Salta y Jujuy están abarrotadas de causas y presos por drogas

Periodistas | 15.10.17 |

Al Juzgado Federal de Orán ingresan 100 casos por mes por narcotráfico y contrabando.Desde enero el Juzgado Federal Nº 2 de Salta abrió 488 causas. La mitad, por estupefacientes.



El Juzgado Federal de Orán, con cerca de 900 expedientes penales abiertos de comienzos de años, es el que mayores movimientos de secuestros de droga, causas, detenidos y condenas concentra en la región. Su área de actuación territorial concuerda con la extensa y caliente frontera que Salta comparte con Bolivia. 

Sus registros permiten dimensionar los alcances de la labor desplegada por las fuerzas nacionales de seguridad y de las estructuras judiciales que funcionan, tanto en esta provincia como en Jujuy, bajo la competencia jurisdiccional de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.  

Al juzgado que quedó a cargo de Gustavo Montoya desde febrero de 2016, tras la destitución del encarcelado exjuez Raúl Reynoso, ingresaron desde comienzos de año entre 85 y 100 causas penales por mes.  

El 40% de esos expedientes se relacionan con el tráfico de estupefacientes.  

Otro 50% tiene carátulas por contrabando, encubrimiento y tenencia en plaza de mercadería ilegitima.

El 10% restante se vincula a otros casos federales, entre los que resaltan la trata de personas, los delitos migratorios e investigaciones por documentación falsificada (DNI, cédulas y títulos de propiedad de automotores).  

Los detenidos a disposición del sobrecargado Juzgado de San Ramón de la Nueva Orán no bajan de 120 a 140. 

En lo que va de 2017, desde esa jurisdicción, en la que ocupa el cargo de fiscal de primera instancia José Bruno, se elevaron a juicio cerca de 90 causas.  A la par, en el marco del procedimiento que se aplica desde fines de 2016 para resolver casos de flagrancia contemplados en la ley nacional 27.272, el Juzgado de Orán lleva dictadas este año diez condenas. Dichas resoluciones se dictaron mediante audiencias orales, de trámite abreviado, en las que tomaron parte la Fiscalía, los imputados y sus defensores.  

Los otros cuatro juzgados federales que atienden causas de los diferentes fueros en Salta y Jujuy (restan habilitarse los de Tartagal y Libertador General San Martín) también muestran intensos movimientos de expedientes, desprendidos en buena de procedimientos de Gendarmería Nacional, pese a la fuerte descompresión producida en Salta con la desfederalización de los delitos de microtráfico que ocupan a los juzgados de Garantía desde enero de 2014.

Desde enero último hasta el pasado viernes ingresaron al Juzgado Federal Nº 2 de Salta, a cargo de Miguel Antonio Medina, 488 causas penales. Durante 2016 se abrieron allí 646 expedientes penales originados, en un alto porcentaje de casos, en procedimientos antidrogas realizados en el centro, este y sur de la provincia.  Por estos días, están a disposición del juez Medina 32 personas detenidas (23 hombres y 9 mujeres). Las 26.732 causas penales acumuladas en ese juzgado desde 1993 exponen otro costado de la desbordante realidad que llevó a la Cámara Federal y a legisladores nacionales de Salta y Jujuy a reclamar, de manera insistente, mayor presencia de fuerzas de seguridad, medios técnicos, recursos, estructuras judiciales y capacidad de alojamiento carcelario en la región.  Los informes estadísticos, la "lluvia de droga" expuesta en agosto de 2009 por el magistrado subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, y las gestiones canalizadas a través de la Cámara Federal ante la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y las carteras nacionales competentes movieron respuestas y agilizaron muchas decisiones. Una de ellas fue la construcción y puesta en funcionamiento del complejo penitenciario de General Gemes, tras años de demora traducidos en hacinamientos carcelarios, demandas por la manutención de presos federales recluidos en unidades penitenciarias provinciales y alojamientos denigrantes de personas privadas de libertad.

La conformación de las segundas salas de la Cámara Federal y del Tribunal Oral de Salta fue otro de los avances destacados. Como materias pendientes quedan vacantes a cubrirse en distintos niveles de la Justicia Federal, donde fiscales y magistrados aun se desempeñan bajo la figura de las subrogancias. Uno de los casos más dilatados es el Julio Bavio, quien, después de varios años de correcta actuación y un largo proceso selectivo, asumirá el próximo jueves como juez titular.
El juez subrogante de Orán, Gustavo Montoya, obtuvo el mayor puntaje en otro concurso selectivo que convocó el Consejo de la Magistratura para cubrir la vacante que quedó en el Juzgado Federal de Orán tras la destitución de Raúl Reynoso.

