Alarmantes cifras de embarazo infantil en el país.

Periodistas | 13.7.17 |

En los últimos días de junio se conoció un informe de Unicef Argentina referido al embarazo y la maternidad en adolescentes de hasta 14 años y entre 15 y 19 años, basado en investigaciones de profesionales del Conicet. Los resultados dan cuenta de una cifra alarmante, particularmente para el primer rango etario: en 2015 se registraron 2787 nacimientos de madres menores de 14 años (sobre un total de 770.040 nacidos vivos). La cuenta es simple y da escalofríos: son 8 nacimientos por día, es decir que cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años tiene un bebé. 
La tasa de fecundidad de adolescentes de hasta 14 años oscila entre un mínimo de 0,39 por mil en la Ciudad de  Buenos Aires a un máximo de 5,18 por mil en Chaco, incluyendo altos valores también en provincias como Formosa y Misiones. Se destaca que, en general, se trata de adolescentes que provienen de hogares con indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
 
Según consta en el informe, “el embarazo infantil forzado no es buscado, produce angustia y temor y resulta del desconocimiento por parte de estas niñas de las consecuencias de la actividad sexual o cuando, conociéndolas, no pueden hacer nada para prevenirlas”. Ocurre que hablar de embarazo infantil es hablar de abuso sexual, de niñas y adolescentes expuestas a la naturalización de contextos de acoso y coerción, con actitudes de ocultamiento por parte de las familias, de las que provienen en general los abusadores (el 80% de las veces el atacante proviene de estos entornos).
 
La mayoría de las víctimas de abuso sexual e incesto paterno filial son niñas y adolescentes de género femenino. Según un informe de septiembre de 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 mujeres reconoce haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. En este sentido, la tasa de nacimientos entre niñas y adolescentes se inscribe necesariamente en un contexto de violencia estructural donde el abuso sexual es moneda corriente y se encuentra dolorosamente naturalizado. El rol de la Iglesia impartiendo educación religiosa y de asistencia compone otro marco privilegiado para la ocurrencia de abusos sexuales.
 
En cuanto al acceso a la educación, el informe de Unicef revela que estar fuera del sistema educativo duplicaría las probabilidades de ser madre. De todas maneras, entre quienes permanecen escolarizadas es frecuente que abandonen sus estudios al poco tiempo de conocer su embarazo. Los testimonios reflejan sentimientos de vergüenza, situaciones discriminatorias y una fuerte presión para que asuman su rol materno, situación que se combina con condiciones materiales: el abandono de la escuela obedece a la asunción de responsabilidades domésticas o de cuidado a la que son condenadas las mujeres, como  también a la necesidad de trabajar para completar el ingreso del hogar, en trabajos precarios, en negro y sin equidad salarial respecto a los varones.
 
La responsabilidad del Estado asoma en la indiferencia a la permanencia de las adolescentes embarazadas en las escuelas y en la ausencia de educación sexual en los distintos niveles educativos; se torna evidente en el fomento a la educación religiosa y en el sostenimiento de la Iglesia, oscurantista y abusadora. El informe en cuestión se limita a recomendar la aplicación del programa ESI (Educación Sexual Integral), aun reconociendo que “asume la modalidad de ´charlas´ intermitentes y su abordaje tiende a ser de corte biologicista, desatendiendo la integralidad de la propuesta”. Lo que no dice el informe es que el carácter “integral” de la propuesta da margen a la injerencia del clero y otros elementos enemigos de los derechos de las mujeres en la formación de niños y adolescentes. La magnitud de los datos expuestos amerita un debate profundo sobre la necesidad de garantizar el acceso a la educación sexual laica y científica en todos los niveles educativos.
 
Sobre el acceso a la salud, el informe coloca en los profesionales gran parte de la responsabilidad que le corresponde al sistema de salud pública y al Estado, señalando por ejemplo que muestran una “preocupante falta de autocrítica en cuanto a su responsabilidad en garantizar la información y accesibilidad a los métodos anticonceptivos”. Para el informe, los profesionales deberían poder sortear los ‘obstáculos’ que tiene el sistema de salud. No se encuentra mención alguna respecto a la injerencia del clero en la construcción de estos y otros obstáculos promovidos por una institución que condena a la mujer a la maternidad obligatoria, al rol de cuidado y sujeción en el hogar, a la clandestinidad del aborto y sus consecuencias, y en cuyos ámbitos de acción se suceden abusos sexuales en la infancia.
 
En este sentido, el informe omite en sus recomendaciones la necesidad de la eliminación de la objeción de conciencia en el ámbito de la salud, que es la garantía para que una joven que se acerca a un hospital público pueda obtener información científica, anticonceptivos gratuitos y acceder a la interrupción legal del embarazo. Incluso detallando que “desde el punto de vista legal, todas las niñas menores de 13 años embarazadas podrían acceder a una ILE [interrupción legal del embarazo] por abuso sexual, mientras las menores de 15 años podrían enmarcarse dentro de la causal riesgo para la salud, ya que el embarazo y el parto antes de los 15 años son causa de mayor morbimortalidad perinatal y materna (MSAL, 2015)”, la objeción de conciencia no es cuestionada, mientras el acceso de las adolescentes al aborto no punible está lleno de trabas estatales y condenas morales.
 
El Estado es responsable. Su naturaleza de clase condena a niñas y adolescentes de hogares con NBI a ser madres, reproduciendo relaciones desiguales de poder entre géneros, naturalizando situaciones de acoso y abuso sexual, brindado un servicio de salud vaciado y distante de las adolescentes y bloqueando el acceso a la interrupción legal del embarazo cuando este es solicitado. Al tiempo que no garantiza educación sexual, tiende a expulsar a las jóvenes embarazadas de las escuelas; tampoco garantiza salas de primera infancia, que les permitan continuar sus estudios después del parto. Las condena, desde jovencitas, al trabajo doméstico, no remunerado, a las tareas de cuidado, y también al dolor de partos prematuros y peligrosos. La maternidad y los trabajos de crianza profundizan las situaciones vulnerables y los contextos de violencia que estas niñas y adolescentes, previo al embarazo, ya transitaban prácticamente desde que despertaron a la vida.

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