El 4 de noviembre de 2015, con el allanamiento del Juzgado Federal de Orán y algunas detenciones, estallaba el escándalo por la acusación contra el por entonces juez Raúl Reynoso por beneficiar a narcos a cambio de coimas.
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Días después, luego de haberse conocido los detalles de una declaración de un ex empleado suyo que lo comprometía, Reynoso convocó a los trabajadores del Juzgado a una reunión en la que les hizo una serie de advertencias.

LA GACETA SALTA accedió a una grabación de esa reunión.  La grabación, que está incluída en la causa, tiene una duración exacta de 68 minutos en los que se escucha hablar casi exclusivamente al ex magistrado, molesto al sentirse traicionado por su ex empleado cuyo testimonio fue clave para el inicio de la causa y el desarrollo de la investigación, motivo por el cual hoy es un testigo protegido cuya identidad se ordena reservar.

El juez confesó que la declaración de aquél testigo no lo sorprendía por completo, que se la veía venir porque sabía que se filtraba información desde su Juzgado, por lo que acto seguido enfatizó: “A todos les pido dos cosas: trabajo y fidelidad”.  “Yo siempre dije que algún día iba a descubrir quién va y dice cosas de acá, pero no necesité descubrir nada, se deschabó solo”, se le escucha decir al por entonces magistrado.

El enojo del juez contra su ex empleado surge indisimulable pese a mostrarse confiado constantemente con tener pruebas para demostrar su inocencia. En distintos fragmentos de la grabación lo menciona y hasta lo califica de desagradecido por declarar en contra, además, de Miguel Saavedra, mano derecha de Reynoso durante años.

Escuchá los fragmentos más fuertes de la grabación:


Entre las fuertes frases que Reynoso pronunció en contra de este testigo, se destaca cuando habla de que va a denunciarlo lo que le va a causar que le cueste concursar para algún cargo en lo sucesivo. “No va a quedar tranquilo jurídicamente, yo ahora estoy ocupado en pescados más gordos, de los medianos y más chicos me voy a ocupar después”, dijo.

Unas 20 personas, entre abogados y empleados, acudieron a la convocatoria hecha por el juez, mientras que varios no estuvieron presentes por estar de licencias, afectados a trabajos en otros lugares o por problemas de salud.

A lo largo de la reunión, Reynoso marcó que su idea era labrar un acta de la misma en la que se acredite que el motivo era el afianzamiento de las reglas de trabajo y dar la posibilidad a los empleados de efectuar una denuncia o comentario si observaban alguna situación irregular o sospechosa dentro del Juzgado. Incluso les insiste en que aquella era la oportunidad de hacerlo y no hacer como el ex empleado que nunca dijo nada.

En la grabación se escucha que nadie desmiente ni contradice a Reynoso y que tampoco expresan opiniones sobre haber visto situaciones irregulares. Según supo este medio, eso era una constante en las reuniones convocadas por el juez ya que todos le tenían “temor reverencial” y nadie se atrevía a enfrentarlo por miedo a represalias y sanciones.

A lo largo del juicio que se desarrolla desde septiembre y que tiene como principal imputado a Reynoso –junto a otras siete personas- de asociación ilícita, concusión y prevaricato, se escucharon las declaraciones de muchos de los empleados del Juzgado que relataron los acosos, malos tratos, retos públicos, enojos injustificados y controles excesivos que recibían. Así lo declararon Alejandro Daher, Gustavo Adad, María Alejandra Yampotis y Juan Manuel Puig. En un fragmento de la grabación se escucha al propio Reynoso decir que alguna vez sancionó a un empleado por estar usando el celular.

“A mí me van acusar de cosas sin razón y si me pueden meter preso, me van a meter preso”, se lo escucha decir convencido de lo que enfrenta pero, en aras de mostrarse fuerte también afirmó: “aún preso, a mí me gusta escribir poesías y la lectura, no vaya a ser que me hagan un favor y me den más tiempo para escribir poesías y novelas; no me aflige, mi familia está preparada, aunque no es fácil”.

