Tras producirse una colisión entre una camioneta y moto, un hombre perdió la vida. Efectivos de Bomberos, de comisaría 24 y personal de criminalística trabajaron en el lugar.
El siniestro vial ocurrió pasada las 10 de la mañana, en ruta nacional 50 a 5 kilómetros de la ciudad de Orán.
El conductor de una Toyota Hilux circulaba por ruta nacional 50 y por causas que se investigan, embistió a un motociclista, quien debió ser rescatado por efectivos de bomberos al haber quedado atrapado bajo la camioneta.
Fue rápidamente trasladado en ambulancia al hospital local, donde perdió la vida pese a los esfuerzos que realizó el personal de la salud.
El extinto fue identificado como Teodoro Guzmán de 58 años.
Interviene la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.
Trabajaron en el lugar, efectivos de la Comisaría 24, Bomberos y Criminalística.
Raúl Argañaraz fue amenazado, dijo que le advirtió a los beneficiarios y se puso a disposición de la justicia.

Recientemente se conoció una denuncia penal y pública realizada contra la secretaria general de la Agremiación Docente Provincial- ADP-, Patricia Argañaraz, por el desmanejo del fideicomiso que tenía como fin la construcción de viviendas para los docentes e incluso por coacción en el marco de una denuncia que realizó un docente en la causa del ex juez federal de Orán Raúl Reynoso. 
Raúl Argañaraz, y hermano de la gremialista, habló al respecto y confirmó las acusaciones contra la Secretaria gremial. “Hay un daño al patrimonio fiduciario considerable que lo van a terminar pagando los fiduciantes”, reveló y dejó entrever que el monto del que se apropiaron la gremialista y su tesorera, Marita Cerezo, ascendería a 30 millones de pesos. Además, denunció que fue amenazado y dijo estar a disposición de la justicia.
Argañaraz señaló que era el encargado de administrar el fideicomiso hasta hace aproximadamente 4 meses cuando se alejó, y explicó: “El fideicomiso es una figura jurídica que es la que, para el caso del proyecto que nosotros creamos se adaptaba con todas las características legales al proyecto de construir viviendas de forma particular. Era una persona jurídica distinta a ADP que se financiaba con fondos propios de los fiduciantes, o sea de las personas que aportaron y aportan una cuota mensual y un valor importante de ingresos para la adquisición de terrenos que se van a urbanizar”.
En este sentido, aclaró que el fideicomiso no le pertenecía al gremio sino que sus responsables, sus fiduciarias, la Secretaria General de ADP y la Tesorera de ADP, “que son las que tienen la responsabilidad de la ley del cumplimiento de los artículos del estatuto de creación del fideicomiso, y que en este caso no se cumplieron prácticamente ninguno”.
El fraude de Argañaraz y Cerezo
“En buena medida fue la razón de mi alejamiento”, expuso Argañaraz al señalar que “el artículo 2 establece que el aporte inicial debía destinarse a la adquisición de dos predios para urbanizar y no se hizo, uno era un sector del camping que estaba en desuso y no se compró porque se gastaron la plata, y la otra parte en el sector de San Luis”.
El hermano de la gremialista precisó que el pago era de 145 mil pesos para quienes querían una vivienda en Cerrillos, mientras que quienes aspiraban a una vivienda en San Luis debían aportar hasta 230 mil pesos. “Todos pusieron el aporte inicial, entre 125 y 130 personas, y hay varios que se empezaron a retirar. Estuve cara a cara con el 100% de las personas que aportaron y me tomé el trabajo de hablar con todos para comentarles la realidad de esta situación, porque este proyecto está destinado a fracasar, porque se metieron otras personas que ven un negocio y esto no es un negocio”, advirtió.
