Declaraciones de Aduaneros complicaron más al ex juez Federal Raúl Reynoso

Prensa | 27.6.18 | 0 comentarios

En la que fue la última audiencia antes del inicio de la feria judicial, se escuchó en la jornada de ayer la declaración de dos funcionarios de Aduana que años anteriores se desempeñaron en Orán y Salvador Mazza.

En esta oportunidad, el fiscal Ricardo Toranzos actuó en juicio, por ausencia de Carlos Amad. Se trata de Carlos Alberto Frías y Javier Bach quienes desarrollaron funciones en la época en la que Raúl Reynoso era juez Federal en Orán.

Ambos tuvieron actuaciones en causas como Claure Castedo y José Luis Cejas Rosales, ambas en las que el ex magistrado está acusado de haber actuado de forma incorrecta. Tal el caso de Félix Fernando Claure Castedo quien en abril del año pasado recibió siete años de condena, tras ser encontrado culpable del transporte de 600 kilos de cocaína líquida. En esa oportunidad, el camión en el que se transportaba la droga estaba trabajando para el narcotraficante Cejas Rosales.

El camión fue devuelto, por orden del ex juez Reynoso, tras el procedimiento a Bolivia, trámite que no corresponde, ya que se trataba de un vehículo utilizado para cometer un delito, cuya instrucción estaba en marcha.

Un fiscal conocedor
El fiscal, conocedor de la causa por haber sido quien la investigó, consultó a Frías sobre el registro que la Aduana efectuaba sobre los vehículos que entran y salen, más cuando se trata de camiones.

“Sí, efectivamente se lleva un registro y se conoce cuando existen empresas que a través de camiones propios o permisionarios, son recurrentes”, dijo Frías.

De esta forma, Toranzos confirmó la existencia de ese registro, yendo en contra de los dichos de Reynoso, cuando consultado sobre la devolución de camiones, se amparó en la falta de herramientas que permitieran mostrar esos datos.

Posteriormente, Frías señaló que sólo el juez podía autorizar que un vehículo secuestrado pudiera salir del país. Otro tanto ocurrió con la droga secuestrada señalando que iba al depósito de Gendarmería en el escuadrón 20, el mismo que ahora está cuestionado por la desaparición de 50 kilos de cocaína, suplantadas por yeso, las llaves las tenía solo el juzgado Federal de Orán y la propia fuerza de seguridad.

El origen de las amenazas
Por su parte, Bach se refirió a lo actuado en oportunidad de haberse tomado conocimiento de las actuaciones por las amenazas que recibió el titular de la Aduana de Orán división Narcotráfico, Jorge Maldonado, recordando que se supo provenían desde la persona de Iván Cabezas, porque así se lo contaron, no fueron notificados oficialmente de esa situación.
“Eran expresiones conocidas in voce, por escuchas telefónicas con amenazas a Maldonado”,  dijo Bach.

Finalmente, el comandante de Gendarmería Gabriel Riveros, se refirió a tanto a las causas en las que actuó como la del presidente del Concejo Deliberante de Joaquín V. González, juzgado en la Sala II del Tribunal Oral Federal, y en la causa de Miguel Farfán prófugo de la justicia, que fuera liberado con anterioridad a esa fuga por el ex juez imputado por jefe de una asociación ilícita dedicada a beneficiar a narcotraficantes, prevaricato y cohesión; junto al ex magistrado están siendo juzgados los abogados Ramón Valor, Eladio Gaona, María Elena Esper y René Gómez, los empleados del Juzgado Miguel Saavedra y Julio Aparicio y, la hermana de este último, Rosalia Aparicio.


Riveros declaró desde el Consejo de la Magistratura en Capital Federal por video conferencia, y desde allí se refirió a los peritajes y análisis de llamadas telefónicas que le tocó llevar adelante cuando se inició la causa en contra de Reynoso.

En el expediente se conocieron numerosas llamadas telefónicas entre algunos de los abogados y el ex juez, en coincidencia, según la elevación a juicio, con beneficios otorgados a ciertos narcotraficantes.

En su interrogatorio Reynoso buscó plantar la duda de la forma en la que quedaron plasmadas esas llamadas en los registros, llevando a definir cuando es una comunicación y cuando se considera una llamada.

Sin embargo, al interrogar a Toranzos, Riveros aclaró que lo que queda en los registros es lo que se considera llamadas, por más cortas que sean, no así las comunicaciones donde no llega a responder ni el contestador.

Las audiencias pasaron a cuarto intermedio hasta el 23 de julio, en razón de la feria judicial de invierno que se inicia en julio.

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