Buscando convencer que sus determinaciones judiciales siempre estuvieron en orden a lo justo y a lo que constaba en los expedientes, Reynoso remarcó que siempre les dijo que en las causas tenían que poner lo que es real y que no se puede divagar y hacerse la película, meintras que luego vuelve a hacer una advertencia en tono amenazador: “yo les digo chicos, cuidado, no hablen más de la cuenta”.

Reynoso expresó algo que siempre sostuvo: que se trata de una causa armada, con intereses políticos y directamente con el fin de perjudicarlo. En ese sentido aseguró que el fiscal federal José Luis Bruno es uno de los grandes responsables y cuestionó que la ex empleada del juzgado, María Segovia, haya sido detenida como sospechosa y que después de declarar en su contra, fue inmediatamente liberada bajo falta de mérito.

PELEAS Y ARROJADA DE PROYECTILES CONTRA LOS EFECTIVOS POLICIALES EN LOS CORSOS.

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Algunos casquillos de bala luego de la batalla campal en los corsos.. las balas las encontraron una transeúntes que se dirigían a barrios los paraísos.. el tiroteo habría sido en Av Alvarado esq Buenos aires..
Aprovechando el momento se armó una trifulca en medio del corso en donde se vivió un desazón todos los espectadores en donde policías fueron agredidos por más de 50 personas menores y mayores.
como siempre hacen que las cosas buenas del pueblo terminen en situaciones caóticas. Lamentable penoso. Tres de las personas golpeadas fueron de la familia Gonzales a quien los llevaron al hospital y fueron atendidos por los médicos de guardia.
RECORDEMAMOS LOS POLICIAS EN SU ACTUAR RECIBIERON LLUVIA DE LATAS DE NIEVE VACIAS QUE ARROJABAN LOS INADAPTADOS DE SIEMPRE UNA VERGÜENZA. ESTO NO PASA POR LA ORGANIZACIÓN PASA POR LA MALA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS QUE PUSIERON EN RIESGO LA DE CIENTOS EE ESPECTADORES TANTO GRANDES Y NIÑOS.

Fuente: Radio Independencia
Comenzó en Río Negro el juicio contra los siete policías imputados por la desaparición de Daniel Solano, trabajador golondrina proveniente de Tartagal, Salta, que se había organizado junto a cientos de compañeros contra diversas estafas del pulpo multinacional Expofrut, que los tercerizaba por medio de la firma AgroCosecha.
Un entramado de impunidad ha permitido que los acusados lleguen al juicio en libertad y cumpliendo funciones. Además, no se ha avanzado sobre los responsables políticos e intelectuales del crimen, restringiéndose la investigación al grupo de policías.
La querella que representa a la familia Solano, en cambio, apuntó en la primera jornada del juicio a la responsabilidad empresaria, con una rigurosa presentación en la que detalla nombre y cargos de todos los responsables. También denuncia el encubrimiento de la justicia, la policía, el accionar delictivo de jueces, y la estafa a los obreros.
Se pudo oír también la  participación de la policía formando parte de una asociación ilícita amparada por el Estado y de la cual fueron oportunamente informados tanto el gobernador Alberto Weretilneck como Miguel Pichetto, senador del Partido Justicialista.
Mientras esta audiencia transcurría en una ciudad judicial con su puerta principal cerrada  y con un fuerte despliegue policial,  continúa en Choele Choel la búsqueda del cuerpo en el jagüel de una estancia.
Afuera de los tribunales de General Roca (Fiske Menuco), una manifestación de activistas y organizaciones acompañó la primera jornada del juicio y se montó una radio abierta en la que se manifestaron familiares de otras víctimas de desapariciones y maltrato en las que está involucrada la policía y el Estado.
El concejal de General Godoy del Partido Obrero,  Gabriel Musa, se hizo presente acompañando a las hermanas de Ricardo Machuca (un peón oriundo de esa localidad que desapareció en La Pampa hace más de tres meses), para cuya lucha ha puesto a disposición la banca y asistió a la sala en donde se desarrolla el juicio.
Las jornadas de declaraciones de testigos, alegatos y demás instancias judiciales durarán más de cuatro meses. Llamamos a los trabajadores a sumarse activamente a acompañar esta lucha. La batalla por la justicia para Daniel Solano está indisolublemente asociada al el conjunto de las reivindicaciones que tienen todos los trabajadores de la fruta.
Es necesario un congreso de bases de la Uatre y todos los sindicatos ligados al sector, con delegados electos para superar a las actuales direcciones e impulsar un verdadero plan de lucha en defensa de nuestro salario, nuestro trabajo y nuestras condiciones laborales.
Justicia por Daniel Solano.
Trabajadores del Ingenio Tabacal que reclaman por su reincorporación volvieron a cortar la ruta en la tarde de este miércoles con la modalidad de una hora de corte y 20 minutos de paso.
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La medida se mantendrá hasta que se avance concretamente en la negociación de las reincorporaciones de los 181 despedidos y en la jornada de hoy el corte se produjo luego de una marcha de familiares que partió desde Plaza Independencia hacia la ruta 50.

