Para salir hay que pagarle al Tío: cómo funcionaba el aparato judicial para beneficiar a narcos en Orán

Radio NOA | 7.12.15 |

Para la justicia federal de Salta, el magistrado lideraba una asociación ilícita conformada por abogados y colaboradores judiciales que mejoraba la situación procesal de imputados por narcotráfico a cambio de dinero, vehículos y hasta fincas. 
Análisis de expedientes, entrecruzamientos de llamados, testimonios de empleados judiciales e investigación patrimonial, las claves que permitieron sacar a la luz la estructura delictiva montada desde el propio juzgado.


“Para que tu hermano salga en libertad hay que pagarle al Tío”. Lejos de ser un hecho aislado, la exigencia de dinero a cambio de mejoras en la situación procesal de imputados en delitos vinculados al narcotráfico constituía una práctica habitual en el funcionamiento del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán. 

Así, lo entendió la justicia federal de Salta, que esta semana procesó con prisión preventiva a su titular, Raúl Juan Reynoso –el “Tío”- al considerarlo jefe de un aparato de poder enquistado en el mismo juzgado con el objetivo de obtener beneficios patrimoniales a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones favorables a los imputados. 

“Los bienes y la libertad de las personas quedaron a merced del magistrado quien seleccionaba los asuntos en función de la magnitud económica que evidenciaban para, tras cartón, establecer el monto en dinero u otra dádiva que era requerida para emitir la resolución favorable”, señaló el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio al dictar el procesamiento de su colega de Orán.

La asociación ilícita:  
Con competencia sobre un extenso territorio que incluye 700 kilómetros de frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, por el juzgado federal de Orán tramitan un importante volumen de causas vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes, contrabando de esa sustancia, de divisas, trata de personas y demás ilícitos de competencia federal. 

Desde el momento en que fue instaurado, Reynoso organizó el funcionamiento del Tribunal con personas de su extrema confianza, como son los casos del jefe de despacho Miguel Saavedra, considerado como la “mano derecha” del juez ya que tenía a su cargo las causas más importantes incluso en desmedro de los secretarios; y el ordenanza Julio Cesar Aparicio, quien se ocupaba de la recepción de las dádivas (vehículos e inmuebles) obtenidas por la organización.  

La estructura delictiva se completaba con abogados fuertemente relacionados a Reynoso: Ramón Valor, René Gómez, María Elena Esper y Arsenio Eladio Gaona, este último cuñado del juez, quienes oficiaban de intermediarios entre los imputados y el magistrado. 

Es decir, eran los encargados, puertas afuera del tribunal, de difundir el monto exigido y la modalidad de pago. Para ello, los letrados involucrados mantenían contacto en forma directa con el juez, ingresaban a su despacho que era el lugar en donde se concretaban las reuniones y, en algunos casos, también la entrega material del dinero. 
“Un abogado de la matrícula me dijo que se sabía que la oficina recaudadora del juez era el estudio de Eladio Gaona”, testimonió

El relato coincidente de otros testigos asegura que a las peticiones llevadas por esos letrados se les imprimía una celeridad visiblemente mayor a la del resto. 
Paralelamente, ese grupo de abogados conformaba una especie de barrera por la cual no podían ingresar otros letrados, y que llevaba a que litigar en ese juzgado de Orán se tornara sumamente difícil para quienes no pertenecían a ese selecto grupo cercano a Reynoso.  

En este sentido, la resolución del juez Bavio menciona la situación que debió atravesar una de las testigos, cuyo hermano –de profesión ingeniero agrónomo- fue detenido luego que una inspección de la AFIP en la empresa donde prestaba funciones detectara la presunta comisión de delito de trata de personas. 
En medio de esa situación, un abogado –quien fue llamado a indagatoria recientemente- se acercó para averiguar sobre el trámite de esa causa, diciéndole “este tipo de cosas se resuelven pagando”.

Cuadro tarifario  Para la justicia federal de Salta, las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal permiten establecer que Reynoso variaba el monto de la exigencia económica en base a la magnitud de la organización criminal investigada. 
Así las cosas, habría una tarifa “estándar” de 500.000 pesos, cifra que le fue exigida a los imputados Bruno Maximiliano Mazzone, Sebastián Meneses e Iván Cabezas. De igual modo, ese monto equivale a los 300.000 pesos y una camioneta Amarok exigida a Marcelino Valdez Cari para lograr su libertad.  

Distinto fue el caso del transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, actualmente con pedido de extradición al ser procesado como responsable del delito de contrabando de estupefacientes y precursores químicos, doblemente agravado por el uso de documentación ideológicamente falsa y por la cantidad de personas que intervinieron.

