre el perchero.
El perchero social apenas llevaba unos días en la vereda; Belén había colgado algunas camperas y buzos suyos que ya no usaba y estaban disponibles para quien necesitara tomarlas, muchos con tono de preocupación advierte a quienes allí trabajan: "­Cuidado! Hay gente que se lo lleva y lo vende". "Pero eso no quita que, de a poco, se vaya contagiando la solidaridad", aclara la joven, quien además contó que a diario ve todo tipo de situaciones.
"Hay mucha gente que está en una situación mala, mira el perchero y no se anima a sacar la prenda por miedo, quizás", contó la joven empresaria, quien se definió como un simple intermediario entre el que deja y el que se lleva la ropa.
Lo único necesario
"Solamente necesitás un perchero o un canasto, y la gente necesita darse cuenta de que eso que ya no usa o no le sirve, le puede servir al otro. Estaría buenísimo que más gente se prenda. Todos tenemos esa ropa que ya nos molesta y ocupa lugar en la casa, y no siempre conocemos a alguna institución para donarla. Por eso yo pido a esa gente que nos contacte, porque además estamos haciendo felices a otras personas que lo necesitan. No hace falta que nos digan "gracias' en la cara, sino con verles la cara alcanza. No nos sobra nada, pero tampoco nos cuesta nada hacer esto", siguió.
Teniendo en cuenta la lluvia y las temperaturas bajas, las prendas que más necesitan por estos días para nutrir al perchero son buzos, camperas, gorros y bufandas. El perchero está ubicado en la vereda, a la vista de todos los transeúntes, de lunes a sábado en horario comercial.
Hoy viernes, las actividades iniciarán a partir de horas 18.00 y culminarán a las 22.00 en Plaza San Martín.
Está previsto un acto central en el lugar, donde también se instalarán diversos stands en los que se brindará información sobre enfermedades de transmisión sexual; se mostrarán las producciones de los miembros del colectivo (diseño, decoración de telas) y un sketch que tratará sobre la prostitución para recrear y mostrar a la comunidad lo que las trabajadoras sexuales viven en la calle.

Samanta contó a Radio A que aún siguen sufriendo discriminación y maltrato de la sociedad. Incluso habló que la peor parte se la llevan las trabajadoras sexuales, ya que son frecuentes los insultos que reciben por parte de efectivos de la policía.

" Las chicas que trabajan mayormente en la calle nos comentan miles de cosas. Una de ellas es la persecución policial. Los mismos policías les faltan el respeto, insultándolas, tratándolas con el nombre masculino. Es una discriminación hacia ellas", manifestó.

Consultada sobre el acceso que tienen a un trabajo, señaló que si bien está aprobado el cupo laboral trans aún no se le da cumplimiento, por lo que a muchas solo les queda la opción de la prostitución.

Contó que hay chicas con estudios terciarios finalizados pero que al momento de presentar currículum, inmediatamente las descartan al ver que son travestis.

Sin embargo, subrayó que continuarán con la lucha aunque de a poco ven pequeños cambios en la sociedad.

El colectivo LGBTIQ también se encuentra realizando acciones solidarias. Ya visitaron barrio Caballito y Campo Chico brindado la merienda a los niños y adelantaron que posiblemente estarán en barrio 17 de octubre organizado un chocolate.
Persona de la división Drogas Peligrosas tomó conocimiento sobre la posible existencia de boca de expendio de drogas en la localidad de Hipólito Yrigoyen. Luego de reunir elementos probatorios, determinaron que un inmueble ubicado en calle Jujuy del B° Patron Costas e otro ubicado en calle 9 de Julio del B° homónimo, comercializan sustancias.
En los domicilios investigados encontraron bochas de marihuana, cocaína, recortes de cartón y plástico con resto de cocaína, una balanza gramera de precisión y elementos para fraccionar.
Dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia.
Imagen ilustrativa.
El Ministerio de Economía informa que los haberes de junio estarán disponibles en cajero este sábado 29. Tanto la franja uno y dos cobrarán el mismo día.

