Niña Wichi: jury para un juez “paquidérmico” y un fiscal “mediático”

Periodistas | 13.6.16 |

Con duros términos, el juez de Corte, Abel Cornejo solicitó que se abra el proceso de remoción del juez, Héctor Astigueta y el fiscal, Jorge Cazón.

En función de las prerrogativas legales contempladas por la Ley 7138, que reglamenta el enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, el juez de la Corte de Justicia, y presidente del Consejo de la Magistratura, Abel Cornejo, materializó que ya se veía venir en torno a las graves derivaciones que tomaron en los últimos días el caso del abuso sexual en perjuicio de una niña de la etnia Wichi.

 
El hecho, según recordó Cornejo en su planteo, ocurrió el 28 de noviembre, o sea hace ya más de seis meses, sin que hasta el momento los acusados o sospechosos de la violación en masa que tuvo como víctima a la menor de 12 años, pero con un retraso madurativo que reduce su capacidad mental a la mitad de esa edad.
 
Tal como hace unos días, una amiguita relató en una declaración por circuito cerrado de TV, la menor caminaba en busca de pan en un almacén, cuando un grupo de hombres comenzaron a perseguirla por una cancha de fútbol de la localidad de Alto La Sierra, en el departamento de Rivadavia.
 
Las garras de estos sujetos se cerraron en la menor de 12 años, mientras que las otras dos amigas lograron escapar. La menor fue arrastrada hasta un monte, donde ocho depravados, tres de ellos menores, abusaron reiteradamente de ella.
Pese a este crudo relato de los hechos, al que debe sumarse el hecho de que la menor habría quedado embarazada debido a esta violación, lo cierto es que sólo quedó en eso, una triste y brutal crónica de un ataque sexual, pues por desidia, negligencia o desinterés, los mecanismos que la justicia tiene para perseguir a los autores de un abuso de semejante connotaciones, no sólo no se activó, sino que tampoco ayudó a la víctima, quien quedó prácticamente abandonada a su suerte.
 
Hace dos semanas, cuando los detalles de lo sucedido con esta menor comenzaron a incomodar a los diputados en la Legislatura Provincial, el caso no demoró en llegar a la primera plana de los medios, lo que terminó por generar el reproche social por el desaprensivo accionar judicial.
El delito, pese a su gravedad, nunca tuvo el tratamiento que hubiese tenido sido denunciado en esta ciudad. Cornejo lo definió claramente con un hecho que encuadra en la calificación penal de abuso sexual gravemente ultrajante, delito que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión.
Con solo mencionar esta escala, no caben dudas de que los acusados jamás podrían haber sido beneficiados con una libertad provisoria, pues el mínimo de la pena es superior a los cinco años de prisión, tope máximo para otorgar el beneficio de una excarcelación.
 
"Es decir que bajo ningún concepto corresponde que los supuestos responsables se encuentren en libertad durante el proceso, ni que se les hubiera concedido el beneficio de la excarcelación, por cuanto la pena no sería de ejecución condicional, sino de cumplimiento efectivo.”, sostuvo Cornejo. Pese a ello, hasta la fecha ninguno de los ocho acusados "se encuentra detenido como legalmente correspondería”.
 
Especulación
 
Al graficar la actuación de los dos funcionarios judiciales, responsables de velar por el correcto accionar de la justicia en un hecho como éste, Cornejo fustigó al fiscal, ya que lejos de ponerse a la altura de los requerimientos exigibles a quien se le confió la persecución del delito y la protección de la víctima, salió al ruedo mediático con un libreto, cuyo único objetivo era el de salir indemne.
 
El fiscal "especuló que el embarazo podría ser anterior al abuso múltiple gravemente ultrajante. Lo cierto es que, aún cuando esto fuese así, tal circunstancia no resulta relevante a los fines de la comisión del delito, en todo caso, si la niña hubiera estado en estado de gestación con fecha anterior, tal circunstancia incluso agravaría el execrable injusto al que fue sometida en total indefensión.”.
 