En este sentido, precisó que se pagaron 10 millones y medio por 50 lotes en Cerrillos, más otros 3 millones y medio por 15 lotes más. “Ante la requisitoria de la gente hicimos la compra de 65 lotes donde se están construyendo solamente 22 viviendas”, denunció e indicó que “el proyecto inicial era de 300 personas y quedó frenado porque lo frenaron”.
Siguiendo esta línea, aseguró que “hay extracciones de dinero documentadas porque figuran en los resúmenes de cuentas”. Según se pudo saber tanto Patricia Argañaraz, secretaria general de ADP, como Marita Cerezo, tesorera del gremio, debían cobrar 5 mil pesos cada una por su trabajo en el fideicomiso, sin embargo realizaban extracciones por 180 mil pesos mensuales.
Sobre esto, Raúl Argañaraz remarcó que hasta el año pasado se presentaron balances trimestrales, y dijo: “En el último trimestre, de julio, agosto y septiembre, hice poner una aclaración en las notas donde se extraía para materiales todo eso lo hizo la constructora. Hay cierta gente que se metió y terminó por rescindirle el contrato, ese fue mi enojo”.
Aseguró que la misma situación se dio en los balances de octubre, noviembre y diciembre. “En diciembre 510 mil pesos, parece que cobran aguinaldo también”, agregó en tanto manifestó: “En el medio fijate como lo justificas. Hasta me acusan a mí”.
Sobre tales acusaciones, aclaró que el estatuto no le permite a él como administrador realizar extracciones y enfatizó: “Lo más grave es la no rendición de cuentas, el balance del año anterior no está presentado y significa o va a significar el cierre de las cuentas en los bancos. Hay un montón de intimaciones de AFIP, además el fideicomiso tiene como dirección España 226, y un día fueron y sacaron todo. Hay documentación personal mía que no me la devuelven, hay intimaciones de AFIP a ese domicilio inexistente y hay un sumario iniciado en la Municipalidad por abandono de domicilio”.
“Hay un daño al patrimonio fiduciario considerable que lo van a terminar pagando los fiduciantes. Me mueve el hecho de que la gente va a perder la inversión pero cada uno tiene que accionar individualmente, porque yo no puedo legalmente accionar porque no soy fiduciante”, agregó e incluso informó que ya inició las acciones por un juicio laboral dado que no se le pagó indemnización alguna.
Por otro lado, confirmó las denuncias respecto al dinero que Patricia Argañaraz habría extraído desde el gremio que conduce. “En marzo hubo una trasferencia desde la cuenta de ADP hacia la cuenta del fideicomiso de 2500000 pesos, y con eso se canceló a la empresa constructora porque se le debía dinero”, aseveró señalando que hay serios errores administrativos e incluso que la empresa constructora con la que se encuentran trabajando actualmente no cumple con las condiciones de trabajo para los obreros.
“Me querían hacer firmar un escrito donde yo renuncio a cualquier tipo de comentario que tenga que ver con ADP. Y yo hace 5 años que estuve trabajando en la parte administrativa de ADP y conozco un montón de cosas más, pero me mueve más en este momento lo del fideicomiso, que se puede recuperar”, reveló Argañaraz. Además, adelantó que como solución se estaría planeando solicitar un préstamo al Banco Nación, aunque duda que el mismo sea otorgado.
Finalmente, lamentó que la situación le afecta de manera personal dado que denunció estar sufriendo persecución e incluso amenazas de muerte contra su familia.