Los voceros de la protesta informaron que irán prolongando el tiempo de corte si es que el gobierno y la empresa no cumplen con los pedidos solicitados por los obreros del ingenio Tabacal.


Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Edgardo Laurenci, Aldo Primucci, y Mario Maldonado, en audiencia de debate colegiada, condenaron a Juan Carlos Dávalos (39), a la pena de dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación especial perpetua, por resultar autor penalmente responsable del delito de fraude a la administración y usurpación de título concurso ideal.
El hombre por el término de dos años deberá dar cumplimiento a las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta, podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta, que pasaría a ser efectiva.
Los fundamentos del fallo serán leídos el próximo 27.
Los hechos salieron a la luz cuando una docente ingresó al sistema educativo en agosto de 2011, reteniéndosele el sueldo advirtiéndole de la posibilidad de un inconveniente con su título profesional. Ante esas circunstancias la docente se presentó en el Instituto Superior de Formación Docente de Pichanal (donde había cursado la carrera) y el personal administrativo le informó que su titulo coincidía con el número de matrícula profesional que ostentaba Dávalos, quién recientemente había solicitado se le certificara unas fotocopias del título y del analítico para ser titularizado en la escuela donde ejercía la docencia desde el 2003, aduciendo que había extraviado la documentación original.
Las regiones del NEA y NOA ocupan los primeros puestos en el recuento de casos registrados en todo el país por intoxicación con agrotóxicos entre 2016 y 2017, de acuerdo con los datos publicados en el Boletín Integrado de Vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
El informe que da cuenta de las denuncias de afecciones en humanos por el uso de agroquímicos, señala que en todo el país en 2016 se notificaron 1.927 casos, de los cuales fueron confirmados sólo 393; en tanto, en 2017 fueron notificados 1.307 y confirmados sólo 324.
En el NEA, de los 721 casos registrados ninguno pudo ser confirmado por los entes competentes. Chaco enca­beza la lista de provincias de la región con 540 casos registrados (329 en 2016 y 211 en 2017) todos sin con­firmación.
Sigue Misiones con 32 casos notificados en 2016 y 60 en 2017. En el caso de Co­rrientes, según los registros, se denunciaron 28 casos en 2016 y 24 casos en el año 2017, sin confirmación de ningún caso. Formosa tiene sólo cuatro notificados en 2016 y cero en 2017.
La falta de confirmación de casos en la región NEA se diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, Capital Federal y otros distritos grandes en los que hasta el 70% de los casos se confirman. La región NOA cuenta con un total de 863 denuncias notificadas y 212 confirmadas en 2016 y en 2017, 513 registros y sólo 131 confirmaciones. Allí encabezan el índice Salta con 902 casos entre ambos años aunque todos sin confirmación. Y Tucumán con 346, entre 2016 y 2017, de los cuales la mayoría pudo ser confirmado (338).
En Corrientes, en septiembre del año pasado murió una nena de 12 años luego de comer una mandarina con un agrotóxico letal que se encuentra prohibido en la Argentina. Los médicos forenses de la Justicia correntina encontraron restos de "furadán" o "carbofurano" en el cuerpo de la menor que falleció segundos después de comer el cítrico que encontró en la entrada de una quinta en Mburucuyá.
Pero la crisis económica y social en la que se encuentra sumida la provincia no termina allí, las inundaciones del Chaco salteño y sus gravísimas consecuencias para sus ya empobrecidos habitantes nos muestran un gobierno provincial inercial.
El año 2017 terminó en Salta con la reforma tributaria, situación que el gobernador aprovechó para aumentar la alícuota -sí, aumentar- del impuesto a las actividades económicas.
El año 2018 comenzó con el cierre del ingenio San Isidro, ubicado a escasos 59 km de la ciudad de Salta, con la pérdida de sus trabajos para más de setecientas personas, pero que con los empleos indirectos dicho impacto alcanza a más de 1.200 trabajadores aproximadamente. Y a infinidad de cañeros.