En esta ocasión los haberes se percibirán  con un aumento acumulado del 17,5%, según lo acordado en las mesas de negociación salarial de este año. Por otro lado, el incentivo docente estará disponible en cajero mañana viernes 28 de junio.
El plazo concluía el 23 de julio y su vencimiento había generado preocupación. En el caso de los hombres que hayan cumplido la edad jubilatoria antes del vencimiento anterior de esta moratoria -que fue el 18 de septiembre de 2016-
"Por los próximos tres años pueden solicitar la adhesión", se aclaró desde la ANSES. La medida se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.
Desde el organismo se detalló que "Para adherirse a esta moratoria, las trabajadoras que cumplan la evaluación socioeconómica podrán incluir períodos laborales comprendidos entre los 18 años de edad de la titular y el 31/12/2003".
Según se informó, la deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.
Si una mujer quiere jubilarse debe tener 60 años y 30 años de aportes. Muchas que no cumplen con la cantidad de años de contribución social pueden acceder a la jubilación como el resto siempre y cuando se sometan a este estudio socioeconómico.
En la web oficial de la Anses también se aclara que los hombres, que no tienen esta moratoria, sí pueden acceder a otra siempre que hayan cumplido con el requisito de la edad antes del vencimiento de la ley que se aprobó en septiembre de 2016.
“Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 al 31/12/2003 y desde los 18 años de edad”, indica el comunicado de Anses.
Y agrega que la deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.
A siete años de aprobada la ley 26.743, de Identidad de Género, la realidad de las personas trans-travestis en nuestro país continúa siendo alarmante. Las crónicas sobre crímenes de odio que de tanto en tanto emiten los medios de comunicación, con tintes policiales, son insuficientes para descifrar por qué el promedio de vida de esta comunidad llega apenas a los 35 años.

