[Editorial] Una crisis sobre sus propias premisas

Prensa | 4.5.18 |

Es claro que la crisis actual se funda en las premisas de la propia política del gobierno. La renovada tregua que la burocracia sindical le otorgó al macrismo, luego de las jornadas de diciembre, le permitió a éste retomar la iniciativa y aplicar buena parte de su política. Impuso en una mayoría de sindicatos las paritarias del 15% sin cláusula gatillo, con despidos masivos en el Estado y una nueva tanda de tarifazos, tal como estaba pactado con petroleras y privatizadas. Incluso sacó del cajón la reforma laboral archivada en diciembre y la enviaron al Congreso con un guiño favorable de la burocracia sindical y del pejotismo, al menos en el 90% de su articulado. Con aval de la UIA y aplauso de las Pymes reintrodujeron la rebaja indemnizatoria que facilita el despido, la racionalización de planteles y el reemplazo de trabajadores por el empleo joven, precario y con salarios basura. Sin embargo, el gobierno enfrenta la crisis más grave desde su asunción, sin poder culpar a la oposición por bloquear su programa. Al revés, ha sido su aplicación sistemática la que creó la crisis actual.
¿Errores no forzados?

Este análisis se opone a los que sostienen que el gobierno ha cometido ‘errores no forzados’, y que busca salvar la política en curso con correcciones menores. Quieren ocultar el agotamiento del rescate capitalista que el macrismo vino a operar en favor del capital internacional.

El repunte inflacionario ha colocado en cuestión las paritarias ya firmadas, así como también la viabilidad de los créditos hipotecarios que se ajustan por el índice de precios y que permitieron un crecimiento de la construcción. Al mismo tiempo, la inflación recrea la crisis cambiaria y comercial que pretendieron resolver con la devaluación de diciembre. La carestía creciente también explica la caída del consumo masivo, con la que pretenden justificar los despidos en supermercados. Y cuestiona la continuidad de los tarifazos, que echan más leña al fuego de la inflación. Pero la inflación es, en verdad, la consecuencia de todas las contradicciones de la política económica. El endeudamiento masivo ha dado lugar a una emisión monetaria similar a la del kirchnerismo, con consecuencias también similares sobre los precios. Las Lebac, utilizadas para esterilizar esa emisión, agravan a término lo que pretenden solucionar, ya que cada rescate requiere una emisión adicional para pagar intereses crecientes y una mayor tasa de interés para compensar la inflación y la tasa de devaluación. El atraso cambiario generado por el ingreso de dólares de la deuda produjo un déficit de 10.000 millones de dólares de la balanza comercial, lo que llevó a un choque con grupos capitalistas locales. La devaluación de fin del año pasado y principios de este año, impulsada para compensar a estos grupos, puso en crisis al carry trade, que exige un tipo de cambio planchado. De modo general, la suba de la tasa de interés de Estados Unidos ha reforzado la tendencia siempre presente a la fuga de capitales, que ha sido récord en los primeros meses de 2018. El encarecimiento del crédito internacional plantea la imposibilidad de financiar una economía quebrada, con un déficit de balance de pagos (diferencia entre entrada y salida de divisas) de 30.000 millones de dólares al año.

A la luz de lo señalado quedan expuestas las improvisaciones del gobierno. Un ejemplo claro es lo que puede suceder con las jubilaciones. Ocurre que la crisis de fin de año con la reforma previsional no fue otra cosa que el intento de robarle a los jubilados 100.000 millones de pesos mediante el cambio de la fórmula de movilidad, dándole mayor relevancia al ajuste por inflación que por crecimiento económico (indexación trimestral 70%, crecimiento económico 30%). Ahora bien, como resultado de la crisis, todas las previsiones han reducido el crecimiento del PBI de este año a un 2%, mientras se elevan las expectativas inflacionarias. Al final del camino, al gobierno le puede salir el tiro por la culata y terminar pagando con el nuevo cálculo más que con el anterior, mientras la Anses se desfinancia como resultado de la disminución progresiva de aportes patronales.
La cuestión política

La crisis económica ha golpeado fuertemente la imagen del gobierno. Buena parte del oficialismo admite que la propia figura de Macri está por perforar -hacia abajo- la delicada línea de los 40 puntos de intención de voto. O sea que el propio gobierno que instaló que iba por su reelección, ahora descubre que no tiene los votos para lograrlo. Que en la oposición no haya nadie que demuestre un liderazgo no sirve como consuelo. Después de todo, el propio macrismo llegó al gobierno por el agotamiento del kirchnerismo. La historia puede repetirse, pero al revés. Las divisiones al interior del oficialismo son una manifestación de esta crisis política. La salida de Monzó, partidario de un cogobierno con el pejotismo, plantea la alternativa del pasaje a la oposición de parte del oficialismo.