Por su parte, el ingenio El Tabacal ha enviado telegramas de despido a casi 200 empleados. Dicha empresa agroindustrial ha aceptado la conciliación obligatoria pero ya sostuvo que no hay marcha atrás sobre la decisión tomada y que pagará el 100% de las indemnizaciones; mientras tanto, los despedidos del ingenio San Isidro solo cobrarían la mitad de las indemnizaciones de aprobar el Ministerio de Trabajo de la Nación el procedimiento preventivo de crisis, aunque no se entiende muy bien lo de "preventivo", porque el ingenio se encuentra ya cerrado.
En medio de esta gravísima situación, de la cual no resultan ajenos ni el Gobierno provincial ni el nacional, el titular del gremio de empleados y obreros azucareros del ingenio San Isidro ha elogiado la actitud del gobernador de viajar a Perú para evitar el cierre del ingenio, viaje que realizó cuando el ingenio ya estaba cerrado y la situación de años atrás hacía previsible este desenlace.
El Fondo y la ley
El ingenio El Tabacal es el principal empleador privado salteño, con 1.700 puestos de trabajo directos y miles más de indirectos.
Pero la crisis económica y social en la que se encuentra sumida la provincia no termina allí, las inundaciones del Chaco salteño y sus gravísimas consecuencias para sus ya empobrecidos habitantes nos muestran un gobierno provincial inercial y cabe preguntarnos, frente a la nula planificación, dónde fueron a parar los dineros del Fondo de Reparación Histórica, porque obras de infraestructuras necesarias para impedir estas inundaciones no existen. Mientras tanto ningún fiscal de la provincia decide investigar respecto del destino de dichos fondos.
La solidaridad de la gente se muestra, lo que no se muestra y no aparece es la responsabilidad estatal.
El artículo 76 de la Constitución de la Provincia de Salta, por la que han jurado todas sus autoridades al asumir sus cargos, expresa:
"Desarrollo económico social: Los poderes públicos: - realizan una política orientada al pleno empleo, - fomentan la producción agraria y su desarrollo tecnológico, - estabilizan la población rural y procuran su acceso a la propiedad, - estimulan la industrialización de la Provincia promoviendo, preferentemente, la transformación de las materias primas en el ámbito de aquella y la radicación de capitales y tecnología, - promueven la obtención de nuevos mercados nacionales o internacionales, para los productos locales".
Este artículo constitucional, que es una manda para los poderes públicos, nos indica que es una obligación para los poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso social y económico.
La letra de la ley
La Constitución Provincial, Comentada, Anotada y Concordada, dirigida por los Dres. Abel Cornejo y Guillermo Catalano, nos dice en su tomo I al comentar este artículo constitucional: "En este artículo el Estado se compromete a implementar una serie de políticas tendientes al logro de objetivos económicos y sociales para el desarrollo de la provincia: el logro del pleno empleo, el fomento de la producción agropecuaria y su tecnificación. Asimismo, se propone la industrialización de la provincia, que la manufactura de las materias primas se realice en Salta, y que aquí se radiquen los capitales y los recursos técnicos; todo lo cual significa avance económico y social".
Por su parte el artículo 71 de la Constitución Provincial expresa: "La actividad económica se orienta al servicio del hombre y al progreso de la comunidad. La iniciativa económica es libre. Los poderes públicos promueven la distribución equitativa de la riqueza".
El mismo libro dirigido por los Dres. Cornejo y Catalano al comentar dicho artículo nos dice: "Como puede apreciarse, el artículo que comentamos se inspira en una concepción decididamente humanista, colocando al hombre como fin y no como medio de la economía y, al mismo tiempo, se preocupa por el progreso económico de la comunidad toda, en la que el hombre se halla inserto".