A la luz de esta realidad, el lema “Ni una menos-El Estado es responsable”, unido al reclamo de “Inclusión laboral trans”, se erigió para las mujeres y disidencias sexuales como un grito de lucha contra la violencia de género, pero también contra lo que constituye un genocidio silencioso de la comunidad trans.
A pesar de haber conquistado el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, los censos nacionales y provinciales, como tantos otros derechos, aún responden binariamente en materia de géneros.
El Indec-Inadi, en 2012, con el objetivo de subsanar la falta de estadísticas oficiales en cuanto a la comunidad trans, por primera vez realizó una prueba piloto de lo que sería un censo que incluyera a todes¹, en el partido bonaerense de La Matanza. Los resultados arrojados en cuanto al deficitario acceso a salud, educación y mercado laboral todavía no obtienen satisfacción.
Hace poco, el Gobierno de Córdoba lanzó, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un relevamiento en el territorio provincial.
Se trata de un anuncio demagógico, en una provincia que se encuentra muy atrás en materia de inclusión, si advertimos que ni siquiera adhirió a la Ley Nacional de Identidad de Género y que sólo el hospital Rawson cuenta con un área para la atención sanitaria y la readecuación sexual, de acuerdo con la identidad de género autopercibida. El dato no es menor, pues según lo informado por el Registro Civil de las Personas, solicitaron el cambio de identidad en la provincia unas 1.044 personas trans.
Además, según las investigaciones y las estadísticas realizadas por diversas organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, el 90 por ciento del colectivo trans –conformado por entre siete mil y 10 mil personas en todo el país– se encuentra por fuera del mercado formal y vive en la pobreza, mientras que el 80 por ciento ejerce la prostitución en situaciones de extrema marginalización.
Un 75 por ciento vive de la prostitución desde una edad inferior a los 18 años; y el sida, la silicona industrial, las adicciones y los travesticidios constituyen las principales causas de muerte.
La exclusión social comienza temprano en las instituciones educativas, desde la infancia y la adolescencia, donde la heteronorma se impone de manera excluyente. Así, asumir una sexualidad disidente se transforma en un proceso traumático y solitario, que en muchos casos coincide con el alejamiento temprano del hogar familiar y el precoz ingreso a la prostitución como opción de supervivencia, en el marco de múltiples condicionamientos materiales.
Si debemos poner de relieve algún factor de exclusión social, sin duda la imposibilidad de acceso a un trabajo formal es el más agudo y el que empuja al colectivo al cuadro crítico en el que se encuentra. Pero respecto del derecho a un trabajo formal para la comunidad trans, son nulas las políticas estatales.
En efecto, sólo la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chubut, Río Negro y Chaco aprobaron legislaciones referidas a cupo laboral trans, pero en ninguna de ellas se aplica por falta de reglamentación.
En Córdoba, está cajoneado un proyecto en el mismo sentido, presentado por el Frente de Izquierda, que propone que un tres por ciento de los empleos en el sector público estatal sea ocupado por personas trans-travestis.
Desde la Agrupación 1969 LGTBI se ha iniciado un relevo y un empadronamiento provincial de las personas trans desempleadas, para acercarles a las autoridades provinciales datos concretos y viabilizar políticas tendientes a satisfacer este reclamo urgente.
La situación del colectivo trans es, quizá, el mejor ejemplo de la pobreza y el desempleo estructural del régimen capitalista, pero también del atraso social, la cosificación y la mercantilización del género femenino, en este caso de las feminidades trans, situación que se acentúa en épocas de crisis, ajuste y FMI.
Por ello, no es extraño que el alza en la lucha de las mujeres haya emergido unida a la lucha de las sexualidades disidentes, que reconocen una responsabilidad estatal común en los múltiples flagelos que las atraviesan.
En este cuadro, al igual que la educación sexual, el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado, la lucha por trabajo genuino no puede esperar y es la bandera con la que lograremos justicia por Laura Moyano, Estrella Belén Sánchez, Azul Montoro y todas las víctimas de este genocidio silencioso.
Diputados mantuvieron una reunión con la Directora de Desarrollo Educativo y Coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral (ESI), Elisa Espeche, quien detalló la forma en que la temática se viene implementando y los progresos obtenidos hasta el momento. 
Al comienzo de la reunión, Espeche comentó que los ejes del programa son: garantizar la equidad de género, valorar la afectividad, cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos y respetar la diversidad. 
Además, explicó que no se cuenta con un programa específico en estas temáticas en la provincia, sino que se trata de una línea que debe respetarse en todos los sectores de la educación ya que hay muchos pasos previos antes de que los docentes brinden los contenidos en el aula. 
Así también, la funcionaria aseguró que en base a los datos que manejan se han reducido el número de adolescentes embarazadas desde que el plan se empezó a implementar en la provincia en 2012. 
En tanto, explicó que en base a la Resolución CFE N° 340/18 se trabaja en promover que todas las escuelas del país organicen un equipo docente de referentes de ESI y se incluyan contenidos acorde a cada jurisdicción. 
En este sentido, con la resolución ministerial 1004/19, los ministerios de las diferentes provincias, están obligados a implementar sistemáticamente los contenidos transversales de la ESI, mediante un módulo semanal de 80 minutos. 
Por otro lado, Espeche aseguró que es muy difícil trabajar de manera efectiva sin presupuesto fijo porque, entre otras cosas,  no se pueden realizar campañas de difusión del trabajo ejecutado y/o sobre información del tema. 
“Los docentes y directivos deben familiarizarse con los contenidos, leerlos e interpretarlos porque más allá de todas la capacitaciones que demos no alcanza si ellos no ponen de su parte”, dijo la funcionaria.
Además, afirmó que los sueldos para quienes trabajan en este sector son muy bajos, sumado a que hay una gran demora en el reconocimiento de los viáticos a los capacitadores cuando viajan a jornadas en los diferentes puntos de la provincia.   
“Somos 7 personas que trabajan activamente para el programa de la ESI en la provincia, la verdad que con el personal que contamos no damos abasto para responder los pedidos de todos los puntos de Salta”, dijo la Directora del ESI.
Otro punto en el que hizo hincapié Espeche, fue en la falta de capacitación de la temática en muchos hospitales y centros de salud, ya que son varios los jóvenes que les hicieron saber que en dichos lugares no se les brinda los métodos anticonceptivos o bien el personal no está capacitado para atender las necesidades de los adolescentes. 
“Es muy positivo que en varios sectores de la sociedad se van perdiendo los miedos a preguntar y a todo lo nuevo que implica lo dictado por la ESI”, dijo la funcionaria. 
Aunque reconoció que existen diferentes sectores que no tienen interés genuino en el tema, y por más que se expongan los contenidos de forma efectiva, no van a cambiar sus posturas y van a atentar contra la implementación de la ESI. 
La diputada Silvia Varg manifestó que el proyecto en Salta debe tener una bajada desde los altos mandos provinciales, ya que los temas relacionados a la Educación Sexual Integral de los niños y adolescentes tendrían que contar con una partida especial en el presupuesto provincial y no esperar a fondos nacionales, para que todo el trabajo realizado sea efectivo. 
“La ignorancia se mata con conocimiento, por eso es muy importante que los docentes de los diferentes puntos de la provincia estén capacitados para transmitir efectivamente los conocimientos adquiridos en cuando a la ESI”, dijo la legisladora
En tanto, el diputado Claudio Del Plá afirmó que es muy importante un trabajo integral y que la provincia se involucre en la problemática, cosa que hasta el momento no sucede.  
En la reunión estuvieron presentes los diputados Rosana Guantay, Silvia Varg y Claudio Del Plá.    
El violento hecho ocurrió el domingo en la tarde. Los clientes como los empleados vivieron momentos de gran tensión por el accionar de los sujetos encapuchados.