Hoy se conoció la gravísima denuncia de Raúl Argañaraz, Hermano de Patricia Argañaraz Secretaria de ADP, gremio Docente de Salta, por estafa en el Fideicomiso de las viviendas. 


Raúl fue personal contable de ADP y del Fideicomiso, desde que Patricia asumió como Secretaria General del Gremio.


El Fideicomiso, explicó, “Es una figura jurídica para el caso de un Proyecto que nosotros creamos, sea adaptada con todas las características legales al Proyecto de construir viviendas de forma particular, una personería jurídica distinta a ADP, que se financiaba con fondos propios, de las personas que aportaron y que aportan una cuota mensual para la adquisición de terrenos por donde se van a urbanizar”.

“En este fideicomiso hay dos fiduciaria, que a su vez son la secretaria General de la Asociación Docente Provincial y la Tesorera María Cerezo. Son las que tienen la responsabilidad ante la ley del cumplimiento de los Artículos del Estatuto, que en este caso no se cumplieron” sostuvo.
Tras esta irregularidad, Raul Argañaraz se alejo de la Agremiación como Contador “El articulo 2 del Fideicomiso establece que con el aporte inicial debía destinarse a la adquisición de dos predios para urbanizar, lo cual no se hizo por que se gastaron el dinero”.

Un docente debía pagar $145 mil para que le construyan la Vivienda, en Cerrillos. En la zona de San Luis $205 y $230 mil por que son terrenos mas grandes.

125 personas empezaron a pagar, algunos se empezaron a retirar. El Proyecto esta destinado a fracasar, hay extracciones de dinero que están documentadas a través del Banco, que no fue destinado a construir las viviendas.

Patricia Argañaraz y María Cerezo Debían cobrar por su trabajo en el mismo la suma de $5.000 cada una. Sin embargo, Raúl Argañaraz confirmo que  los resumen de Cuenta su hermana y Cerezo extraen el monto de $180.000 mensuales, es decir, $90.000 para cada una del Fideicomiso.

Raúl, expresó que a partir de allí fue el comienzo del problema, “Hasta el año pasado se presentaron balances trimestrales, el Último fue Julio, Agosto y Septiembre donde me hicieron poner una aclaración, de que se extraía para acopio de materiales y la construcción de un Obrador, esto no fue así”.

“Yo no tengo ninguna autorización para mover dinero del Banco, las únicas que podían hacer la extracción son Patricia y Marita”.

Por otra parte el Hermano de Patricia Argañaraz dijo que “la no rendición de cuentas que no se presentó hasta la fecha, y que va a significar el cierre de las cuentas en los bancos, hay varias intimaciones de AFIP, no se presentaron las declaraciones de ganancias, IVA, no se presentó nada”.

Raúl Argañaraz quedó a disposición de la Justicia.

El Proyecto Fideicomiso tiene su dirección en España 226, un día fueron y sacaron todo, hay un sumario iniciado por la municipalidad, por abandono del terreno. Todo esto lo van a pagar los financiantes que deben actuar judicialmente.

Además agregó que “en el mes de Marzo hay una transferencia desde la cuenta de ADP hacia la Cuenta del Fideicomiso por la suma de $2.500.000 de Pesos, para cancelarle una especie de préstamo”. Esto quiere decir que se sacó dinero de todos los aportantes Docentes para trasladar a las Fiduciarias. “Hay errores administrativos muy grandes y graves”.

“Fui a hablar personalmente con muchos afiliados aportantes que pusieron mucho dinero”.
Por último sostuvo que tiene una persecución constante donde el fin de semana fue muy grave, aparecieron Facebook a nombre mío, acusando a mi hermana de su amante, amenazas hacia mis hijas y en mi casa, hay dos de muertes y hasta con mi mamá.

Dos denuncias se hicieron en la Ciudad de Orán, una en la Comisaría 24 y otra en la Comisaría 20.

Habiéndose conocido sendas denuncias mediáticas de Raúl Argañaraz, hermano de Argañaraz y administrador de la ADP y del Fideicomiso de Viviendas para docentes y del ex delegado Julio Barrios que agrega la denuncia de connivencia de Argañaraz con el gobierno para despedir arbitrariamente y realizar nombramientos ilegales en cargos docentes, la profesora Carmen Venencia, en nombre de Tribuna Docente se presentó en ciudad judicial para pedir que se investiguen los numerosos y gravísimos delitos que surgen de estos dos testimonios.

“Hemos reclamado que la directiva de ADP presente en asamblea un informe a los afiliados de todos los ilícitos que se denuncian. Pero sigue el silencio y el manejo conspirativo a espaldas de la docencia. Este silencio frente a la enorme gravedad de la situación, que pone en riesgo la existencia misma del gremio, es suficiente para que pidamos su renuncia. Las denuncias son contundentes: vaciamiento del plan de viviendas; la disposición de sumas millonarias, que son de los afiliados, para uso personal de la Secretaria Generala ;la tentativa de hipotecar los bienes de la ADP para obtener un crédito para “salvar” los desmanejos del fideicomiso de viviendas; el cobro de coimas por designaciones ilegales de docentes en compromiso con las más altas autoridades del Ministerio y hasta la denuncia de una posible vinculación con el narcotráfico; la manipulación de cuadros de puntajes y la falsificación de títulos docentes de grado o de perfeccionamiento, entre otras muestran que esta dirección, evidentemente corrupta además de entregadora de los derechos de la docencia, se tiene ir. Declaró Venencia.-
“Venimos desde hace años denunciando la corruptela y el fraude en el gremio , los hechos nos dan la razón. Hace dos años nos sacaron con matones, de la asamblea que debía aprobar los balances.. las evidencias son enormes. Argañaraz se sostiene con la complicidad del estado, al que le conviene seguir manteniendo clausurada la vida del gremio mas importante de la provincia. Una investigación en regla, debe alcanzar a los funcionarios la propia Ministra de Educación que entregó, en un intercambio de favores, el cargo de Secretaria Técnica de Enseñanza Primaria (la encargada de las designaciones docentes) a Carina Wayar, propuesta por Argañaraz. Eso es lo que reclamo que se investigue en mi denuncia ante la fiscalía.” 