Para continuar más adelante expresando: "Como puede apreciarse, la normativa constitucional se inspira en la llamada economía social de mercado, al declarar que la actividad económica se orienta al servicio del hombre y al progreso de la comunidad, al consagrar la actividad privada".
Hay que preguntarse si los poderes políticos en Salta están cumpliendo las claras mandas constitucionales, surge evidente que no.
Frente a esta enorme crisis económica y social en que se encuentra sumida la provincia de Salta cabe preguntarse también por el rol de la oposición política que permanece dormida, con la honrosa excepción de los diputados radicales que solicitaron al gobernador convoque a sesiones extraordinarias a la Legislatura, pero el gobernador piensa esperar al parecer al 1 de abril, como si la situación extrema de Salta no ameritara la convocatoria peticionada.
Cabe preguntarse igualmente por la actividad del CES, el Consejo Económico y Social, que manejado totalmente por el gobernador provincial a través de sus autoridades permanece impasible frente a tamaña situación provincial.
Esta semana entrante tendrá su reunión mensual el CES y veremos qué manifiestan públicamente respecto de esta crítica situación económico-social y, sobre todo, qué cuestionan al Gobierno provincial y qué exigen al mismo.
El Consejo Económico y Social está normado en el artículo 77 de la Constitución de Salta que expresa “Planificación”. 
Consulta a los sectores interesados: Los poderes públicos, en consulta con los sectores productivos y del trabajo, sancionan planes económico-sociales indicativos para el sector privado de la economía e imperativos para el sector público provincial y municipal.
Dichos planes procuran el desarrollo equilibrado y armonioso de la provincia, conjugando los intereses de sus diversas regiones con los de las provincias del Noroeste Argentino y de la Nación.
La creación del Consejo 
Por ley se crea el Consejo Económico Social integrado por representantes de la producción, el trabajo, la cultura, la ciencia y la tecnología.
Cabe interrogarse si la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector de la industria azucarera y de otros tantos de forma indirecta en la producción agraria afín está dentro del famoso plan 2030; cabe preguntarse si esta crítica situación económica y social que se vive es el desarrollo armonioso y equilibrado de la provincia y si las nefastas consecuencias de la falta de infraestructura necesaria en el Chaco salteño es el velar por los intereses de sus diversas regiones. Cabe preguntar qué planifica este Consejo integrado por la Sociedad Rural Salteña, la Cámara de Comercio e Industria de Salta, el Arzobispado salteño, el Foro de Intendentes de la Provincia, el Ippis, el INTA, el INTI, la Unión Industrial de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, entre otras muchas instituciones.
La Constitución comentada citada nos dice en su tomo I, reflexionando sobre el rol del Consejo Económico y Social: “De esta manera, se institucionalizan los grupos de presión y se los reconoce como parte del juego de fuerzas en el paisaje constitucional”. Para decir más adelante: “En ocasiones se ha concluido en calificarlo de dudosa utilidad, deberá ponerse énfasis en garantizar la calidad representativa de los miembros del cuerpo, su independencia de criterio y su idoneidad”
A trabajar!
A la luz de los acontecimientos provinciales cabe concluir en contra de la idoneidad del Consejo Económico Social de la Provincia de Salta, como también de su falta de independencia de los poderes políticos. ¿Seguirán indolentes dejando a Salta sumida en esta crisis económica y social que afecta sobre todo a las personas y los grupos más desaventajados de esta provincia?  ¿O Gobierno, oposición y los grupos de presión integrantes del Consejo Económico y Social se pondrán a trabajar seriamente por el desarrollo económico y social de Salta? ¡A trabajar, señores!
 FUENTE: EL TRIBUNO
Informe de Germán de los Santos para el diario La Nación.
El hallazgo es clave para avanzar en la hipótesis de los investigadores de que durante la gestión del exmagistrado federal, parte de la droga incautada en procedimientos desaparecía y se vendía, muchas veces en Bolivia.