Hay a disposición de los juzgados 975 detenidos

En línea con el aumento de las causas por tráfico de drogas y contrabando, el sistema carcelario está abarrotado de presos en la región. Hasta el cierre de este informe, los cinco juzgados federales de Salta y Jujuy tenían a su disposición a 975 hombres y mujeres. La cantidad de personas detenidas es mayor que las 923 plazas de alojamiento con las que cuentan todas las unidades penitenciarias federales de la región.
Las unidades del Servicio Penitenciario de Salta también están superpoblados de reclusos a raíz de las condenas dictadas por los delitos de microtráfico que, desde comienzos de 2014, ocupan a los juzgados provinciales. 
La desfederalización de las causas por narcomenudeo estaba prevista en Jujuy desde enero último, pero el gobierno de Gerardo Morales decidió posponerla, hasta junio de 2018, luego de evaluar los problemas que se presentarían en la vecina provincia por la desbordada capacidad de sus unidades penitenciarias. 
La superpoblación de presos es un problema crónico en Salta y Jujuy. Uno de los momentos más controvertidos de la emergencia carcelaria se remonta a 2003, cuando en los patios de la VII Agrupación de Gendarmería Nacional llegaron a usarse contenedores para alojar a hombres y mujeres detenidos, fundamentalmente, en causas vinculadas al narcotráfico.
Argentina, por las indignas condiciones de encierro, quedó a contramano de los tratados internacionales incorporados a la Constitución en 1994 y mal parada frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En 2005, con la emergencia carcelaria agudizada, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta solicitó urgentes intervenciones a la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y los poderes ejecutivos provinciales de Salta y Jujuy. 
La posterior ejecución de nuevas unidades carcelarias, en especial la del complejo penitenciario de General Güemes, puesto en funcionamiento en 2012, descomprimió la emergencia por un tiempo. Con causas y presos en aumento, sin embargo, las nuevas plazas carcelarias pronto quedaron cubiertas y las inconstitucionales condiciones de encierro volvieron a mostrarse con decenas de hábeas corpus interpuestos entre 2013 y 2016. El crítico informe estadístico que publicó la Procuración Penitenciaria de la
Nación a fines del año pasado, no dejó dudas de las profundidades que tiene la crisis carcelaria en la región por su proximidad con una de las fronteras más calientes de Sudamérica. 
Ante nuevos reclamos elevados a través de la Cámara Federal de Salta, el pasado 5 de octubre el Ministerio de Justicia de la Nación informó que trabaja en un plan de obras penitenciarias con el que se duplicarían las plazas carcelarias en los próximos años, pero por el momento se trata solo de un anuncio, sin detalles, ubicaciones, fuentes de financiamiento ni plazos de ejecución de los proyectos. 
Un paliativo mucho más concreto está dado hoy por la adopción de medidas alternativas a la pena privativa de libertad para colectivos vulnerables (mujeres embarazadas, madres de niños pequeños, adultos mayores y personas con problemas de salud o discapacidad). Dentro de esta línea, los tribunales federales con competencia en Salta y Jujuy ampliaron en los últimos meses el uso de las pulseras electrónicas que permiten vigilar a personas que cumplen una medida restrictiva de la libertad con arresto domiciliario. Tales decisiones se enmarcan en el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica creado en 2015.
Notorio aumento de incautaciones
Según registros del Juzgado Federal de Orán, desde comienzos de año hasta el pasado viernes se secuestraron 2.135 kilos de clorhidrato de cocaína y 1.831 kilos de Cannabis sativa (marihuana).
Durante 2016 se incautaron 1.666 kilos de cocaína y 1.656 kilos de marihuana, mientras que en 2015 habían sido 1.199 de cocaína y 99 de marihuana.
En los últimos tiempos fueron desbaratadas diez bandas narcos, conformadas como asociaciones ilícitas con ramificaciones internacionales.
Muchas de las nuevas causas son complejas y partieron de tareas de inteligencia que insumieron meses de seguimientos. Son expedientes de varios cuerpos que tienen pedidos de capturas internacionales y varios cuerpos. Los casos vinculados a la destitución y encarcelamiento del exjuez Raúl Reynoso originaron una verdadera megacausa, al igual que el expediente abierto contra el clan Castedo, que ya tiene 52 cuerpos acumulados. 
En la frontera norte se necesitan mayores recursos y acciones coordinadas con países vecinos para frenar la lluvia de droga que llueve desde avionetas en desuso importadas a Bolivia desde Estados Unidos. Muchos de sus pilotos son jóvenes egresados de una docena de escuelas de aviación de Santa Cruz y Beni, donde la aeronafta se despacha sin control.
El poder corruptor del narcotráfico, que perfora a organismos de seguridad, estamentos políticos y estructuras judiciales a ambos lados de la frontera, hace el resto.

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