El querellante Carlos Garmendia, finalizó el pedido de condenas de los imputados en el juicio por asociación ilícita, concusión y prevaricato, este último cargo, solo al ex juez Raúl Reynoso, con el noveno círculo de la obra "El Infierno de Dante".
“Si el infierno existiera, el lugar para Reynoso estaría en la Antenora. Dentro del noveno círculo, destino de los traidores”.
El abogado en varias oportunidades destacó el agravante que significan para la sociedad los hechos, que se les atribuye, de acuerdo a la investigación, al ex juez Federal de Orán, a los abogados María Elena Esper, Eladio Gaona, Ramón Valor, René Gómez y los empleados del juzgado Miguel Saavedra, Julio Aparicio y la hermana de este último, Rosalía.
Garmendia pidió para Reynoso la pena máxima con el agravante de su función y por liderar la banda, y para el resto de los imputados, a quienes consideró parte de la asociación ilícita y solidarios con la causa del ex juez, solicitó penas que van desde los 9 años, para Gómez, Gaona, Valor y los dos Aparicio, 16 años y 6 meses para Saavedra y 17 años para Esper.
En todos los casos solicitó la inmediata prisión preventiva, la inhibición de los bienes para restituir la suma de un millón de pesos y el pago de costas.
“República de Orán”
Garmendia durante su alegato se refirió a que en Orán, las normas que se llevaban adelante mostraban que se manejaban de manera diferente que en el resto de las jurisdicciones.
“En la República libre de Orán, se podía otorgar excarcelaciones de oficio, algo que no existe, de manera común y sin mediar las escasas excepciones, ya que los que traficaban kilos y kilos de droga, obtenían libertades, devoluciones de dinero y de bienes, de manera casi inmediata, mientras que para otros era un trámite interminable, mediado por dinero”, dijo.
River-Boca en la audiencia
La final de la Copa Libertadores y su posterior resultado, tuvo su momento también la Sala I del Tribunal Oral Federal, que integran los jueces Federico Diez y Jimenez Montilla como vocales y Casas presidente, cuando el fiscal Carlos Amad se presentó vistiendo una remera de River, y con un saco por encima.
Esto le valió que Casas, le hiciera un llamado de atención señalando que “estamos en una instancia de formalidad que creo no amerita esa vestimenta, acorde a un juicio, esperamos no se repita”.
Algunas de las defensas manifestaron su aprobación con este llamado de atención al fiscal. Otros lo tomaron como una muestra más de la personalidad peculiar del funcionario.

El juez federal subrogante del juzgado de Orán habló sobre las irregularidades descubiertas en los depósitos del juzgado.