En el juicio contra el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso apareció un extraño oficio que el exmagistrado había enviado en abril de 2012 al entonces jefe de la Aduana de esa ciudad fronteriza con Bolivia. En él autorizaba a sus empleados, entre ellos, a uno de sus ahora coimputados, a trasladar estupefacientes en sus autos particulares. 

Así lo consigna un informe que hoy publicó el diario La Nación donde detalla que este oficio se enmarca dentro de la sospecha de los investigadores de que durante los 11 años de gestión de Reynoso al frente del juzgado federal de Orán parte de la droga incautada en procedimientos desaparecía y luego se vendía, muchas veces en Bolivia.

El hallazgo de este documento, que encontró el nuevo jefe de la Aduana de Orán en un bibliorato, es clave para avanzar en esta hipótesis.  El juez federal de Salta Jorge Bavio investiga desde hace más de un año la posible adulteración de la droga que era enviada a incinerar tras los secuestros en los operativos que ordenaba el juzgado conducido entonces por Reynoso.

Un testigo oriundo de Yrigoyen, localidad situada a unos 15 kilómetros de Orán, denunció esas eventuales maniobras en el Juzgado Federal Nº 1 de Salta.

En la investigación se detectó que nunca se hacían los test con reactivos -como se prevé en los protocolos- para confirmar el grado de pureza de la cocaína.

No se sabía lo que se quemaba. Para tener una dimensión de la cantidad de droga que se manejaba en el juzgado, solo en las nueve causas por las que ahora está siendo juzgado Reynoso se secuestraron 2000 kilos de cocaína, valuadas en unos 12.000.000 de dólares. 

"Los vehículos particulares identificados con los dominios GPV271 y GZL299, pertenecientes a los empleados Néstor Conrado Acosta y Julio César Aparicio, se encuentran afectados a tareas del juzgado federal a mi cargo, entre ellas, el traslado de secuestros compuestos por estupefacientes", reza el oficio de abril de 2012 firmado por Reynoso y enviado al entonces jefe de la Aduana de Orán, Julio de la Vega. 

Si ese oficio fue remitido a la Aduana es porque esos vehículos -que con aquella orden judicial estaban autorizados a transportar estupefacientes- posiblemente cruzaron a Bolivia por el paso cercano a Aguas Blancas, donde, conjeturan los investigadores, se iba a devolver la droga secuestrada a sus dueños a cambio de dinero.  Según fuentes judiciales, uno de los encargados de manejar el depósito donde se guardaba la cocaína de los secuestros era Aparicio, que ahora está siendo juzgado junto a Reynoso y que era una suerte de secretario privado y chofer del exjuez.

En noviembre pasado, el fiscal Amad y Diego Iglesias, titular de Procunar, pusieron en la mira a los comandantes Ricardo Daniel Castillo y Fabio Waldo Benegas, al suboficial Sergio Nicolás Guaymas y a Reynoso. Sospechan que ellos formaban parte de una "alianza" que actuaba de manera aceitada para el cobro de sobornos. 

Estos gendarmes habrían participado en el armado de causas contra narcos -muchas veces, con pruebas endebles- para que, en una segunda etapa, la judicial, recibieran fallos favorables a cambio de dinero.  El abogado David Leiva, el primero que denunció a Reynoso, ya había advertido de la supuesta complicidad de integrantes de la Gendarmería con la trama de sobornos montada en el juzgado de Orán.

