Corrupción en las municipalidades del Interior: Intendentes sospechados y pueblos empobrecidos

Periodistas | 4.5.16 |

Causas penales, denuncias, patrimonios imposibles de justificar, son elementos comunes durante la gestión de muchos intendentes.



No menos de diez intendentes de la provincia de Salta tienen causas por corrupción, denuncias o acciones administrativas. Algunos ya dejaron sus puestos y las arcas vacías, otros por su situación ante la Justicia complican sus gestiones frente a los municipios, que en su mayoría están terriblemente empobrecidos.

Manuel Paz, ex intendente de El Tala; Cándido Cruz, ex de Iruya; Rubén Corimayo, ex de Cerrillos, Atta Gerala, intendente de Morillo; Sergio Ramos, ex de Rosario de Lerma; Osvaldo García, ex de Coronel Moldes; Sergio Villanueva, intendente de Tolar Grande, Julio Jalit de Pichanal, Marcelo Lara Gros de Orán y Gustavo Solís Monico, de Rosario de la Frontera,  son los más comprometidos por las causas y denuncias que pesan sobre ellos.
Manuel Paz, ex jefe comunal de El Tala, está acusado de haberse apropiado de fondos públicos, por medio de una trampa casi infantil en los libros contables del municipio: le quitaba un cero a las cifras recibidas. Manuel Paz se quedaba con el 90% de todos los fondos que ingresaban al pueblo. El caso es investigado por el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra y está acusado de delitos de malversación de caudales, incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude, entre otros.
Cándido Cruz, ex intendente de Iruya tiene un pie dentro de la cárcel. El 10 de septiembre del año pasado, Cruz denunció que había robado 350 mil pesos de una remesa de 520 mil pesos que había cobrado ese día. Unos meses después la Justicia determinó que el ex jefe comunal había fingido un robo para quedarse con el dinero.
Rubén Corimayo, ex hombre fuerte de Cerrillos, es el ex funcionario electo con más causas en la Justicia y hasta la fecha siguen investigando que pasó con los fondos comunales. Lo increíble fue que la semana pasada gracias a una denuncia, la policía rescató una bolsa de consorcio repleta de documentación municipal correspondiente a la gestión de Corimayo.
Ignacio Jarsún, actual intendente de Rosario de Lerma, ya lleva presentada cinco denuncias contra de su antecesor Sergio "Topo” Ramos. La última es por el faltante de 280 mil pesos que Nación había enviado al municipio para la compra de dos bloqueras industriales que nunca se adquirieron. El desfalco es de $268.000,que se le suma las ya realizadas contra Ramos que deberá responder ante la Justicia, hasta ahora, por un faltante de 2.700.000 pesos durante su gestión, a la vez que no descartó que puedan haber nuevas acusaciones una vez que finalice la auditoría al municipio.
A Osvaldo García, ex intendente de Coronel Moldes, la Justicia trabó un embargo de más de $1 millón debido a una serie de irregulares en el manejo de los bienes públicos. El juez que entiende la causa, señaló irregularidades como la falta de depósitos diarios de recaudación y realizar pagos a proveedores sin cumplir con las normas establecidas para dichas operaciones.
En Morillo la tensión social crece día a día; tensión que se puede respirar en las constantes marchas que los vecinos organizan por una serie de muertes violentas, pero su intendente, Atta Gerala, también debe afrontar un procesamiento por corrupción, por una denuncia de 2011 presentada por la ex intendenta Marcela Carabajal.
La denuncia por peculado es sobre un total de 1.265.000 pesos. Ahora, con la aplicación del viejo procedimiento, Gerala fue procesado y se le trabó un embargo por 50 mil pesos para cubrir los gastos del juicio, del cual se espera fecha.
Sergio Villanueva ya fue condenado por el  Juzgado de Garantías 5 que dispuso una inhabilitación a ocupar cargos públicos, por el delito de omisión de presentar declaración jurada patrimonial. La causa se abrió en 2012 tras la denuncia de Armando Francisco Isas, un ciudadano que en 2011 había solicitado a la Auditoría General de la Provincia (AGP) que analice el destino de los fondos, planes y subsidios que recibe el municipio.
Gustavo Solís Monico, de Rosario de la Frontera, es acusado de desviar fondos públicos y usarlos para remodelar su casa, el uso del combustible de la comuna para la maquinaria de su finca, adjudicaciones directas y compras con sobreprecio.
En el pico de la epidemia de dengue en el norte, el intendente de Pichanal, Julio Jalit, se apropió de los fondos remitidos por la provincia a las escuelas para tareas de fumigación y combatir el mosquito transmisor de la enfermedad. Jalit, además, es el intendente salteño que más hizo crecer su patrimonio durante las diferentes gestiones que encabezó.
Marcelo Lara Gros tiene decenas de denuncias presentadas a la Justicia por diputados, funcionarios y concejales del departamento de Orán. En los últimos meses, el legislador Marcelo Astún aseguró que la expansión del dengue en el departamento se produjo, en parte, porque Lara Gros se "quedó con el dinero” y no se llevó a cabo la lucha contra el mosquito. 
Fuente: El intransigente

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