La causa contra el exjuez federal Raúl Reynoso en donde se lo acusa de recibir coimas de detenidos en causas de narcotráfico para beneficiarlos con excarcelaciones o sobreseimientos está llegando a su fin.
Mientras tanto se suman algunas situaciones que generan más dudas sobre el proceder del juzgado que gestionaba Reynoso.
Según pudo conocer LA GACETA, se descubrieron una serie de irregularidades en los depósitos judiciales que fueron clausurados en 2015 cuando Raúl Reynoso dejaba su cargo y asumía en su lugar María Laura Díaz Martín.
“Se detectaron irregularidades en cinco casos en una auditoría que estamos finalizando en los depósitos. Ahora la investigación corre por cuenta de fiscalía Ministerio Público Fiscal”, dijo Montoya en diálogo con los medios de Orán. “Hemos relevado 7.500 secuestros”, dijo.
Según el juez, en el juzgado federal de Orán existen depósitos que fueron clausurados por diciembre de 2015 cuando cesó en sus funciones el entonces juez (Reynoso) la jueza subrogante Díaz Martín asumió y dispuso la clausura. A su vez, la Corte Suprema de Justicia ordenó llevar adelante un relevamiento sobre esos depósitos. “En ese depósito, en esos secuestros había droga, objetos, ropa, zapatillas, armas”, dijo Montoya y aclaró que actualmente no se recibe droga en el juzgado sino que se canaliza a través de las fuerzas de seguridad. “Solo ingresan las muestras, el resto se aloja en las distintas fuerzas de seguridad que hacen el operativo”, aclaró.
En el depósito también había dinero secuestrado: “Sí se sabe el origen. Aproximadamente 1.650.000 dólares y 2.000.000 millones de pesos. Eso se revisó apenas asumimos. Hasta que no hicimos la apertura de las cajas no sabíamos cuánta plata había. Inmediatamente todo ese dinero se lo llevamos al Banco Nación. Los pesos y los dólares se depositaron en cuenta corriente, las otras monedas están en bóveda el Banco Nación. Esto se hace para acomodar los procedimientos.
Según Montoya, el depósito no fue violentado y toda la investigación de la auditoría será enviada al juez Bavio, quien lleva la causa contra el exmagistrado Reynoso. Con respecto al accionar del juex Reynoso, Montoya solamente pudo decir que le genera “intriga” lo que sucedió con el Juez.

Llaman a asamblea para que Patricia Argañaraz explique si es que hubo o no un fraude por parte de la Agremiación Docente Provincial con los fondos destinados a casas.
En las últimas horas, Carmen Venencia, dirigente de Tribuna Docente, recorrió algunos medios para poner al tanto la situación que viven sus colegas.
En radio Aries explicó que tras la creación, por parte de la ADP, de un fideicomiso para la construcción de viviendas, hubo ciertas irregularidades que ahora piden sean explicitadas. “Son muy evidente los ilícitos que cometen”, aseguró. Además hizo referencia a los emprendimientos privados figura la titular de ADP, Patricia Argañaraz.
En un comunicado publicado en redes sociales el fin de semana pasado, desde Tribuna Docente, informan sobre “una crisis abierta en la comisión de ADP donde afiliados, miembros de la directiva, denuncian un manejo despótico de Argañaraz y un posible fraude con las viviendas”.
Por ello convocan a una asamblea provincial para que desde la ADP rindan cuentas tanto la comisión directiva como las secretarías.
Entre las interrogantes que lanzan, podemos leer: “¿Qué pasa con los planes de viviendas en los que muchos docentes han aportado, haciendo un gran sacrificio, enormes masas de dinero. ¿Hubo fraude como se dice? ¿Pretenden devolver el dinero completamente devaluado y sin intereses, colmo denuncian algunos docentes?”.
Vecinos que viven en el sector de calle Uriburu casi esquina 9 de Julio de nuestra ciudad nos enviaron nuevamente la foto que ilustra este artículo para recordarnos que hace mas de 3 meses esperan que la empresa Edesa proceda al cambio del transformador que esta ubicado en el lugar. Dicho transformador desde hace mas de un par de años tiene una importante pérdida de aceite.-

Según manifestaron desde el Concejo Deliberante, el intendente de Pichanal usó un presupuesto que nunca se aprobó.

Julio Jalit, intendente de Pichanal, fue denunciado en la Fiscalía 3 de Delitos Complejos en Orán, y fue rubricada por el presidente del Concejo Deliberante de ese municipio, Luis Chiodini.

 Chiodini dijo que Jalit incumplió haciendo uso del presupuesto 2018 sin haber sido aprobado por los concejales que estaban en función en el 2017, y que la prueba de ello es que en el libro de actas del Concejo no existe ni una sola firma de los miembros del cuerpo. El concejal remarcó que el Intendente de Pichanal gastó un presupuesto jamás aprobado.
No coinciden los montos recibidos con los que se gastaron, no se presentó documentación respaldatoria que permita comparar egresos e ingresos.
La denuncia hace ver que Jalith a sido re elegido en varias oportunidades, es decir que tiene pleno conocimiento de los pasos que debe seguir para la aprobación y ejecución de un presupuesto por lo que se entiende que a sabiendas se realizó este mal manejo de los fondos.
La denuncia manifiesta también que existe una malversación de más de 11 millones de pesos por cheques emitidos y no cubiertos de los cuales no se sabe a quién o quienes se entregaron los ni el monto de estos.