FUENTE: LA NACION
Más de 6 mil personas se convocaron ayer para la histórica marcha de azucareros de Salta y Jujuy que se inició en Campo Santo para rechazar el ajuste en los ingenios azucareros de la región y reclamar la continuidad de esta actividad, vital para los habitantes de esa zona.
La marcha en General Güemes, encabezada por los secretarios generales de los gremios azucareros.
En la caravana que recorrió unos 300 kilómetros, hubo expresiones de rechazo a las políticas de ajuste, y consenso en buscar la unidad de los trabajadores. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San Isidro (SOEASI), Mariano Cuenca, pidió al Gobierno de Salta que garantice el derecho al trabajo y expropie esta empresa para preservar la fuente laboral.  
“Fue una gran expresión del pueblo”, sostuvo Cuenca por la tarde. Destacó la presencia de dirigentes sindicales nacionales como Víctor De Gennaro, de la CTA Autónoma, y Hugo “Cachorro” Godoy, de ATE, así como delegaciones de trabajadores y gremios de otras provincias, como Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca; de legisladores provinciales y municipales y los intendentes de los tres municipios afectados por el cierre del Ingenio San Isidro: Campo Santo, el Bordo y General Güemes. 
Dijo que esto es una prueba de lo que significa esta empresa para todo el departamento General Güemes. 
En un alto en la elaboración de un documento de los sindicatos que agrupan a trabajadores de Salta y Jujuy, Cuenca explicó a Nuevo Diario que esto justifica el pedido al gobernador Juan Manuel Urtubey y a los legisladores provinciales para que se trate “urgente una ley de expropiación (del ingenio) para poder asegurar que la fuente de trabajo siga viva”.
“No queremos volver a los ‘90 cuando hemos tenido que sufrir y padecer el cierre del Ingenio San Isidro, por eso que es que apelamos a la responsabilidad y a la buena voluntad de los representantes nuestros que son el gobernador y los legisladores provinciales, que sí hay opciones y sí tenemos leyes que pemiten que el ingenio San Isidro pueda funcionar y la economía de la región siga activa”, sostuvo. 
El sindicalista precisó que todavía existe la posibilidad de que otra empresa se haga cargo de la explotación del ingenio, pero “quien administra hoy el ingenio no ha dado ninguna información de que se esté llevando a cabo alguna venta”.
Consultado sobre la postura del gobernador sobre el pedido de expropiación, Cuenca dijo que “ha manifestado que si bien la Provincia no está ponerse para producir azúcar, porque tiene que ver otros temas como seguridad y educación”, le transmitieron que están de acuerdo con esto “pero si no queda otra alternativa, el Gobierno debe asegurarnos a nosotros nuestro derecho a trabajar”. 
"Gran Caravana azucarea"
El gremio calculó que unas 6500 personas participaron de la movilización desde Campo Santo a la ciudad de General Güemes, que fue el cierre de la “Gran caravana azucarera” de Salta y Jujuy que comenzó bien temprano en Hipólito Yrigoyen, con trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal, siguió por Libertador General San Martín, sumando a obreros del ingenio Ledesma; por San Pedro, donde la caravana se engrosó con trabajadores de los ingenios Río Grande, de La Mendieta; y La Esperanza.
En todas estas empresas hay despidos o amenazas de despidos. La situación más grave es la de San Isidro, cuyo operador, el Grupo Gloria, ya anunció el cese de actividades. Desde Salta Capital salió otra caravana, con manifestantes de la Multisectorial en Lucha. 
Los manifestantes, que confluyeron en las puertas del San Isidro, igual que habitantes de esa localidad y de todo el departamento, conformaron una manifestación inédita para ese lugar, que fue calificada de “histórica” por los dirigentes participantes, quienes también pusieron énfasis en la unidad lograda, y en la “solidaridad de trabajadores con trabajadores”. 
“La principal expectativa es lograr que los reclamos de los compañeros trabajadores del azúcar tenga asidero. Es importante dar un mensaje porque el norte argentino está basado en economías primarias, como el ingenio”, sostuvo el tesorero de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta, Diego Maita, al portal El Tintero de Salta
Maita afirmó que el cierre del ingenio San Isidro “implica la muerte o una grave herida para estos pueblos”, basados en la economía primaria de exportación de azúcar y soja.
Este año los ingenios de Salta y Jujuy anunciaron numerosos despidos: El Tabacal echó a 181 trabajadores, La Esperanza más de 600, Ledesma a 30. Además el Ingenio San Isidro anunció su cierre con lo que 730 familias quedarán en la calle. En los reclamos del sector se incluye la represión a la protesta de los trabajadores.
Martín Olivera, secretario general del Sindicato del Ingenio El Tabacal de Salta, dijo a la prensa convocada en el lugar:
“Es un plan sistemático del gobierno de empresarios que tenemos que lo único que hace es favorecer a los grandes grupos empresarios y empobrecer al pueblo. Estamos antes dos años de un profundo ajuste que quieren que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres”, afirmó.
“El ingenio El Tabacal es la empresa privada más importante de la provincia, aporta más del 20% del PBI interno, de ahí sale la plata para el sueldo de varios políticos”.
Cuando promediaba la audiencia de ayer que se sigue en contra del ex juez federal Raúl  Reynoso y siete personas más por asociación ilícita, prevaricato y concusión, en diferentes grados.
Tribunal Federal que lleva adelante el juicio contra Raúl Reynoso.
El fiscal Carlos Amad puso a consideración del Tribunal de Juicio una nota que le envió el Administrador de Aduanas en relación a que existen autos particulares a nombre de Néstor Acosta y Julio Aparicio, este último uno de los imputados, autorizados por el entonces juez para que transporten elementos de los secuestros, que como se sabe en su mayoría eran estupefacientes.
El fiscal corrió vista al actual juez subrogante Gustavo Montoya, quien aclaró que no existe documentación en el juzgado que respalde esas autorizaciones. Protocolo que así lo  exige.
Reynoso por su parte fundamentó ese hecho en que en los inicios del juzgado no había vehículos oficiales, se olvida que esas autorizaciones llevan fecha del año 2012, cuando las causas por las que se lo juzga datan algunas del 2010.
“Su señoría esto es nada más a cuenta de que se advierta el manejo que existía dentro del juzgado”, remarcó Amad.

