Crisis de los ingenios, crisis de Salta. Por Natalia Buira.

Prensa | 21.2.18 |

Pero la crisis económica y social en la que se encuentra sumida la provincia no termina allí, las inundaciones del Chaco salteño y sus gravísimas consecuencias para sus ya empobrecidos habitantes nos muestran un gobierno provincial inercial.

El año 2017 terminó en Salta con la reforma tributaria, situación que el gobernador aprovechó para aumentar la alícuota -sí, aumentar- del impuesto a las actividades económicas.
El año 2018 comenzó con el cierre del ingenio San Isidro, ubicado a escasos 59 km de la ciudad de Salta, con la pérdida de sus trabajos para más de setecientas personas, pero que con los empleos indirectos dicho impacto alcanza a más de 1.200 trabajadores aproximadamente. Y a infinidad de cañeros.
Por su parte, el ingenio El Tabacal ha enviado telegramas de despido a casi 200 empleados. Dicha empresa agroindustrial ha aceptado la conciliación obligatoria pero ya sostuvo que no hay marcha atrás sobre la decisión tomada y que pagará el 100% de las indemnizaciones; mientras tanto, los despedidos del ingenio San Isidro solo cobrarían la mitad de las indemnizaciones de aprobar el Ministerio de Trabajo de la Nación el procedimiento preventivo de crisis, aunque no se entiende muy bien lo de "preventivo", porque el ingenio se encuentra ya cerrado.
En medio de esta gravísima situación, de la cual no resultan ajenos ni el Gobierno provincial ni el nacional, el titular del gremio de empleados y obreros azucareros del ingenio San Isidro ha elogiado la actitud del gobernador de viajar a Perú para evitar el cierre del ingenio, viaje que realizó cuando el ingenio ya estaba cerrado y la situación de años atrás hacía previsible este desenlace.
El Fondo y la ley
El ingenio El Tabacal es el principal empleador privado salteño, con 1.700 puestos de trabajo directos y miles más de indirectos.
Pero la crisis económica y social en la que se encuentra sumida la provincia no termina allí, las inundaciones del Chaco salteño y sus gravísimas consecuencias para sus ya empobrecidos habitantes nos muestran un gobierno provincial inercial y cabe preguntarnos, frente a la nula planificación, dónde fueron a parar los dineros del Fondo de Reparación Histórica, porque obras de infraestructuras necesarias para impedir estas inundaciones no existen. Mientras tanto ningún fiscal de la provincia decide investigar respecto del destino de dichos fondos.
La solidaridad de la gente se muestra, lo que no se muestra y no aparece es la responsabilidad estatal.
El artículo 76 de la Constitución de la Provincia de Salta, por la que han jurado todas sus autoridades al asumir sus cargos, expresa:
"Desarrollo económico social: Los poderes públicos: - realizan una política orientada al pleno empleo, - fomentan la producción agraria y su desarrollo tecnológico, - estabilizan la población rural y procuran su acceso a la propiedad, - estimulan la industrialización de la Provincia promoviendo, preferentemente, la transformación de las materias primas en el ámbito de aquella y la radicación de capitales y tecnología, - promueven la obtención de nuevos mercados nacionales o internacionales, para los productos locales".
Este artículo constitucional, que es una manda para los poderes públicos, nos indica que es una obligación para los poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso social y económico.
La letra de la ley
La Constitución Provincial, Comentada, Anotada y Concordada, dirigida por los Dres. Abel Cornejo y Guillermo Catalano, nos dice en su tomo I al comentar este artículo constitucional: "En este artículo el Estado se compromete a implementar una serie de políticas tendientes al logro de objetivos económicos y sociales para el desarrollo de la provincia: el logro del pleno empleo, el fomento de la producción agropecuaria y su tecnificación. Asimismo, se propone la industrialización de la provincia, que la manufactura de las materias primas se realice en Salta, y que aquí se radiquen los capitales y los recursos técnicos; todo lo cual significa avance económico y social".
Por su parte el artículo 71 de la Constitución Provincial expresa: "La actividad económica se orienta al servicio del hombre y al progreso de la comunidad. La iniciativa económica es libre. Los poderes públicos promueven la distribución equitativa de la riqueza".