Luis Osvaldo Chiodini finalizó la entrevista dirigiéndose a la opinión pública manifestando que "este concejo si funciona y es nuestro deber denunciar para que la Justicia investigue".
Carlos Garmendia y Evangelina Navarro, abogados que representan a la querella en una de las 9 causas que llevaron a que se acuse al ex juez Federal Raúl Reynoso, de jefe de una asociación ilícita, prevaricato y concusión, pidieron al tribunal de juicio lo condene a 18 años de prisión.
Además de 10 años de inhabilitación, las costas y la restitución de un millón de pesos para sus representados. Se pasó a cuarto intermedio hasta el viernes a las 15 cuando alegue el fiscal Carlos Martín Amad. Ya se pudo conocer que la sentencia se conocería el tercer lunes de febrero.
En una extensa jornada que finalizó pasadas las 16.30 el alegato, último tramo de la audiencia de ayer, se escuchó además el resto de la incorporación de una prueba, solicitada por Reynoso, además  los imputados Miguel Saavedra y Julio Aparicio hicieron uso del derecho a ser escuchados. Tanto Saavedra como Aparicio negaron los cargos que se les endilga de ser partícipes de una asociación ilícita conformada para beneficiar a detenidos a cambio de una paga.
Saavedra, empleado del juzgado habló como se tramitaban los hechos, sin que haya resaltado nada en particular, destacando en todo momento que respetaba en todo escritpo el criterio del juez.
Particularmente en el caso de las excarcelaciones de oficio, que sorprende se dieron en algunos casos, dijo “este trámite está previsto en el Código Penal”. Esto en el momento del alegato el querellante hizo referencia señalando que solo en el caso que la prisión lleve dos años sin resolver, se concreta.
Lo que no significaba un fundamento en los casos que se analizaron.
Aparicio, empleado de maestranza del juzgado, está acusado de ser intermediario en la venta de una finca a una hermana, tierras que eran de la ex pareja de René Gómez, también imputado, y se las habría vendido a Rosalía Aparicio, quien pagó 180 mil pesos.
“Nuestra familia siempre compró tierras, en este caso un hermano, ya fallecido, dijo que se trataba de un buen negocio. Así que compramos finca Mollinedo, que tenía supuestamente 220 hectáreas, pero como está en un sector de río, la orilla se extendió y terminó siendo de 700, sin embargo es inútil, ya que no se puede cortar madera, ni producir”, dijo Aparicio.
En otra parte de su declaración también dijo que Reynoso era autoritario y riguroso, “no se podía contradecirlo en nada, y no solo conmigo sino en general”.
Alegato de la querella
Garmendia comenzó señalando que él alegaba sobre uno de los nueve casos, que derivaron en una acusación, sumamente grave como es hablar de corrupción en el último eslabón de la sociedad, destinada a garantizar la justicia, “y si un juez es corrupto estamos perdidos”, enfatizó.
Adhirió a todas las acusaciones que el fiscal realizará en su alegato, entendiendo que si bien solo en un hecho se afecta a sus representados, en los otros ocho hechos se abren pautas similares.
“Reynoso lidera una banda de delincuentes que tenían por objeto manipular resoluciones judiciales, para liberar y beneficiar a cambio de dinero. Se acomodaron causas, se generaron investigaciones, y se inventaron cargos, como ocurrió con mis clientes, cuyas detenciones se intentaron mostrar como legales”, dijo el querellante.
En la causa de Ivan Cabezas, Germendia aclaró que comenzó cuando en un control detienen a otro de sus representados, Pablo Meneses, quien llevaba, 300 mil pesos, para compra de ganado, certificando todo. Sin embargo Gendarmería entendió ameritaba una investigación, así se inician las escuchas y vigilancia, donde van apareciendo los otros nombres, Bruno Mazzone, Martín Avella, y el propio Cabezas.
Los pedidos de libertades
Despues detalló la manera en que se dieron las libertades de los comerciantes de carne, demostrando con días y resoluciones que se iban produciendo a medida que se había abonado una cierta suma de dinero.
“El 10 de julio del 2015 se conocen las resoluciones que de oficio el ex juez excarcelaba a los imputados Cabezas, Meneses y Mazzone. Al “tío” como señalan le decían a Reynoso, se le ocurrió excarcelarlos, once días después que se habían presentado de forma legal los pedidos de libertad, porque no había nada que los marcara como delincuentes. Sin embargo once días después y solo con el pago de dinero, sin ninguna prueba que haga la diferencia, se obtuvo la libertad”, dijo Garmendia.
Tras un extenso fundamento llevado adelante por la querellante Evangelina Navarro, se hizo el pedido de condena para Reynoso de 18 años de prisión por prisión donde la pena máxima por liderar una asociación ilícita son 10 años y el agravante por su función de ejercer justicia, la elevó a 18 años, pidiendo además 10 años de inhabilitación, las costas, y la restitución del millón de pesos de sus representados.