Afirmaciones de un testigo
También solicitó que tenga en cuenta el testimonio, que consta en una causa, que se ventiló en la misma Sala I por transporte de estupefacientes donde un testigo de apellido Astorga sostuvo frente al Tribunal que la droga salía del mismo Juzgado de Orán.
Luego se planteó un pedido de Reynoso de salidas transitorias por una situación familiar en particular que quedó para su tratamiento el próximo lunes. (Nuevo Diario)
Pasadas las 11, del lunes se encontró un cuerpo sin vida en la vereda lateral del edificio de la Aduana, en Salvador Mazza. El deceso fue producto de un crimen con arma de fuego, por el cual se inició una investigación. 
José Bustos Osinaga, un camionero de nacionalidad boliviana, de 71 años, se habría resistido a un robo y por esto el delincuente le disparó, según las primeras versiones de testigos. 

Desde la policía informaron que, cerca del mediodía ingresó un llamado al 911 alertando sobre una persona aparentemente sin signos vitales, tendida en la vía pública, en inmediaciones  Sargento Alegro y 9 de Julio de la localidad norteña. 

Al arribar los médicos al lugar, constataron el deceso del hombre, producto de lesiones de arma de fuego.  La fiscal Lorena Martínez, interina de la Fiscalía de Graves Atentados, se trasladó a la escena del crimen el Salvador Massa. Mientras la división homicidios trabaja en el lugar, a fin de esclarecer lo ocurrido en la muerte de un hombre.
Personal de Lacustre y Fluvial se encuentra rastrillando la zona donde un niño de 08 años habría sido arrastrado por las aguas del rió Bermejo en la tarde de ayer.
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El niño habría concurrido junto con un familiar hacia las márgenes del rio, en un momento mientras el menor se refrescaba fue arrastrado por las aguas, sin lograr salir.
Tras recibir la alerta se diagramo un operativo de búsqueda integrado por personal de Subcomisaria de Aguas Blancas, Bomberos y efectivos de la División Lacustre y Fluvial de esa localidad, quienes trabajan desde horas tempranas, rastrillando la zona.
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