Cómo fue el asalto
Se  registró pasada las  19 del domingo, cuando dos delincuentes que estaban encapuchados ingresaron en la heladería Iglú, ubicada en calle 25 de Mayo esquina Sarmiento de Orán, empuñando un arma blanca con la que agredieron a los empleados  y a clientes que se encontraban allí.  Tanto los empleados como los clientes fueron asaltados. 
Se habrían llevado alrededor de $ 4 mil desde la caja del local, además de las billeteras y celulares de los clientes. Tras el robo huyeron del lugar subiéndose a motos que aguardaban por ellos. 
Según informa la Policía, las cámaras del sistema de videovigilancia registraron el movimiento de los delincuentes y mediante el sistema de reconocimiento facial se avanzó en la identificación y posterior detención de los delincuentes. 
El dia Martes por la noche detuvieron a dos delincuentes mientras restaba uno. 

Hace unas horas la Policía confirmó a Cadena NOA que lograron con el objetivo de detener a un tercero y fue identificado como “Chino” Oscar Leandro Solano (23) de Caballito.
Personal de la Comisaría 23 desarticuló  una banda involucrada en delitos contra la propiedad. Hubo secuestros y cuatro jóvenes quedaron a disposición de la justicia.

Personal de la comisaría 23,  Colonia Santa Rosa,  realizaron una importante labor en torno a las denuncias por robos en  esa ciudad, por ello, logrando establecer los domicilios de las personas involucradas.
Finalmente, en el transcurso de la jornada de ayer demoraron a los sospechosos en el Asentamiento Nueva Esperanza. Uno de ellos intentó lesionar a los efectivos con un machete, siendo finalmente  reducido  sin resultar personas heridas.
Secuestraron varios elementos de dudosa procedencia, entre ellos; accesorios de baño que habrían sido sustraídos de un edificio en construcción, garrafa, reproductor de DVD, sillas y  un televisor, entre otros objetos,  que corresponderían a otras denuncias por robo.

De esta manera la banda quedó desarticulada, quedando tres  jóvenes  y  un adolescente de 16 años a disposición de la Fiscalía interviniente.
Intendentes de la provincia de Salta dieron a conocer una solicitada en la que se solidarizaron con la familia del exjefe de Gabinete, Fernando Yarade y ratificaban el apoyo como candidato a gobernador. Sin embargo, la misma no cuenta con la firma de Marcelo Lara Gros; Intendente de Orán.
El pasado lunes, Yarade anunció su renuncia a la Jefatura de Gabinete de la provincia, tras dar a conocer un video de un drone sobrevolando su vivienda. Manifestó que no permitiría que dañen a su familia y llegó a hablar de “gente mala y sucia” de la política.
La solicitada cuenta con la firma de los intendentes de Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Urundel, entre otros municipios. Sin embargo y sorpresivamente Marcelo Lara Gros, Intendente de Orán no la firmó.
Recordemos que el pasado fin de semana, el ahora ex jefe de Gabinete, Fernando Yarade estuvo presente en Orán en la inauguración de la estatua del General Manuel Eduardo Arias y Marcelo Lara Gros estuvo acompañándolo.
En un mes de definiciones políticas para las elecciones de octubre, la renuncia inesperada de Yarade y el silencio del ahora exfuncionario comenzó a ser perturbador para algunos, quienes en un principio manifestaban abiertamente el apoyo a su candidatura por la gobernación, entre los que se encontraba Marcelo Lara Gros.
Fotografía de la solicitada firmado por intendentes salteños
- RADIO A
El Sindicato de empleados petroleros de Salta y Jujuy harán un paro la semana que viene durante tres días y la medida de fuerza afectará la distribución de garrafas de gas, disminuirá el caudal del gas que ingresa desde Bolivia y afectará el abastecimiento de combustibles en aeropuertos del norte del país.
Sebastián Barrios, secretario general del sindicato, indicó a Fm Profesional que hace una semana la empresa Refinor les comunicó que estaban a disposición la toma de licencias de los empleados, lo cual generó nuevamente alarma por posibles despidos.
Barrios señaló que en caso de producirse despidos, peligra la estabilidad social de Mosconi y Aguaray. Es por ello que piden garantías al gobierno nacional y provincial de que no habrá cesantías, a la vez que solicitan inversiones para nuevas perforaciones de pozos petrolíferos.
De no haber novedades, los empleados pararán del 1 al 3 de julio dejando sin abastecer garrafas ni combustible.
Las inscripciones se realizarán vía on line para la Dirección Escuela de Suboficiales.