Llega a la ciudad de Orán la Fundación Lucens, que realiza la lucha contra las enfermedades neurológicas.

Los profesionales atenderán el viernes 14 desde las 16 y el sábado 15 desde las 9 en el Móvil de Salud de la Fundación Argentinidad, actualmente situado en las instalaciones del Aero Club Orán.
El Dr. Emilio Benítez, presidente de Lucens, realizará las consultas en neurocirugía, la Dra. Marina Hoffmann lo hará en neuropediatría y el Dr. Ignacio Avellaneda hará lo propio en neurología y neurocirugía. Los turnos se darán durante esta semana en Uriburu 166, sede de la Fundación Argentinidad, como así también llamando al teléfono 423188 o al celular 387-5866835.
El senador González aclaró que la atención es totalmente gratuita, como todo lo que se viene realizando en el Móvil de la Salud. Ya son miles los oranenses que recibieron el beneficio de estas prestaciones.

En el caso de defraudación y pedido de coimas en la AFIP Salta, el productor del norte Bernard Paul Vuillermet denunció que tras un allanamiento en su finca, recibió una llamada telefónica en la que le nombraron al ex juez Federal de Orán, Raúl Reynoso.


En la causa se pudieron conocer en la semana que finalizó, algunos detalles sobre las denuncias en contra de los acusados Rafael Resnick Brenner, Pablo Daniel Haddad, Federico Guijarro Jiménez, y Nicolás Fili por cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En el procedimiento realizado por parte de personal de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la finca del productor, señala que “a la  semana del allanamiento recibió una llamada telefónica por parte de un sujeto de apellido Barakat, que residía en  Salvador Mazza, quien  le manifestó  que hacía trabajos en la  frontera para el juez Rául Reynoso del Juzgado Federal  de Orán y que le habían encomendado para llamarlo con el objeto de solicitarle la suma de un  millón de pesos a cambio de solucionarle el  problema”.
Todo esto bajo la advertencia que “si no lo hacía no iba a salir de la situación”.
Vuillermet les manifiesta que no contaba con esa suma de dinero a lo que Barakat le señaló que “conocían  al detalle su patrimonio, como así también la cantidad de granos que tenía en el campo”.
En la causa se conocieron los procesamientos de los nombrados anteriormente, uno de los cuales se desempeña como decano de Economía de la Universidad Católica de Salta. Federico Guijarro Jimenez, quien además era contador de la Minera Santa Rita, y sería, según la acusación, la persona encargada de entregar la “coima”.
Esta situación fue advertida en la investigación llevada adelante por el fiscal Eduardo Villalba cunado, los técnicos de AFIP habían podido detectar una importante maniobra de una empresa minera, tendiente a generar créditos fiscales.
Pese a ello, en sentido contrario al de la investigación realizada por la propia AFIP, el entonces director de la Regional Salta Resnik Brenner ordenó devolver los créditos fiscales a cambio de una coima de $1.200.000 que se habría pagado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tras tomar conocimiento, la AFIP inició un sumario administrativo en contra del nombrado a raíz de su proceder irregular y contrario a todas las normativas vigentes.