Pero esto no fue todo, pues el ministro de Corte remató la actuación, tanto de Cazón como de Astigueta, al señalar que "a siete meses” de la comisión del hecho aberrante por una banda de inadaptados, "todavía ni el juez ni el fiscal cuentan con pruebas de material genético para inculpar a los responsables, pese a que apenas pudo ser rescatada la niña Wichi de la barbarie en un deplorable estado de salud, un grupo de ciudadanos de Alto la Sierra protestó airadamente y clamó por la acción efectiva y eficaz de la justica.”.
 
"Como si esto fuese poco, el juez invocando jurisprudencia que nada tiene que ver con el asunto que se trata, recién a partir del 3 de junio del corriente, comenzó a movilizar de manera paquidérmica y con preocupante incuria la maquinaria judicial.”, agregó.
 
A todo esto, Cornejo resaltó que mientras sucedieron todo estos nefastos episodios,  de los cuales ambos funcionarios judiciales fueron responsables por un ineptitud, nada se hizo por salvaguardar la salud psíquica y física de la víctima. Pese a contar con todos los medios necesarios, otorgado por las facultades de ley al fiscal y al juez, "no pudo constatarse cuando ni cómo ni quién atendió a la niña Wichi y junto con ello se trabó una polémica donde lo único cierto es la inanidad de todo el sistema de protección a una víctima de abuso gravemente ultrajante”.
 
Actuación paupérrima
 
Las derivaciones siguientes, entre ellas la falta de atención médica correspondientes, como podía haber sido una interrupción del embarazo en los términos médicos determinados, "tampoco parece haber conmovido la paupérrima actuación del juez, y del fiscal”. "Es decir que las medidas judiciales tomadas durante el procedimiento penal no fueron oportunas, ni eficaces, ni conducentes para el esclarecimiento del hecho. Todo lo contrario.”.
 
"Sin embargo, hubo otro hecho que no deja de llamar la atención y es la irresponsabilidad más el perjuicio irreparable que importa haber dejado trascender públicamente el nombre de la víctima, sin haber tomado recaudo ni seguridad alguna. En pos de salvar una sobreactuación deplorable, nadie se inmutó en procurar dejar a salvo a la víctima de un horrendo escarnio físico, psíquico y moral.”, explicó. 
 
Por otra parte, Cornejo indicó que "no se conoce a esta altura, que ni el juez., ni el fiscal, ni otros funcionarios actuantes hayan ordenado diligencia alguna a favor de la víctima del abuso gravemente ultrajante cometido en forma reiterada, en tutela y procura de su salud psíquica ni física.”.
 
En cambio lo que si se conoce en demasía es "la sobreactuada postura adoptada por el fiscal de la causa, especulando que el embarazo de la niña haya sido anterior al abuso gravemente ultrajante. Lo que sí puede colegirse a la fecha, es que la niña no recibió tratamiento hospitalario alguno, ni recomendación antiséptica o de asepsia de ninguna naturaleza, ni fue revisada por médico legistas ni se le hicieron oportunamente pruebas de su embarazo, y como si todo esto fuese poco, tampoco se hicieron diligencias útiles y eficaces para determinar quiénes fueron los responsables del abuso gravemente ultrajante.”.
 
En concreto, y respecto a Astigueta y Cazón, el magistrado señaló que "nada los eximía de actuar como corresponde a su obligación de administrar el servicio de justicia, dilucidar lo acontecido, asistir a la víctima y propender a que en lo sucesivo se vuelvan a cometer hechos de esta calaña. Sólo cuando se produjo el discurso de un legislador departamental y los medios de comunicación se hicieron eco, ensayaron una sobreactuación que repugna al más elemental sentido de justicia, equidad y solidaridad.”.
 
De esta manera, y con  contundentes epítetos legales, Cornejo requirió formalmente el proceso de remoción del juez y del fiscal, cuyas actuaciones, a su criterio, de mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de deberes, se encuadran en las causales exigidas por la ley de enjuiciamiento para la destitución de ambos funcionarios judiciales.
Fuente: El intrasigente

Categoria:

CONTACTO CON LA PRODUCCIÓN:

Solo tienes que llamarnos al tel.03878)428507 o por email: produccion@radiocadenanoa.com.ar