Temen que el presunto testaferro de Castedo se fugue

Periodistas | 4.11.17 |

Eduardo Torino fue liberado y la fiscalía apeló esa resolución al considerar que se pone en peligro la investigación por el alto poder de la organización.
Luego de dos meses detenido, el presunto testaferro e integrante de la banda narco liderada por Delfín Reynaldo Castedo, Eduardo “Pinto” Torino, fue excarcelado por un fallo dividido de la Cámara Federal de Apelaciones conocido un mes atrás. El fallo cayó mal en el Ministerio Público por lo que fue inmediatamente apelado y concedido por la Cámara, por lo que la resolución quedará en manos la Cámara Federal de Casación Penal.
El fiscal aseguró que la liberación de Torino subestima el tipo de empresa criminal que se investiga.
La Fiscalía consideró que, al ser liberado, el imputado Eduardo Torino puede entorpecer la investigación causándole daños irreparables. Entre los peligros más salientes que vislumbró están los de la posibilidad de que se fugue -no podría realizarse un juicio en ese caso- o de que amenace a los testigos.
“Además de la existencia del riesgo de fuga, el imputado puede continuar ejerciendo las conductas que se le imputan, poniendo en riesgo la investigación en curso, así como la producción de medidas de prueba e integridad de testigos, los que podrían resultar presionados, comprometiéndose con ello la responsabilidad del Estado Argentino frente a los compromisos internacionales asumidos en materia de lucha contra el narcotráfico y lavado de activos de origen ilícito”, expresa el recurso presentado por el Ministerio Público.
El fiscal aseguró que la liberación de Torino subestima el tipo de empresa criminal que se investiga y el verdadero aporte brindado por el imputado a la presunta organización narcotraficante a la que acusa de tener una poderosa estructura económica, con la que se dedicó a la comisión de conductas de narcocriminalidad incluso en forma reciente.
La investigación entiende que, además, posee vínculos con otros países que aumentan el riesgo de fuga como el caso de algunos de sus miembros que aún se encuentran prófugos con pedido de captura nacional e internacional (como Ricky Erva), recordando que el jefe de la asociación (Delfín Reynaldo Castedo) aunque fue capturado, permaneció durante diez años en la clandestinidad, para lo cual utilizaba pasaporte y documentos apócrifos.
Además, apuntó que la gravedad de los delitos que se les acusa y la severidad de la escala penal, le impediría a Torino ser beneficiado con una eventual condena de ejecución condicional.
La acusación
A Torino se le imputó el hecho de formar parte en calidad de miembro, desde el 18 de mayo de 2011 hasta la actualidad, de una asociación de carácter estable, que tuvo por finalidad principal la comisión de hechos de tráfico ilícito de estupefacientes y la conversión, transferencia, administración y venta de bienes provenientes de dicha actividad, cuyo valor supera los $300.000, con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de origen lícito y, además, la perpetración de los delitos de amenazas, homicidio, tenencia de armas, cohecho, infracción a la ley de fronteras y falsificación y uso de documentos falsos. Fue detenido a fines de julio de este año.
Fincas en el límite con Bolivia
La organización criminal a la que Torino pertenecería desplegó en un largo período de tiempo sus conductas en este país, contando necesariamente para introducir el material estupefaciente con nexos y numerosos contactos en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como también con cuantiosos activos económicos, elementos que objetivamente elevan de manera considerable el riesgo de fuga del aquí imputado y pueden dar lugar al entorpecimiento de las investigaciones.

La Fiscalía había resaltado que de las numerosas intervenciones telefónicas dispuestas sobre el imputado revelan que éste forma parte de la organización criminal investigada, administrando la finca “El Aybal” de modo habitual y cumpliendo a su respecto el rol de testaferro de su jefe, Delfín Castedo, prestando asimismo una importante colaboración en la defensa judicial de los intereses de la asociación ilícita que presuntamente conforma.
Fuente: La Gaceta

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