El mismo libro dirigido por los Dres. Cornejo y Catalano al comentar dicho artículo nos dice: "Como puede apreciarse, el artículo que comentamos se inspira en una concepción decididamente humanista, colocando al hombre como fin y no como medio de la economía y, al mismo tiempo, se preocupa por el progreso económico de la comunidad toda, en la que el hombre se halla inserto".
Para continuar más adelante expresando: "Como puede apreciarse, la normativa constitucional se inspira en la llamada economía social de mercado, al declarar que la actividad económica se orienta al servicio del hombre y al progreso de la comunidad, al consagrar la actividad privada".
Hay que preguntarse si los poderes políticos en Salta están cumpliendo las claras mandas constitucionales, surge evidente que no.
Frente a esta enorme crisis económica y social en que se encuentra sumida la provincia de Salta cabe preguntarse también por el rol de la oposición política que permanece dormida, con la honrosa excepción de los diputados radicales que solicitaron al gobernador convoque a sesiones extraordinarias a la Legislatura, pero el gobernador piensa esperar al parecer al 1 de abril, como si la situación extrema de Salta no ameritara la convocatoria peticionada.
Cabe preguntarse igualmente por la actividad del CES, el Consejo Económico y Social, que manejado totalmente por el gobernador provincial a través de sus autoridades permanece impasible frente a tamaña situación provincial.
Esta semana entrante tendrá su reunión mensual el CES y veremos qué manifiestan públicamente respecto de esta crítica situación económico-social y, sobre todo, qué cuestionan al Gobierno provincial y qué exigen al mismo.
El Consejo Económico y Social está normado en el artículo 77 de la Constitución de Salta que expresa “Planificación”. 
Consulta a los sectores interesados: Los poderes públicos, en consulta con los sectores productivos y del trabajo, sancionan planes económico-sociales indicativos para el sector privado de la economía e imperativos para el sector público provincial y municipal.
Dichos planes procuran el desarrollo equilibrado y armonioso de la provincia, conjugando los intereses de sus diversas regiones con los de las provincias del Noroeste Argentino y de la Nación.
La creación del Consejo 
Por ley se crea el Consejo Económico Social integrado por representantes de la producción, el trabajo, la cultura, la ciencia y la tecnología.
Cabe interrogarse si la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector de la industria azucarera y de otros tantos de forma indirecta en la producción agraria afín está dentro del famoso plan 2030; cabe preguntarse si esta crítica situación económica y social que se vive es el desarrollo armonioso y equilibrado de la provincia y si las nefastas consecuencias de la falta de infraestructura necesaria en el Chaco salteño es el velar por los intereses de sus diversas regiones. Cabe preguntar qué planifica este Consejo integrado por la Sociedad Rural Salteña, la Cámara de Comercio e Industria de Salta, el Arzobispado salteño, el Foro de Intendentes de la Provincia, el Ippis, el INTA, el INTI, la Unión Industrial de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, entre otras muchas instituciones.
La Constitución comentada citada nos dice en su tomo I, reflexionando sobre el rol del Consejo Económico y Social: “De esta manera, se institucionalizan los grupos de presión y se los reconoce como parte del juego de fuerzas en el paisaje constitucional”. Para decir más adelante: “En ocasiones se ha concluido en calificarlo de dudosa utilidad, deberá ponerse énfasis en garantizar la calidad representativa de los miembros del cuerpo, su independencia de criterio y su idoneidad”
A trabajar!
A la luz de los acontecimientos provinciales cabe concluir en contra de la idoneidad del Consejo Económico Social de la Provincia de Salta, como también de su falta de independencia de los poderes políticos. ¿Seguirán indolentes dejando a Salta sumida en esta crisis económica y social que afecta sobre todo a las personas y los grupos más desaventajados de esta provincia?  ¿O Gobierno, oposición y los grupos de presión integrantes del Consejo Económico y Social se pondrán a trabajar seriamente por el desarrollo económico y social de Salta? ¡A trabajar, señores!
 FUENTE: EL TRIBUNO

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