Pidieron incorporar a la investigación sobre Reynoso “sistemáticas” irregularidades en causas por contrabando de divisas

Radio NOA | 11.12.15 | 0 comentarios

Se trata del magistrado procesado por recibir coimas por parte de imputados por narcotráfico.


La presentación del fiscal coordinador del distrito Eduardo Villalba y la Procelac enumera al menos 30 casos en donde el juez–en un período inferior a dos años- procedió a la devolución de las sumas de dinero secuestradas, apartándose así de lo dispuesto por la Cámara Federal de Salta, y en abierta contradicción con la legislación local y las recomendaciones del GAFI en materia de combate al lavado de dinero y financiación del terrorismo. 
En el marco de la investigación abierta contra el juez federal de Orán Raúl Reynoso, recientemente procesado con prisión preventiva por liderar una organización que recibía coimas y dádivas por parte de implicados en causas de narcotráfico a cambio de beneficios procesales, el fiscal coordinador del Distrito Salta, Eduardo Villalba, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, pusieron en conocimiento de la justicia las “sistemáticas” irregularidades detectadas en la actuación del magistrado en causas vinculadas al contrabando de divisas.  

La presentación toma como base un informe elaborado por la Fiscalía General de Salta y remitido a la Procelac el 30 de abril del corriente año. 
El documento en cuestión enumera y describe 27 causas penales tramitadas entre 2013 y 2014 en las que el magistrado, luego de dictar el procesamiento de los imputados como responsables del delito de contrabando de divisas, otorgó la devolución de parte de las sumas dinerarias incautadas durante los procedimientos. En concreto, en esas actuaciones se secuestró $865.072; U$S 507.056, y 54.030 pesos bolivianos, devolviéndose –de acuerdo a los registros del MPF, lo que implica que puede elevarse esa suma al compulsarse las causas- $171.522 y U$S111.600.

Para fundamentar tal proceder, el cuestionado magistrado utilizaba argumentos tales como “el estado procesal de la causa”; “teniendo muy en cuenta el principio de inocencia”, y hasta el aumento en el costo de vida (“el grave perjuicio de la privación de la suma de dinero secuestrada al imputado, atento a la depreciación monetaria fruto de la inflación que hoy afecta al sistema económico y financiero”).  
Ahora bien, por fuera de esas 27 actuaciones, la presentación de Villalba y la Procelac destaca el paradigmático caso de un imputado al que en cinco causas se le secuestraron $1.365.300; U$S 9.400, y 60.000 reales brasileños, para luego proceder a la devolución de prácticamente la totalidad de esos montos ($1.208.460; U$S 9.400 y 60.000 reales brasileños). En estos casos, el modus operandi desplegado por el titular del juzgado federal de Orán consistía en secuestrar el dinero, dictar la falta de mérito, luego una devolución parcial del mismo para finalmente, en un proceso civil iniciado en forma paralela al a causa penal a través de una medida cautelar innovativa interpuesta por la defensa del imputado, devolver el resto del dinero secuestrado.

En cada una de esas oportunidades, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo lugar a los recursos presentados por la Fiscalía, revocó la entrega del dinero ordenada por Reynoso y decretó la nulidad de las resoluciones de mérito dictadas por el juez de grado. 
A las 27 causas penales informadas por la Fiscalía General de Salta, se sumaron otros tres expedientes conformados con posterioridad al 30 de abril pasado, en los que el magistrado también procedió a la restitución de parte del dinero que les fuera secuestrado. 
Por ejemplo, en uno de estos tres expedientes –donde se investigaban presuntas violaciones al Régimen Penal Cambiario-, se secuestraron U$S 211.100 y $77.800. El magistrado autorizó la devolución de casi la totalidad de esos montos aún antes de recibir las declaraciones indagatorias. En otra causa similar, en 2013, se secuestraron U$S 500.000 y $60.000, disponiéndose la restitución de 100.000 dólares.

El escrito de los representantes del MPF destaca el impacto negativo de las medidas adoptadas por el juez federal de Orán. 
“Al dictar resolución de mérito respecto de los encausados, Reynoso dispuso la restitución del dinero secuestrado, el que, tratándose de sumarios donde se investiga el contrabando de divisas, conforma precisamente lo que en doctrina se denomina ‘el cuerpo del delito’”, indicaron. En este sentido, remarcaron que la conducta del magistrado no sólo contradice el ordenamiento jurídico nacional vigente (artículo 23 del Código Penal y artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación) sino también las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 
Sobre este último punto, las nueve recomendaciones especiales del GAFI especifican que “los países deberían asegurarse que sus autoridades competentes tienen la atribución legal para detener o retener dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador que se sospechan están relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos, o que son falsamente declarados o revelados”.


Irregularidades sistemáticas
Para los representantes del MPF, el accionar descripto por parte de Reynoso en los sumarios donde se investigaban presuntos contrabandos de divisas no constituye una conducta aislada, sino todo lo contrario. En su escrito, citaron incluso otras dos causas por contrabando de mercaderías en donde el titular del juzgado federal de Orán no sólo dejó sin efecto las sanciones impuestas al imputado, sino que además fijó en su favor, “de forma arbitraria y excediendo el límite de sus funciones”, un cupo para poder exportar productos. La medida fue revocada en duros términos por la Cámara Federal de Salta, que consideró “inaceptable” la conducta del magistrado.
“Resulta elocuente lo expuesto por el tribunal de alzada en cuanto al sistemático apartamiento por parte de Reynoso de los precedentes dictados por su Superior sin siquiera dar un mínimo fundamento que sustente su postura. Ello, permite inferir que con el dictado de dichas resoluciones el citado magistrado perseguía fines particulares y distantes del debido ejercicio de la judicatura que representa”, indicaron. Así las cosas, los fiscales entendieron que los hechos descriptos guardan conexidad con la investigación actualmente en marcha sobre la organización presuntamente liderada por Reynoso, por lo que solicitaron que la presentación se incorpore a ese expediente.

Procesado por coimas  La semana pasada, el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio procesó con prisión preventiva –no se materializará mientras siga en funciones en virtud de sus fueros- a su colega de Orán Raúl Reynoso, al considerarlo jefe de una asociación ilícita cuyo objetivo era la obtención de beneficios patrimoniales (dinero en efectivo, vehículos y hasta una finca) a cambio de mejorar la situación procesal de imputados en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. 
El magistrado, que tuvo en cuenta 9 de los hechos imputados por los fiscales Eduardo Villalba y Diego Iglesias –a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad- extendió los procesamientos a cuatro abogados muy cercanos a Reynoso –Ramón Valor, René Gómez, María Elena Esper y Arsenio Eladio Gaona- quienes oficiaban de intermediarios entre los imputados y el juez a la hora de gestionar las coimas; y a dos empleados del juzgado, sospechados de integrar la organización delictiva. El escrito destaca que los letrados Valor, Esper y Gaona –cuñado de Reynoso- fueron quienes “cuanto menos llamativamente” obtuvieron la devolución de las mayores sumas de dinero secuestradas en las causas bajo análisis.

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