EL GOBIERNO LIBERA CHEQUES EN UNA TRAMA DE NEGOCIOS INCOMPATIBLES

Sebastian Acosta | 18.1.16 |

Oficinas públicas operan para empresas que los descuentan con tasas de hasta un 34%. Proveedores y contratistas están ahogados. Hay obras paradas y trabajadores suspendidos. 


Desde octubre último, sin una situación financiera que lo justifique, el Gobierno provincial condicionó los pagos de las certificaciones y montos adeudados a contratistas y proveedores a una emisión generalizada de cheques diferidos con vencimientos en mayo, julio y agosto.  La decisión ahogó a empresas, paralizó obras y determinó la suspensión de cerca de 1.500 trabajadores de la construcción. La medida con la que Carlos Parodi se despidió del Ministerio de Economía, para asumir como jefe de Gabinete, también convirtió a oficinas del Estado en gestoras de un millonario negocio financiero incompatible con la función publica.  Se trata del descuento de cheques, un mecanismo regulado por leyes que prohíben a funcionarios y empleados nacionales, provinciales y municipales actuar como agentes de negociación. 

Por correos electrónicos, sin embargo, el Servicio de Administración Financiera (SAF) de Economía "recomienda" a proveedores del Estado que reciban los cheques y los descuenten en Aval Federal a "tasas convenientes". Aval Federal es una sociedad de garantía recíproca (SGR) que está representada en Salta por Fernando Ledesma Solivellas, exoficial de empresas del banco Santander Río y exauditor de Consultora Pluss, el estudio contable dirigido por Fernando Yarade, diputado nacional con mandato cumplido en diciembre de 2013. La sucursal de la citada SGR funciona en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, de España 339, por un convenio que firmaron a comienzos de 2014.  

En comunicaciones enviadas a proveedores y en reuniones mantenidas con entidades que agrupan a contratistas del Estado, como la Cámara Salteña de la Construcción, funcionarios también asumieron papeles propios de los operadores de la banca privada.
Antes de que Parodi fuera reemplazado por Sebastián Gomeza, al frente de Economía, el SAF instó a proveedores renuentes e indecisos a apurar la aceptación de los cheques diferidos. El organismo les aclaró que esa era la nueva condición de pago definida por la Secretaría de Finanzas y les indicó que, como opción para el descuento de las órdenes de pago emitidas por el Gobierno, el Banco Macro estaría dispuesto a "igualar" la tasa ofrecida por Aval Federal.  
De esa forma, una sociedad de garantía recíproca y el banco que opera como caja obligada del Estado provincial concentraron los cheques oficiales que se descuentan, por estos días, con tasas de hasta un 34 por ciento anual. Con los pagos cortados desde octubre, y sin recursos para pagar sueldos y mantener en pie sus actividades, contratistas y proveedores fueron arrastrados a aceptar las órdenes de pago, con fechas de cobro fijadas hasta el segundo semestre de 2016. Para hacerse de efectivo hoy tienen que resignar, en promedio, el 20% del valor nominal de los cheques. 

El volumen del negocio 
A fines de octubre de 2015, de acuerdo la ejecución presupuestaria informada hasta esa fecha, la deuda total de la administración central y los organismos descentralizados de la Provincia ascendía a $496.433.634. Esa cifra, y el promedio de los descuentos que empresas perjudicadas informaron a este diario (20%), llevan a $100 millones la estimación del negocio que rodea a los cheques diferidos oficiales.

Fuente: El tribuno.

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