Imputado por el Ministerio Público por ingresar a país casi una tonelada de cocaína a través de una organización de tráfico internacional que utilizaba camiones cisternas de las empresas del conglomerado empresarial de transporte que controlaba, el empresario había sido detenido en abril pasado por Reynoso quien, pese a contar con las pruebas aportadas por la Procunar, tras recibirle declaración indagatoria, dispuso su libertad provisoria. 

Para ello, lo procesó como partícipe secundario en relación al delito de tentativa de contrabando de estupefacientes por la cocaína diluida detectada que fue hallada en uno de sus vehículos, omitiendo valorar la responsabilidad por el contrabando del precursor químico, el cual había sido entregado prematuramente por ese mismo magistrado a pedido del imputado, cuando todavía no contaba con el resultado de la pericia química que determinó la presencia de tolueno.  
Para forzar tal situación procesal Reynoso le habría exigido a Rosales –por intermedio del abogado Ramón Antonio Valor- la suma de 350.000 dólares. En tanto, como se indicó, al imputado Pablo Vera se le exigió la entrega de una finca de 700 hectáreas en el límite con Bolivia, mientras que en otro caso “el máximo monto abonado” alcanzó los 100.000 pesos.

Pruebas : 
Uno de los aspectos centrales de la tarea desarrollada en forma conjunta por el fiscal del Distrito Salta Eduardo Villalba y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias, se centró en destacar las incongruencias existentes entre los descargos efectuados por cada uno de los imputados durante las indagatorias y la información recolectada en materia de entrecruzamiento de llamados, testimonios de empleados del juzgado, documentación secuestrada durante los allanamientos –uno de los cuales tuvo lugar en el propio juzgado- e investigación patrimonial.  

Así, por ejemplo, durante su declaración indagatoria Reynoso indicó que no tenía por costumbre reunirse con abogados en su despacho y, más aún, respecto a René Gómez afirmó que “no solía hablar con él por teléfono y sí a lo sumo dos o tres veces o quizás cuatro hablé, era sólo para coordinar para algún encuentro para jugar tenis, nada más que eso”. 
Frente a esa afirmación, el entrecruzamiento de llamados aportado por los fiscales da cuenta de 188 comunicaciones entre Reynoso y René Gómez durante los últimos dos años y diez meses. Incluso, se detectaron comunicaciones entre ambos en los mismos días en que se materializaba la transferencia de bienes que hoy forman parte del conjunto de dádivas bajo análisis.

En tal sentido, se registraron comunicaciones el 20 de febrero de 2013, es decir, el mismo día en que Pablo Raúl Vera –imputado por tráfico de estupefacientes- transfirió la “Finca El Mollinedo” a quien por entonces era la pareja de René Gómez. 

También, hay contactos entre ambos durante la primera semana de julio de 2014, época en que la mencionada transfirió el establecimiento a Rosalía Candelaria Aparicio, hermana de Cesar Aparicio, quien -como se indicó- se desempeñaba como ordenanza del juzgado de Reynoso. 
“La severa contradicción entre la versión dada por el juez Reynoso –en cuanto a que no se comunicó vía telefónica con Gómez más de cuatro veces- y las constataciones efectivamente constatadas en autos –más de 180, muchas de ellas en momentos claves en que se adoptaban varias de las resoluciones judiciales aquí cuestionadas-, echa por tierra la ajenidad por él alegada en relación a los hechos investigados, y exime de mayor análisis sobre la cuestión”, señalaron los fiscales respecto a una de las pruebas claves que tuvo en cuenta la justicia federal de Salta a la hora de dictar los procesamientos.  

Otro de los aspectos relevantes surge de los testimonios coincidentes de empleados del juzgado donde se destaca el trato habitual que dispensaba Reynoso al grupo de abogados que intermediaba para exigir las coimas y/o dádivas. “No se hacía nada en el Juzgado sin que el Dr. Reynoso lo sepa y lo ordene, y en caso contrario, los funcionarios éramos objeto de algún cuestionamiento por no avisarle o por decidir por motus propio”, coincidieron, y señalaron que el magistrado les aclaraba que “ él era el juez”, y que les decía: “cuando ustedes sean jueces tomarán las decisiones´”.

Sigue juzgando  
A pesar de la delicada situación procesal en que se encuentra, Reynoso sigue al frente del Juzgado Federal de Orán. El juez federal de Salta Julio Bavio dictó su procesamiento con prisión preventiva y le trabó un embargo de 15 millones de pesos, al considerarlo jefe de la asociación ilícita, concusión –en nueve hechos- y prevaricato –en dos hechos-, si bien su detención no puede materializarse aún en función de los fueros que le otorga la ley por su condición de magistrado. De este modo, será potestad del Consejo de la Magistratura decidir si lo suspende en sus funciones y le inicia el juicio político. En tanto, el resto de los imputados fue procesado sin prisión preventiva, con embargos que oscilan entre 200 mil y 4 millones de pesos.

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