Juicio a Reynoso: los que pagaron coimas ¿son víctimas o responsables?

Periodistas | 23.11.17 |

LA GACETA SALTA - Mientras desfilan los testigos que afirman haber pagado sobornos, los abogados defensores cuestionan que se cambió la figura delictiva para beneficiarlos.

Han sido varios los testigos que han pasado por la sede del Tribunal Oral Federal n° 1 y declararon haber entregado dinero a modo de coima para lograr las liberaciones de seres queridos detenidos en causas de narcotráfico comandadas por el ex juez Federal de Orán, Raúl Reynoso. La testigo Roxana Brítez, quien estuvo casada con un hombre varias veces detenido, se sentó frente a los jueces y ante la primera pregunta del fiscal respondió en tono firme: “a (María Elena) Esper le acerqué $90.000 y a los pocos días mi marido salió de la cárcel”, refiriéndose a la abogada que también está imputada. La mujer de Iván Cabeza, sentada frente a los jueces del Tribunal Oral Federal n°1, aseguró que junto a su cuñada optaron por pagar para lograr la liberación de su marido y que juntaron $100.000 de los $600.000 que aceptaron abonar. Minutos después, la hermana de Iván, contó que fue la encargada de llevar el dinero recolectado y que primero le pidieron $3.000.000 para luego acordar en $600.000. Relató que dejó el dinero en la casa  de la madre de “Carioca” Aquino (supuesto intermediario con el ex juez), quien luego les dijo que él se encargaría de pagar los otros $500.000 en agradecimiento a Iván Cabeza, ya que años antes le había dado trabajo y hasta incluso prestado dinero.

Bruno Mazzone, quien estuvo detenido junto a Cabeza, no se quedó atrás: “Mis abogados apelaban y me decían que la causa no tenía ninguna prueba pero yo no salía, hasta que Pablo Meneses me dijo que era imposible salir sin pagar”, enfatizó cuando relataba el contexto que lo llevó a aceptar pagar $500.000 pese a negar enfáticamente su responsabilidad en los hechos que se le imputaron. 

Como Mazzone estaba detenido, el dinero lo entregó Gustavo Meneses, quien declaró en la última audiencia como testigo en virtud de que aseguró también haber pagado para que liberen a su hermano Pablo Meneses, quien fue uno de los empresarios carniceros detenidos en la causa en que estuvo imputado por narcotráfico, lavado de activos, evasión fiscal y tráfico de divisas junto a Mazzone y Cabeza. En total le entregó a Esper un millón de pesos y describió con detalles cómo y dónde entregó el dinero con maniobras extremas. ¿Cohecho o concusión? El caso comenzó a investigarse como cohecho y la carátula sigue incluyendo esta figura que exige la parte que pide la coima (pasivo) como la de quien la paga (activo). Sin embargo, al tiempo de iniciada los fiscales cambiaron esta figura por la de concusión, que solo castiga al que pide coima ya que no contempla ni exige que se haya pagado. El propio Reynoso advirtió esto menos de dos meses antes de ser detenido en su última entrevista en libertad, que le concedió a LA GACETA y donde cuestionó el cambio de figura delictiva. Para los abogados defensores, el cambio de carátula fue una maniobra tendiente a favorecer a quienes pagaron para perseguir únicamente a Reynoso y a los actualmente imputados.

El abogado defensor de Reynoso, Federico Magno, puntualizó, con cierto enojo, sobre el cambio de figura: “Se dijo que Reynoso recibía coimas, pero para ello se requiere uno que paga y otro que recibe (cohecho), pero la concusión es solo contra el magistrado por pedir la dádiva”, explicó y consideró que con dicha medida, “los fiscales pusieron en situación distinta a quien entregó el dinero”.
El abogado de Esper, Daniel Luna, no sale de su asombro al entender que los testigos que dijeron haber pagado no hicieron otra cosa que autoincriminarse por el delito de cohecho activo, sin que el fiscal Carlos Amad tome cartas en el asunto. A raíz del testimonio de Brítez, Luna pidió que se corra vista al fiscal penal de turno: “el fiscal saltó a los gritos para que no me hagan lugar y diciendo que denuncie yo, pero cómo voy a hacerle yo el trabajo al fiscal y al Tribunal si son ellos los funcionarios públicos, no yo”, cuestionó.
Sucedió también que Brítez reconoció que Sarmiento se dedicaba  a “mejicanear”, que es robar la droga que era de otros. Ante esto, Luna pidió que se la impute por encubrimiento, a lo que el fiscal se negó porque el Código Penal exime de responsabilidad por encubrir al cónyuge. “El artículo 277 del Código Penal establece una excepción a esa salvedad que es cuando existe un fin de lucro y Brítez dijo que su marido era el único sostén de la familia”, arremetió Luna.
Cuando la esposa de Cabeza declaraba, el defensor oficial, Tomás Del Campo, intervino y pidió que el Tribunal frene el testimonio y advierta a la testigo que con sus dichos se estaba autoincriminando, pero los jueces resolvieron que su confesión no importaba porque en esta causa se juzga el delito de concusión y no de cohecho. “Entonces la concusión es como un comodín que se usa cada vez que se necesita”, consideró Luna.
Para el fiscal son “víctimas”
El fiscal Amad desestimó la teoría de los defensores y afirmó que durante este juicio no corresponde acusar ni imputar a los testigos que dijeron haber pagado coimas porque “esas personas son víctimas de un sistema que implementaron y que estamos juzgando”.
“Los apretaron constantemente con que si no pagaban, sus familiares no iban a recuperar la libertad”, agregó el fiscal del juicio.
Antes, uno de los fiscales a cargo de la investigación, Eduardo Villalba, había explicado que la mecánica consistía en el juez y los abogados implicados exigiendo el dinero bajo amenaza de no resolver nada a favor de los detenidos y que incluso los empleados del Juzgado les recomendaban contratar a abogados como Arsenio GaonaRamón Valor o Esper (todos imputados) para lograr resultados y que por eso apuntaron a la concusión más que al cohecho, porque la iniciativa provenía de los acusados.

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