En fecha 15 de julio de 2019, a partir de horas 08:00, se habilitará un link específico con cupo de 3.000 interesados, para que puedan preinscribirse vía online, debiendo imprimir la constancia donde constará la fecha y horario que deben hacerse presente con la totalidad de la documentación.

Se encuentra a su disposición en esta Sección personal para realizar peso y talla en el horario de 7.30 a 22.00 horas, al cual deben concurrir con D.N.I.
Puesteros de la Asociación Criollos Unidos por Nuestra Tierra, de Salta Forestal, en Anta, se manifestaron preocupados por la existencia de un acta acuerdo mediante la cual se otorgarían en concesión 40 mil hectáreas a una asociación de productores de legumbres lo cual implicaría más tierra preservada para el cultivo de soja.

María Montenegro, una de las referentes de la asociación entrevistada por Nuevo Diario, se refirió a este tema, tras la reunión que se mantuvo ayer entre los poseedores y el gobierno provincial.

Los campesinos y pequeños productores, poseedores de las tierras, realizaron una manifestación de protesta sobre la ruta provincial 41 durante el fin de semana, luego de conocer que el 19 de junio pasado parte de los funcionarios del gobierno provincial, junto a intendentes, la Asociación de productores, y los representantes de Salta Forestal SA, firmarán un acta acuerdo para la concesión de las tierras para su posterior explotación.

“Queremos que primero nos regularicen nuestra situación como poseedores de las tierras en lugar de empezar a entregarlas”, dijo Montenegro al explicar las objeciones de los puesteros.

La mujer recordó sobre las concesiones que se dieron durante el gobierno de Juan Carlos Romero (hoy senador nacional), a la empresa Eco Desarrollo de la familia Olmedo, y Néstor Cervera Cervera.

“Todos sabemos cómo terminó la historia”, sostuvo al dar referencia de algunas irregularidades que se encontraron tras hacer un análisis en el manejo de las tierras.

Cuestionamientos al canon
Entre los cuestionamientos más álgidos se encuentra el de la falta de pago del canon a la provincia por la explotación de las tierras. Pese a ello, se decidió hacer un contrato de renegociación en donde, además, se dispuso la entrega de tierras de 80 mil hectáreas por parte de Eco Desarrollo, y otras 30 mil hectáreas desde Cresud,una de las empresa que terminó adquiriendo la concesión que en algún momento estaba en manos de Cervera.

Ayer los puesteros lograron la reunión con la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal del Cid, aunque esperaban la cita con el hasta ese momento jefe de Gabinete del gobierno, Fernando Yarade. Una hora después del encuentro se enteraron que el funcionario había anunciado su renuncia al cargo.

f: NuevoDiario
Los puntos a tratar son:

- DESCONOCIMIENTO DEL GOBIERNO A LA CLÁUSULA DE REDETERMINACIÓN SALARIAL.
- TITULARIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE RELIGIÓN. Y TODA LA DOCENCIA.
- RECUPERACIÓN DE ADP.
- PRÓXIMA REUNIÓN PARITARIA CON EL GOBIERNO
- OTRAS MEDIDAS.
En el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en toda la provincia, efectivos de Caballería dependientes de la Unidad Regional N° 2 Oran, recorrieron las rutas y realizaron procedimientos por animales sueltos. 

Incautaron cinco caballos que deambulaban en Pichanal.  En la jornada de ayer, efectivos de Caballería de Orán, realizaron intensos patrullajes preventivos en procura de animales que se encuentren sueltos en la vía pública y representen peligro para las personas que circulen por la zona.  

En Pichanal llevaron a cabo dos procedimientos, uno en ruta 34 y otro en ruta 5 donde incautaron un total de cinco animales equinos por infracción al artículo 66 del código contravencional.
Juan Antonio Aguilera, conocido como "el patrón del mal del norte", fue procesado como presunto líder de una banda que se dedicaba al tráfico de cocaína, la trata de personas y la inmigración ilegal de ciudadanos chinos en la frontera de Salta con Bolivia. 

Además le trabaron un embargo en sus bienes por 60 millones de pesos, informaron fuentes de la investigación. Además, una de sus casas fue embargada y será entregada a Gendarmería Nacional y a la Policía salteña para que sea utilizada en sus actividades en la lucha contra el delito.  