La oposición pejotista vive su propia encrucijada. Si quiere canalizar el repudio al gobierno debe evitar aparecer respaldando las iniciativas ajustadoras del oficialismo, pero para ganarse el apoyo de la clase capitalista debe impulsar un programa de ajuste. En relación con las tarifas, el pejotismo y el massismo han acordado un proyecto que plantea ajustarlas a futuro en base al aumento de salarios y una reducción del 50% del IVA en las boletas. La propuesta es ultra-conservadora, ya que reconoce los tarifazos superiores al 1.000% realizados en estos dos años. Ni por asomo plantea revisar el esquema de explotación de servicios públicos e hidrocarburos por parte de los monopolios privados. El ajuste de las tarifas al índice de salarios pretenderá esgrimirse en favor de un virtual congelamiento de éstos, ya que cualquier aumento conquistado con lucha se traslada inmediatamente a las tarifas, con el impacto directo e indirecto que tienen sobre los precios y la inflación de conjunto. Con todas estas limitaciones, el proyecto para el gobierno es inaceptable, ya que plantea una mayor crisis fiscal y la necesidad de un mayor endeudamiento. Las más grandes centrales empresariales han salido a cuestionarlo y Macri ha anunciado que vetará la ley, en caso que se apruebe.

Pero mientras utilizan la cuestión tarifaria para explotar el creciente repudio al gobierno, el pejotismo y el massismo han pactado con el gobierno la aprobación de la reforma laboral que entró al Senado en una versión fraccionada. Este acuerdo ha sido elaborado cuidadosamente con la burocracia sindical, en todas sus variantes. Esta burocracia, incluidas sus alas kirchneristas, se ha sumado a la firma de paritarias del 15% en cuotas reclamadas por Triaca y las patronales. El último en sumar su firma fue el bancario Palazzo, que entregó la lucha que venían librando los bancarios con mucha determinación. En momentos que se plantea la reapertura de todas las paritarias ya cerradas al 15%, el kirchnerismo hace su aporte a la tregua con el gobierno, admitiendo una rebaja salarial ante una patronal con gran capacidad económica para atender reclamos salariales.

Qué hacer

Aunque los Pichetto, Massa y Urtubey quieren jugar su partida dejando fuera a los trabajadores, un veto del gobierno a la ley tarifaria puede generar una crisis que derive en una intervención popular. La tregua de la burocracia no ha permitido que los trabajadores expresen su repudio mediante una acción sindical sostenida y de conjunto. Pero no ha pasado una semana sin que se produjeran manifestaciones populares de masas, ya sea por el reclamo del aborto legal o por el asesinato de un chofer de colectivo, o por la violación de una menor ante las zonas liberadas de la policía. En Argentina, todas las clases sociales están soliviantadas.

A los juegos por arriba de la oposición pejotista es necesario oponerle una política que impulse la intervención de los trabajadores. No queremos maniobras de desgaste sino derrotar al gobierno y conquistar los reclamos populares -éste debe ser el mensaje del Frente de Izquierda a todos los trabajadores, las mujeres y la juventud. Para eso es necesario un programa. Contra el tarifazo, planteamos la anulación de los aumentos dispuestos por el macrismo, la apertura de los libros de las empresas y la nacionalización sin pago de los recursos naturales y energéticos bajo gestión de los trabajadores. Ante la inflación creciente, planteamos la reconvocatoria de todas las paritarias ya cerradas. Llamamos a comenzar un plan de movilizaciones y actos contra la reforma laboral, pactada por el gobierno, la oposición pejotista y la burocracia sindical. Para conquistar el derecho al aborto, reforzar la acción callejera al acercarse el momento de la votación en el Congreso. Apoyar con todo las luchas tenaces contra los topes paritarios de Aten Neuquén y docentes universitarios, a imponer un curso huelguístico contra los paros dosificados de Baradel. A coordinar las acciones en apoyo a las grandes luchas como mineros del Turbio o el Inti. A ganar la calle contra las contrarreformas educativas, como lo están haciendo masivamente los terciarios, a los que se suman los secundarios y universitarios.

Llamamos a realizar una campaña contra el pacto Macri-CGT, planteando la necesidad de un paro activo nacional y un plan de lucha, por la reapertura de las paritarias, contra los tarifazos y despidos, y por el retiro de la reforma laboral del Congreso. Ante la traición de la burocracia, planteamos la necesidad de un Congreso de delegados mandatados por asambleas de bases de la CGT, la CTA y todos los sindicatos, para que los trabajadores tomen en sus manos la lucha contra el gobierno. Impulsamos un reagrupamiento del sindicalismo combativo y clasista con estas perspectivas.

Como votó el XXV Congreso del Partido Obrero e hicimos sonar muy fuerte en la tribuna del 1º de Mayo, levantamos la consigna “por la unidad de la clase obrera y la izquierda para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores con los métodos de la movilización popular y la lucha de clases”.

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