PAMI: la rebaja del 5% en los medicamentos no toca el gran negocio de los laboratorios

Prensa | 28.3.18 |

El gobierno ha lanzado una campaña mediática de proporciones con el principio de acuerdo que alcanzó con los laboratorios extranjeros agrupados  en CAEME, por el cual esas empresas aceptan realizar una rebaja del 5% sobre los precios actuales de los medicamentos que le venden al PAMI, la obra social de los jubilados, que es el comprador del 40% de los remedios que se venden en nuestro país. Del convenio no participan aún los denominados laboratorios nacionales encabezados por Bagó, que reclaman algunas concesiones para firmarlo.
La base para el acuerdo es que los laboratorios agrupados en todas las cámaras han armado un abultado colchón de precios a lo largo de estos últimos años que les permite “conceder” esta pequeña rebaja. Así, según surge de un muestreo realizado por la ONG Consumidores Libres, el aumento de los precios de  los medicamentos para enfermedades crónicas, entre diciembre del 2015 y febrero del 2018, fue de entre 82 y 269 por ciento, mientras que la inflación del período llegó al 55 por ciento.
Es decir que los jubilados que sufrieron golpes fuertes en sus bolsillos por los aumentos abusivos de los remedios, ahora recibirían una migaja.
Pero, además, en marzo del 2016, el PAMI decidió quitarle el descuento del 100%  a 163 medicamentos, entre ellos muchos destinados a enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, asma y enfermedades cardiovasculares. A ellos se sumaron algunos antibióticos y antidepresivos y la reducción, en todos los casos, de la cantidad de unidades mensuales que se le entrega a cada enfermo.
Y, a principios del 2017 vino un nuevo golpe a los jubilados cuando el PAMI dejó de entregar medicamentos de manera gratuita a aquellos que cobren más de 1,5 haberes previsionales mínimos (hoy alrededor de $12000), con el cínico argumento de que no podía otorgarse ese descuento a beneficiarios “con altos ingresos, que tienen autos o aviones”.  Tampoco se los otorgan a los que tienen una prepaga, cuando muchos jubilados deben asociarse a ellas, con mucho esfuerzo o pagado por su familia, por la deficiente atención del PAMI.
Con plata del colchón
Una muestra del colchón y de las fabulosas ganancias de los laboratorios acumuladas en los últimos años, es que, en marzo del 2016, en medio de negociaciones con el gobierno, el sector decidió condonarle al Estado, $1300 millones de una deuda por medicamentos como una concesión “graciosa”. En los meses subsiguientes, como surge del muestreo de Consumidores Libres, los laboratorios recuperaron con creces ese dinero.
En la actual negociación, además de pedir un porcentaje ínfimo de rebaja, el gobierno fue cediendo a distintos reclamos de los laboratorios. En primer lugar, según publican los medios afines al oficialismo, los precios sobre los cuales se realizarían los descuentos serían los actuales –como pedían los laboratorios- y no los de diciembre pasado, como pretendía originalmente el gobierno.
Además, los precios no quedarán congelados hasta finalizar este año como, según dejaron trascender los funcionarios oficiales, era su pretensión inicial. El acuerdo con los laboratorios extranjeros establecería, según aquellos medios, que los precios se irán actualizando en el año con el 70% de la inflación acumulada. Uno de los reclamos de CILFA es que se incrementen por el 100% de la inflación.
Una industria monopolizada
El carácter monopólico del sector le ha permitido a lo largo de la historia acumular ganancias fabulosas. No solo porque son pocos los productores -a nivel mundial- de las drogas básicas, amparadas por las patentes, que luego venden a los demás laboratorios que quieran fabricar el producto, sino porque, en particular en nuestro país, los grandes laboratorios son los que controlan prácticamente toda la cadena.
Ellos tienen el manejo de las principales droguerías que actúan como intermediarias entre los laboratorios y las farmacias y también cuentan con participación accionaria en algunas de las más grandes prepagas médicas.
Más perjudicados
Un dato adicional de las limitaciones del acuerdo es que no está previsto que rija para la venta al público. Es decir que los pacientes que se atienden en los hospitales públicos y no cuenten con obra social, ni siquiera recibirán el beneficio del descuento acordado por el gobierno.
El negocio de los fármacos, al igual que el del conjunto de la atención médica, atenta contra la vida y la salud de la población trabajadora. Los sucesivos gobiernos han desfinanciado  a los hospitales públicos y reducido al mínimo la producción estatal de medicamentos.
Una respuesta a fondo a este atentado contra la población es la liquidación de los monopolios que suman multimillonarias ganancias a costa de la salud y la producción estatal de los medicamentos. Ese será el camino de un gobierno de trabajadores.

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