El Juzgado Federal de Orán resolvió también el procesamiento de la mano derecha del “patrón del mal del norte”, un hombre identificado como Marcelo Atamanczuk (23), por el lavado de activos de origen delictivo.

Aguilera, de 37 años, fue detenido el 23 de mayo de 2018 tras dos años de inteligencia criminal. En ese operativo, 373 kilos de cocaína fueron secuestrados, además de 50.000 pesos en efectivo, celulares, cuatro vehículos, divisas y pasaportes de ciudadanos de origen chino.  

La organización criminal se desempeñaba en diferentes delitos, uno de ellos, el tráfico de ciudadanos de origen oriental en la frontera de Aguas Blancas-Bermejo.  Con el dinero recaudado de este ilícito, la banda invertía en el tráfico de estupefacientes, dijeron las fuentes.  

De la investigación se logró comprobar la conformación de esta estructura criminal y el rol que cumplía cada uno de los integrantes.  Además, el patrimonio de Aguilera fue incrementándose exponencialmente a medida que pasaba el tiempo e incluso había conformado una cooperativa de trabajadores de frontera para utilizarla como pantalla de los delitos.

A partir de las escuchas telefónicas, vigilancias y diversos seguimientos sigilosos, la Gendarmería estableció que se llevaría a cabo un traslado de una importante carga de cocaína desde Orán hacia la Provincia de Buenos Aires.  

Sin embargo, dicha operación fue frustrada con el secuestro de 359,596 kilogramos de cocaína fraccionados en 347 paquetes con las insignias de un delfín con una flecha, la forma de una luna y las letras de MG.  

En el procedimiento se detuvo al "Patrón del Norte" y a su mano derecha, que viajaban en una camioneta más atrás.  Luego, junto con la Policía de Salta se allanaron diez domicilios en la ciudad de Orán logrando detener a otros tres integrantes de la banda y secuestrar otros 13,607 kilos de cocaína.  

La Justicia federal resolvió el procesamiento de los sospechosos y el embargo por 60.000.000 de pesos, que recaen en la vivienda del "Patrón del Norte" y los bienes del cómplice.

En la presentación hecha el lunes 24la fiscal penal de Violencia de Género, María Soledad Filtrín Cuezzo fundamentó el recurso de apelación en contra del Punto II de la resolución dictada el viernes 21 del corriente pidió que se declare la nulidad del punto II del Auto Resolutivo por el cual se ordenó la autorización provisoria de salir del país; “por falta de fundamentación”. 

En el mismo instrumento, la Fiscal pidió que se ordene la inmediata citación del imputado a los fines de retenerle nuevamente los documentos de viaje como medida coercitiva y se le notifique la vigencia de la prohibición de salir del país.
La fiscal interviene en la causa caratulada “Zanchetta Gustavo Oscar, abuso sexual simple continuado calificado por la condición de ministro de culto”, en perjuicio de dos personas.
Vale recordar que el viernes 21, y a través de su resolución, el Juez dispuso “autorizar provisoriamente al imputado Oscar Zanchetta a salir del país a partir del día de la fecha, debiendo presentarse indefectiblemente por ante este Juzgado el día 08/08/19 a hs. 10:00 con las constancias que acrediten los motivos que sirven de base a la solicitud de viaje que se autoriza, haciéndole conocer al mismo que en caso de incomparecencia operará en forma inmediata su detención”.
En ese sentido, Filtrín Cuezzo consideró que “el decisorio resulta arbitrario y carente de fundamentación suficiente ya que, contrariamente, ordena por un lado no hacer lugar al levantamiento de las medidas sustitutivas de coerción que sopesaban sobre el acusado (otorgando razón al Ministerio Público Fiscal al contestar vista negativa), y, por otro lado, autoriza al imputado Zanchetta a abandonar el país por un período de tiempo con la consiguiente restitución de su pasaporte, basada en razones de índole laboral no acreditadas fehacientemente”.
agregó que en su resolución, el magistrado no respetó el “principio de coherencia”, ya que se advirtió “una palmaria falta de conexión y relación” entre lo dispuesto en el punto I y el punto II” del fallo apelado.
Además, la Fiscal sostuvo que la investigación no se agotó con la mera realización de los informes periciales psicológico y psiquiátrico, ya que podrían requerirse otros medios probatorios y otras diligencias que podrían demandar nuevamente la presencia del acusado.